Tras haber quedado exento de culpa y cargo en el primer juicio, finalmente Julio De Vido irá a juicio oral y público por la masacre de Once, que hace más de 4 años provocó la muerte de 51 personas y dejó la friolera cifra de 789 heridos. El juez Claudio Bonadío lo imputó y buscará determinar su responsabilidad penal por administración fraudulenta y estrago culposo.

En diciembre de 2015, cuando fueron condenados por la masacre directivos de la empresa TBA y los ex funcionarios Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi –entre otros–, el TOF 2 había pedido investigar a De Vido aduciendo que el ex ministro no podía desconocer el estado de los trenes. Junto a él también será juzgado Gustavo Simeonoff, ex titular de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (UNIREN). Schiavi y Jaime fueron los arquitectos del desfalco nacional ferroviario, bajo la jefatura de De Vido y los Kirchner.

Los funcionarios han sido imputados por no haber controlado y por no revisar –sancionar, revocar– las concesiones. La tríada se completa con la anuencia de la burocracia sindical del ferrocarril, que “aportó” a funcionarios como Antonio Luna, dirigente de La Fraternidad y muy ligado a De Vido, subsecretario de Transporte Ferroviario desde 2006 hasta los primeros días de septiembre de 2012. Ninguno denunció la desidia y el estado ruinoso del sistema ferroviario: estaban disfrutando de los dividendos.

Gestión ferroviaria

Hasta hace pocos meses, pese a los cambios anunciados, al maquillaje y las famosas formaciones chinas, los ferrocarriles se mantenían en las mismas manos con estricto control de funcionarios y socios empresarios de Randazzo. En la actualidad, en tanto, fueron reemplazados por empresarios cercanos a Dietrich. Tanto el principal directivo de SOFSE y Ferrocarriles Argentinos (Marcelo Orfila), como el de ADIFSE (Guillermo Fiad), provienen del mundo empresarial. Este último, curiosamente, tiene un pasado cercano al área que comandaba De Vido: en los últimos años trabajó tanto para Shell como para Metrogas y Duke Energy, y se reunió con el ex ministro en más de una oportunidad.

Entre los empresarios el entramado aún sigue vigente, aunque más oculto. La cosa siempre estuvo repartida en tres grandes grupos: Cirigliano, Roggio y Romero, a su vez socios en UGOFE que manejaba la línea Roca cuando el asesinato de Mariano Ferreyra. Tras la tragedia de Once, el Sarmiento y el Mitre –antes de TBA– pasaron a Roggio y Romero, sus antiguos socios. Hoy en día, Roggio aún conserva –a través de Metrovías– el manejo del subte y de la Línea Urquiza, además del Premetro. El Grupo Emepa, de Gabriel Romero, conserva -a través de Ferrovías- la Línea Belgrano Norte y sostiene a las "tercerizadas" Herso y Ferromel, que participaron del entramado de desvío de fondos públicos y aún siguen trabajando con las distintas líneas ferroviarias. También maneja el metro de Lima, Perú. Aunque debió desaparecer del mapa ferroviario argentino, allí también opera el Grupo Plaza de los hermanos Cirigliano, que sostiene una flota sideral de micros de corta y larga distancia en el país andino, en Argentina y en Estados Unidos, que “capitalizó” con subsidios estatales. En los últimos meses, tras la condena de sus directivos por la masacre de Once, se rumorea una eventual venta de Plaza a… el grupo Emepa, de Romero.

Cuando la patota de Pedraza asesinó a nuestro compañero Mariano Ferreyra, en 2010, el Partido Obrero señaló la responsabilidad del ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, y a los funcionarios de la Secretaría de Transporte, junto a los empresarios y burócratas sindicales, como la tríada siniestra detrás del crimen. El gobierno K ratificó a todos ellos en sus puestos. Esa tríada criminal volvería al centro de la escena aquel 22 de febrero de 2012.

Castigo a todos los culpables.