El caso Grecco y el caso Skanska —los más rutilantes en el aluvión de corruptelas del gobierno— “han colocado en el ojo de la tormenta” a Julio De Vido y a Felisa Miceli. Las denuncias recíprocas reflejan la “agresiva pelea” entre las camarillas que representan Alberto Fernández —favorable a “atenuar el intervencionismo estatal y mostrar a los inversores un rostro más amable”— y Julio De Vido, cajero histórico del matrimonio presidencial y hombre de los negocios con las contratistas. Fernández ya le habría elegido sucesora a Miceli: Beatriz Nofal, hoy a cargo de una agencia de promoción de inversiones, que “ya hace anuncios sobre lo que ocurrirá hacia 2008: las intervenciones sobre el mercado serán retiradas. De Vido y Moreno, tocados” (La Nación, 26/3). Desde el otro lado, colaboradores de De Vido “lo escuchan decir a diario que ‘hay una embestida contra nosotros, los pingüinos, para dejarlo solo a Néstor y después acorralarlo’. ¿Las denuncias de corrupción que comienzan a cubrir las páginas de los diarios son parte del mismo complot? Falta poco para que De Vido y los suyos digan que sí” (La Nación, 26/3). La corrupción, pero sobre todo los enfrentamientos internos del archipiélago kirchnerista, colocan al gobierno al borde de una crisis a la que se deben sumar la rebelión docente —que amenaza con tumbar otro gobernador— , el desmadre de la inflación, y la posibilidad cierta de que el kirchnerismo pierda en la Capital y las provincias más importantes.

El caso Skanska

En las últimas tres semanas fueron allanados —“todos golpes directos al plexo de Julio De Vido”— las secretarías de Energía y de Obras Públicas, Nación Fideicomisos, Enargas y Transportadora Gas del Norte (TGN), la licenciataria de la ampliación de Gasoducto del Norte. También la empresa Skanska y su auditora externa, la importante consultora KPMG. La Justicia investiga a 130 empresas, sospechosas de “blanquear coimas destinadas a funcionarios públicos” a través de facturas falsas. Hoy está comprobado que el presupuesto para la ampliación del Gasoducto del Norte “fue inflado en 154%, probablemente a instancias de Enargas”, que depende de De Vido. La investigación incluye una estafa similar en la construcción del Gasoducto del Sur.

El kirchnerismo pretendió distanciarse, descargando responsabilidades en TGN, gerenciadora del proyecto: un asunto entre privados, dice. Pero la obra —una de las más propagandizadas del dúo Kirchner-De Vido— es administrada por Nación Fideicomisos, del Banco Nación, y todas las autorizaciones y controles quedaron en manos de la Secretaría de Energía y de Enargas. Todo apunta a De Vido.

La ampliación del Gasoducto del Norte fue contratada a través de concurso privado. Resultaron beneficiadas Skanska, BTU, la sempiterna Techint y Contreras Hermanos. Skanska ya “reconoció que pagó unos 17 millones de pesos en coimas por sugerencia de Néstor Ulloa, gerente de Nación Fideicomisos”, disfrazándolos de pagos a proveedores (Perfil, 18/3; La Nación, 25/3). ¿Y las otras tres? Repsol-YPF, Ledesma, Citrusvil y el Banco del Desarrollo de Brasil fueron los privados que financiaron la obra. ¿No se dieron cuenta de los sobreprecios? En esta mugre refulgen todas las estrellas de la recuperación económica kirchnerista. Los financistas iban a recuperar la inversión con un aumento de tarifas a grandes consumidores de gas, sobre la base de la insólita ley de Cargos Específicos, que autoriza al Ministerio de Planificación a fijar los aumentos. Dos jueces ya dijeron que el cobro es inconstitucional: “el andamiaje legal y financiero que montó De Vido para la construcción del Gasoducto del Norte empieza a derrumbarse” (Perfil, 25/3).

No son los únicos problemas de De Vido: la Cámara Federal porteña acaba de revocar el sobreseimiento con que los benefició —a él y al multiprocesado secretario de Transporte, Ricardo Jaime— el ex juez Jorge Urso una semana antes de renunciar. Se trata de la compra sin licitación, en 21 millones de pesos, de 15 locomotoras desguazadas, que no valían más que 12 millones. La compra “debía pagarla el entonces concesionario del ramal San Martín, Sergio Taselli”, otro vaciador profesional. Pero la pagó el Estado. Urso también investigaba a De Vido “por la adjudicación de un gasoducto al grupo Techint”. Pero terminó sobreseyéndolo “a la par que avanzaban los sumarios en el Consejo de la Magistratura que precipitaron su renuncia” (Clarín, 30/4).

El gobierno también apela al apriete en la causa de los gasoductos: “La desmesura presidencial ante los miembros de la Cámara de Casación invita a preguntarse si no será todo parte de un operativo dirigido contra quienes, en el futuro, deberían abordar uno de los escándalos más preocupantes de la etapa kirchnerista, como el caso Skanska, que hoy se ventila en tribunales inferiores” (La Nación, 1/4). En los próximos días “llegaría a Casación un incidente colateral del caso Skanska” (Clarín, 26/3). Otra maniobra es que dos jueces —uno penal económico y otro federal— están investigando la misma causa. De este modo “podrían violar garantías constitucionales y acabar acarreando nulidades importantes” (Clarín, 30/3).

Prensa Obrera demostró largamente que los fideicomisos y los fondos fiduciarios, financiados con impuestos al consumo, convierten al Estado en financista de los negocios del gran capital, sin que éste aporte un peso. Pero, además, por la falta de controles, son la vía regia para la recaudación por izquierda, a niveles que mejoran y amplían las cotas menemistas, escuela donde se graduaron muchos de los actuales funcionarios.

El caso Grecco

La ministra de Economía enfrenta otros problemas. De su ministerio salió la orden de que el Estado pague 600 millones de pesos al grupo de vaciadores Grecco, al cual la dictadura entregó en un solo día mil millones de dólares para salvarlo de la quiebra. Cuando estos vaciadores finalmente quebraron, la dictadura les hizo la gauchada de intervenirlos y el Estado asumió sus deudas. Alfonsín y Menem les reconocieron una compensación económica por el “daño” sufrido. Pero no les pagaron. Los Grecco obtuvieron un fallo favorable en la Justicia, gracias a que “los abogados del Estado parecieron siempre letrados de los Grecco: dejaron vencer los plazos y muy pocas veces apelaron las decisiones judiciales” (La Nación, 5/3). En septiembre de 2006, con la firma de Kirchner, Fernández y Miceli, llegó un proyecto de ley al Congreso para pagar deudas a jubilados, despedidos de YPF y víctimas de la dictadura. Un anexo incluía pagos a los Grecco por 587 millones de pesos, disfrazados como “pago a proveedores” por una suma que duplicaba la de la sentencia judicial. En el Senado estalló el fraude. Miceli dice que le hicieron una cama y responsabiliza a funcionarios de tercera. Pero el abogado Ricardo Monner Sans —que ya mandó preso a Menem— presentó pruebas de que Economía ya habría pagado a los Grecco 200 millones de pesos en bonos. Su “gran sospecha” de que “alguien se iba a quedar con la plata” se ve reforzada porque “los familiares y los abogados del Grupo Grecco sostienen que lo que se les proyectaba pagar desde Economía era superior a lo que ellos entienden que les corresponde” (Río Negro, 4/4).

La corrupción es estructural al capitalismo. Kirchner, hijo legítimo del menemismo, imita a su predecesor hasta la caricatura. Parecida será también su debacle.