Ha pasado un año desde el operativo fraudulento que le permitió a Duhalde hacerse del gobierno, y usurparle al pueblo la victoria del “Argentinazo”. Han pasado seis meses desde que el mismo Duhalde fracasara en perpetuarse sobre la base de instaurar un Estado policial. Desde ese momento, toda la clase social que sometió al país a la catástrofe actual se ha empeñado en montar un operativo político electoral con un destino claro: asegurar que los vaciadores, los usureros y confiscadores de la mayoría nacional continúen en el poder. Para eso, armaron una convocatoria electoral a presidente, cuyos términos y recursos se encuentren bajo el mando de la patota bonaerense de Duhalde, y apelando a la manipulación política de las “elecciones abiertas”.

No es un secreto, a esta altura, que ese operativo continuista está fundido. Porque a su vez, están fundidos quienes pretendieron pilotearlo, es decir, los partidos históricos de los explotadores argentinos. El peronismo tiene cinco candidaturas, y todas saben que cualquier elección interna conducirá a una completa fractura. La misma que acaba de estallar en la Unión Civica Radical. Pero esta bancarrota política desnuda que las salidas de todas y cada una de estas fracciones, no son otras que la de un mayor vaciamiento nacional y expoliación de la mayoría trabajadora. Una parte de los explotadores –agrupada hoy con Duhalde y Lavagna– pretende continuar en el poder en función de los intereses de los monopolios exportadores. Este “bloque” les permitió a los pulpos cerealeros, siderúrgicos y petroleros embolsar divisas por 15.000 millones de dólares y pagar deuda oficial y privada por casi 20.000 millones de dólares en medio de una situación de cesación de pagos. La contracara de este saqueo es la hambruna de millones de argentinos, que ya no pueden acceder a los productos básicos de la canasta familiar.

Otra fracción de los explotadores pretende la misma expoliación del pueblo, pero a través de tarifazos, mayor superexplotación laboral, la confiscación definitiva de los pequeños propietarios deudores y, sobre esa base, el cumplimiento integral de la deuda externa usuraria.

 

Crisis política

Esta inmensa confiscación social se asienta en un fraude político en gran escala. No pudieron superar sus divergencias con una “interna”, es decir, con la manipulación de punteros y padrones. Tampoco con una “ley de lemas”. Para Duhalde, todo esto podría ser la excusa para suspender las elecciones de abril. Los que fueron defintivamente condenados por el “Argentinazo”; los que fueron repudiados una y mil veces en las grandes movilizaciones de todo este año de rebelión popular, son incapaces de establecer la salida política que ellos mismos amañaron.

La crisis del operativo electoral continuista, que el Partido Obrero denunció tempranamente, está en las vísperas de un desenlace. En manos del gobierno que nació de un fraude político, ese desenlace sólo puede culminar en otro fraude, ya sea por medio de un contubernio electoral, o de un “golpe” que prolongue el gobierno hasta fines del 2003. El pueblo explotado que protagonizó la rebelión popular está obligado a intervenir en la crisis con su propio planteo de salida: que se vaya Duhalde ya, que se vayan los Rozas, Sobisch, Miranda, es decir los gobernadores del fraude y del hambre; por Asambleas Constituyentes soberanas en el país y en cada provincia, que inicien la inmediata reorganización social y política del país a partir de los intereses de los explotados.

 

Imponer nuestras reivindicaciones

Los explotadores están profundamente divididos y enfrentados. Pero sí coinciden en que la “factura” más gorda le sea endosada a los trabajadores. En nombre de la “crisis”, pretenden que aceptemos el avance de una carestía infernal, y, al mismo tiempo, el congelamiento del salario; quieren hacer de los compañeros que cobran “planes de empleo” una punta de lanza contra el trabajador ocupado, incorporándolos a trabajar a las empresas privadas; quieren, en definitiva, un retroceso histórico en la condición laboral de los obreros argentinos. Pero la “crisis” ha sido también el terreno en el cual los monopolios capitalistas embolsaron ganancias extraordinarias. No es cierto, por lo tanto, que “no existan condiciones” para satisfacer nuestros reclamos. Hay una inmensa masa de riqueza social que ha ido a parar a manos de los monopolios capitalistas en el curso de esta crisis. Un aspecto esencial de la lucha contra el régimen usurpador es revertir esa confiscación. Planteamos: aumento salarial de emergencia del 50%, en estatales y privados; duplicación del monto de los planes de empleo; ningún recorte en la ayuda alimentaria, control de las organizaciones de desocupados sobre las “bolsas de trabajo” (ingreso de los planes a empresas privadas); respeto integral de los convenios colectivos.

 

Por un Congreso de los explotados

La lucha por terminar con el gobierno usurpador ha recorrido un importante camino: es el que forjaron las asambleas de trabajadores ocupados y desocupados, las asambleas populares, el movimiento estudiantil combativo, las grandes jornadas de lucha piqueteras y, finalmente, la Marcha Federal y la gigantesca movilización del 20 de diciembre, caracterizada por la confluencia de todos estos movimientos en un gran planteo de poder: “Que se vaya Duhalde, que gobiernen los trabajadores, por un nuevo Argentinazo”. Hoy, que la crisis política nacional se acerca a un desenlace, este gran movimiento tiene la responsabilidad de dar una respuesta propia, en términos de programa y de acción.

Llamamos a impulsar un frente común contra los gobiernos fraudulentos en la Nación y en las provincias, y por una Constituyente libre y soberana; a concretar un Congreso de trabajadores ocupados y desocupados, asambleas populares y fábricas ocupadas, de deudores y ahorristas confiscados, que se levante como alternativa de poder, frente al “poder” fraudulento y en ruinas del régimen explotador y sus partidos.

(Llamamiento aprobado en la reunión de Comité Nacional del 4/1/03)