La nueva Constitución que se acaba de aprobar es un régimen de ataque permanente a la democracia y a los trabajadores.

 

No sólo se ha establecido la reelección virtualmente indefinida del actual gobernador y de su vice, así como la de los legisladores, intendentes y concejales. Con esta medida, el Estado se convierte en una suerte de propiedad privada de una camarilla.

 

Para asegurar este atropello reflotaron la ley de lemas, y el Tribunal electoral de la provincia fue puesto bajo el control del gobernador. Lo mismo ocurre con la Justicia ordinaria, pues el gobierno se reservó la mayoría del “Consejo de la Magistratura”. Los funcionarios se han arrogado privilegios especiales: para iniciarles un juicio político habrá que reunir los votos de las tres cuartas partes de la Legislatura. En definitiva, se ha impuesto el poder incontrolado de una oligarquía de arribistas, que gozará de completa licencia e impunidad para manejar la caja del Estado.

 

¿Al servicio de qué intereses sociales se establece este régimen de camarilla, reforzado por el poder personal?

 

No al servicio de los trabajadores.

 

La Convención se negó siquiera a tratar derechos sociales elementales, como el de salario mínimo, la protección y el derecho al trabajo o a la salud, que fueron presentados por los convencionales del Partido Obrero.

 

Que el régimen de camarilla está al servicio de los grandes capitalistas, lo demuestra el apoyo del gobierno a la patronal azucarera frente a los reclamos de Fotia o la rebaja de impuestos que ha concedido a la patronal del citrus.

 

Los trabajadores del Estado, en cambio, reciben sueldos que se encuentran por debajo de la canasta de pobreza.

 

La Convención le dio vía libre al negociado de los juegos de azar, en una provincia donde ese negocio está directamente vinculado a la degradación social y a la inseguridad personal. El Partido Obrero había exigido la cancelación de sus actuales concesiones y el monopolio estatal del juego.

 

Con relación, precisamente, a la inseguridad ciudadana, la Convención se negó a intervenir en el tema del asesinato de Paulina Lebbos, como lo reclamó desde el principio nuestro partido, ignorando la incapacidad de la camarilla para esclarecer el crimen y castigar a los culpables y, peor aún, encubriendo todas las irregularidades de la investigación oficial.

 

Los constituyentes de Alperovich y de Juri le han dado la suma del poder público a una camarilla que es incapaz de garantizar la vida de los tucumanos. Las desapariciones y asesinatos de jóvenes se acumulan por decenas.

 

Queda en claro que el orden social que defiende el redactor único de la Constitución, el radical reconvertido Alperovich, es el de los capitalistas del juego; el de los monopolios del citrus y el azúcar, que pagan a sus trabajadores por debajo de la canasta de pobreza, y el de la patria contratista, que lucra con el presupuesto provincial y nacional.

 

La “caja” de la provincia seguirá alimentando los negociados de la obra pública, pero abandonando la salud y la educación, a los enfermeros y a los maestros y profesores.

 

Toda la provincia sabe que el Partido Obrero luchó contra esta Constituyente trucha desde su misma convocatoria, con la conciencia de que todo lo que restrinja la democracia y concentre el poder en una camarilla está siempre al servicio de los explotadores y contra las necesidades elementales de los que trabajan.

 

Los trabajadores necesitamos una completa democracia política, porque amplía y porque refuerza la capacidad para defender nuestros derechos y luchar por muchos otros.

 

La camarilla se engaña, sin embargo, si cree que se ha apoderado de Tucumán.

 

Los trabajadores no dejarán de luchar porque Alperovich y Juri se hayan atornillado un poco más en sus cargos.

 

El régimen de camarilla provocará una agudización de la lucha de camarillas.

 

El manejo incontrolado del presupuesto llevará a la provincia a un mayor endeudamiento del Estado y a la crisis fiscal, lo cual ya está ocurriendo en este momento.

 

Ninguna Constituyente trucha podrá dar estabilidad política a un régimen que gobierna para sus bolsillos y para los grandes capitalistas nacionales o extranjeros.

 

Lo que la Constituyente demostró, sí, es que la única oposición política capaz de alertar a la ciudadanía y prepararla para pelear contra los atropellos y defender sus derechos; es la de un partido organizado de trabajadores.

 

En este sentido, lo ocurrido en estos dos últimos meses inaugura una etapa.

 

El Partido Obrero llama a sacar las conclusiones que se imponen: organicemos un gran partido de la clase obrera; organicémonos en nuestros lugares de trabajo y de estudio, y en nuestros barrios y pueblos, para oponer a la dictadura de una camarilla el gobierno de los que viven de su trabajo.