Del dicho al hecho: el gobierno anunció el envío de un proyecto de ley que extiende los contratos de trabajo a plazo fijo, otro que reduce las jubilaciones futuras y sube la edad jubilatoria de las mujeres y un decreto que aumenta ligeramente las indemnizaciones por accidentes de trabajo, con el objetivo expreso de frenar los juicios contra las empresas y las ART.

Toda esta batería antiobrera tiene el aval del duhaldismo y de la Alianza. Remes Lenicov y José Luis Machinea, candidatos a ministro de Economía de De la Rúa o Duhalde respectivamente, habían dado su visto bueno a estas medidas, cuando estuvo la delegación del Fondo Monetario.

Actualmente, los contratos a plazo fijo sólo se pueden aplicar en actividades excepcionales o de duración fija.

El gobierno quiere suspender esta limitación, de modo “que todas las empresas podrán utilizar ese contrato que, además, podrá ser de un año o por renovaciones sucesivas de 12 meses. A su término, las empresas no pagarán las indemnizaciones de preaviso y despido” (Clarín, 25/6).

La reforma previsional busca bajar las futuras jubilaciones y aumentar la edad jubilatoria de las mujeres de 60 a 62 años.

El gobierno dice que ambas medidas ayudarían a financiar un aumento de las actuales jubilaciones mínimas. En el caso del aumento de la edad jubilatoria de las mujeres, dice que las propias mujeres saldrían beneficiadas porque ahora, al jubilarse antes que los hombres, reciben una jubilación inferior en función de menos años de aportes.

Sin embargo, las mujeres no están obligadas hoy a jubilarse a los 60, ya que también pueden optar por hacerlo entre los 60 y los 65 años de edad. Entonces la nueva ley les quita ese derecho.

Este aumento en dos años significa que la mujer trabajadora deberá hacer dos años más de aportes y que tendrá dos años menos de jubilación.

El proyecto para las jubilaciones elimina la PBU, que es la garantía estatal de 200 pesos, que actualmente se financia con los aportes patronales. Como el gobierno quiere eliminar el aporte de los patrones, ‘necesita’ eliminar el pago de este beneficio.

Lo que sucede con los accidentes de trabajo es que los trabajadores que inician juicios están logrando que los jueces fallen a favor, esto debido a que las indemnizaciones que ofrecen las ART son ridículas. En un reciente caso la ART le ofreció, por ejemplo, pagar a la viuda de un trabajador que falleció en un accidente de trabajo, unos 20.000 pesos en cuotas mensuales y la Justicia fijó una indemnización de 168.000 pesos.

Además, como la mayoría de los accidentes se producen en fábricas que no cumplen con las normas de seguridad, los jueces no tienen forma de fallar a favor de los patrones. Las empresas y las ART no aceptan esos fallos y han apelado a la Corte Suprema.

Para parar esos juicios, el gobierno quiere sacar un decreto que mantiene casi en los mismos valores las indemnizaciones actuales, pero que prevé en los casos de accidentes graves o mortales, una suma indemnizatoria al contado de entre 40.000 y 50.000 pesos. A cambio, exige la renuncia a cualquier juicio.

El Partido Obrero plantea:

– Jubilación mínima de 500 pesos, financiada con la anulación de la rebaja de los aportes patronales.

– Anulación de la jubilación privada. Jubilación estatal única, equivalente al 82% del sueldo de la actividad del jubilado.

– Derogación de toda la legislación antiobrera de los últimos 10 años.

– Salario mínimo igual a la canasta familiar.

– Anulación de la ley de riesgos del trabajo.

– Control obrero de los ritmos de producción y de la seguridad laboral.

– Pago de indemnizaciones de acuerdo con las normas del derecho civil, porque las empresas no cumplen con las normas de seguridad, más una pensión de por vida equivalente al salario.