El gobierno de Ibarra acaba de dictar un decreto que ordena el “inmediato desalojo” del predio del ex Padelai, donde viven actualmente un centenar de familias. El argumento que esgrime es el “deterioro irreparable” del edificio. Pero el responsable de ese deterioro es el propio Gobierno de la Ciudad, que se ha negado sistemáticamente a realizar cualquier obra de reparación o mantenimiento, cosa que fuera requerida por los vecinos. Dejar que el Padelai “se venga abajo” formó parte de una política de desalojo que, hoy, se pretende culminar.

 

Confiscación

Para los vecinos que sean lanzados a la calle el gobierno ha dispuesto un subsidio de_1.800 pesos, es decir, lo suficiente para pagar una pieza durante tres meses. Pero el decreto expulsor no dice una palabra sobre los derechos de propiedad que tienen los habitantes del “Patro”. Es decir, la escritura firmada en 1991, que entrega a la Cooperativa de vivienda formada por los vecinos el 70% de los derechos del predio. González Gass dice que se continuarían “otorgando” a estas familias los “créditos” en vigencia desde el año 2000, y que obligan al “beneficiario” a renunciar explícitamente “a todo derecho de propiedad que pudiera corresponderle sobre el predio” (sic). Los vecinos saben que incluso esta promesa de créditos es “trucha”, ya que “una vez que estemos dispersos, uno en un hotel, otro en una pensión, para el Estado no existiremos más”. En nombre de la “seguridad de las personas” se está preparando una brutal confiscación contra un derecho de propiedad que asiste a un centenar de familias trabajadoras.

 

Hacerles morder el polvo

Ya se cumplieron dos años desde que Ibarra anunció la “solución definitiva del Padelai en sesenta días”. Creyeron que el operativo fraudulento de los créditos y las intimidaciones sistemáticas de la “unidad ejecutora” de Promoción Social bastarían para echar a los vecinos a la calle. Pero el operativo fracasó: el 60% se negó a tomar los créditos. Primero, por los compañeros que se organizaron y decidieron defender, contra viento y marea, sus derechos sobre el predio. Luego, porque se sumaron a esta lucha todos aquellos vecinos que, por estar desocupados o con salarios miserables, no tenían la menor condición para tomar un préstamo. En ese período, un proyecto legislativo del PO –reconociendo un subsidio no reintegrable a todos los habitantes del Patro– constituyó un eje de reagrupamiento para esta lucha. En 2002, se sumaron al movimiento las asambleas populares, denunciando el matonaje de los funcionarios de “Desarrollo Social” a cargo del Padelai. En este cuadro, el deterioro edilicio del Patro fue un operativo cuidadosamente preparado por el gobierno: fracasado el engaño del “crédito”, fracasados los “aprietes” de la unidad ejecutora, sólo ha quedado la variante del “desalojo humanitario”, que permitiría expulsar a los vecinos con un procedimiento sumario.

No caben dudas de que el desalojo del Padelai tiene un significado más general: la confiscación de una manzana entera de San Telmo está dirigida a golpear a las miles de familias que viven en casas e inquilinatos de la zona sur de la ciudad. El desalojo del Patro es, por eso, un grito de guerra de la patronal inmobiliaria y su gobierno. Quebrarle el brazo a Ibarra en el Padelai sería una victoria de todos los sin techo de la ciudad.

Apenas conocido el decreto desalojador, una asamblea masiva realizada en el Patro adoptó importantes resoluciones de lucha. El Polo Obrero de Capital ha resuelto tomar como eje de la marcha del día 26 el rechazo al desalojo de Padelai. Las asambleas populares están discutiendo un “acampe” sobre la calle Balcarce, estableciendo una guardia permanente. ¡Todos, con todo, por el Patro!