07/09/2017 | 1473

Déficit de viviendas y negociado inmobiliario

Dos caras de un mismo problema

El déficit habitacional de la Argentina alcanza a 3,5 millones de viviendas (suplemento Propiedades, La Nación, 2/9). Ante este enorme problema social, la respuesta del gobierno nacional es profundizar la promoción de los negocios inmobiliarios, lo que tiene como consecuencia un incremento de los precios de las propiedades y terrenos, y por lo tanto, una mayor dificultad de la población trabajadora para acceder a la vivienda.


 


Al dirigir la solución del problema de la vivienda hacia los empresarios que “buscan oportunidades” (ídem), el gobierno refuerza el negocio capitalista de las propiedades y le da la espalda a las necesidades de vivienda de la población, cuya solución pasa por negar ese negocio. Así es como se establece un mercado inmobiliario y no una planificación en función de las demandas sociales.


 


Ese marco determina todas las medidas que ejecuta el gobierno. Por caso, el lanzamiento de créditos hipotecarios genera un incremento de la demanda de vivienda y ello repercute en forma inmediata en una suba del valor de las propiedades. Así, la reactivación de la demanda termina en los bolsillos de los conglomerados inmobiliarios, que realizan en simultáneo las operaciones financieras y la construcción.


 


El control que estos conglomerados ejercen sobre los valores y las propiedades les permite definir dónde construir en busca de un mayor beneficio. De acuerdo con el mismo suplemento de La Nación, los conglomerados financiero-constructores han salido a colonizar las “zonas periféricas” o “postergadas”, como llaman a los barrios obreros y de clase media empobrecida de la Capital Federal.


 


Las razones de este corrimiento son tres. La primera es “la falta de terrenos aptos y los elevados valores de las tierras para desarrollar en los barrios más tradicionales”, calificados como “premium”. Es decir, ante el saturamiento del negocio inmobiliario en Palermo, Belgrano, Núñez y Puerto Madero, los conglomerados comienzan a ofrecer viviendas en los “barrios históricamente relegados” y donde vive el 80% de la población de la Capital (ídem).


 


No lo hacen para satisfacer una demanda social sino a fin de aprovechar que “existe alrededor de un 20% de variación de precio entre las zonas consolidadas y las que están en crecimiento, pero hay un margen para obtener un mayor beneficio porque, como son zonas en desarrollo, aún no han llegado a su techo” en materia de generación de ganancias. “La oportunidad en estos barrios es hoy (…) porque quien ingresa primero saca mayor ventaja”, dice un representante de los conglomerados (ídem).


 


En estos barrios olvidados “desde hace décadas” el valor promedio del metro cuadrado de una vivienda es menor que en un barrio premium o consolidado. En la base del precio más bajo se encuentra el menor valor de los terrenos. Los conglomerados vienen acaparándolos desde hace tiempo: “Aquellos (inversores) más previsores y visionarios ya habían comenzado a hacer landbanking -banco de tierra- durante los últimos años”, con lo que compraron tierra “a costos muy por debajo -en algunos casos, la mitad- que en el corredor norte”, donde se concentran las construcciones premium (ídem).


 


La segunda razón es que muchos de estos barrios dejaron de ser “periféricos” por las obras de infraestructura que se realizaron en ellos. Así, la llegada del Metrobus “revaloriza entre un 20 y 30 por ciento el valor del metro cuadrado”, según uno de los emprendedores. De esta forma, los conglomerados logran superganancias con las tierras acaparadas previamente a precios muy bajos.


 


Un dato a resaltar es que como la tierra y la vivienda están en manos de los conglomerados, las obras de infraestructura y de servicios públicos realizadas con fondos estatales generan nuevas ganancias al revalorizar el negocio capitalista. Los pulpos inmobiliarios no pagan extra. Al revés, piden “menores impuestos” por construir en “ciertas zonas hasta ahora no explotadas”.


 


Por último, la tercera razón es que un sector de la población se está endeudando para comprar su vivienda y escapar al pago del alquiler. Pero estas familias trabajadoras y de clase media se encontrarán con que su necesidad de vivienda chocará con la búsqueda de beneficios de los conglomerados financiero-constructores, los que ya están elevando los precios a través de la especulación con la tierra y con la falta de viviendas. Estas familias, además de enfrentar viviendas sobrevaluadas, deberán lidiar con préstamos a 10, 15, 20 o más años ajustados por inflación.


 


La salida para las familias trabajadoras y obreras es:


 


• que el Estado disponga una masa de recursos monetarios para la puesta en marcha de un plan de viviendas que solucione de manera integral e inmediata el actual déficit habitacional;


 


•  que esos recursos provengan de la aplicación de impuestos a la renta de las grandes fortunas privadas y corporativas;


 


• que esos recursos se centralicen en una banca única estatal, bajo control de los trabajadores y los tomadores de créditos y se presten a tasa cero;


 


•  que las cuotas a pagar no superen el 20% del ingreso;


 


• que se cree un banco nacional de tierras urbanizables que elimine la especulación y ponga la tierra al servicio del plan de construcción de viviendas.


 

También te puede interesar:

El 9 y 10 de julio, jornadas por las 1.000 firmas en apoyo al proyecto del FIT-U por un impuesto a las grandes fortunas.
Este jueves, en vivo, a las 19.30 h, por Instagram Live
Murió en situación de calle a pesar de la prohibición de desalojar.
Los trabajadores denuncian que no se aplican los protocolos de prevención y aislamiento.