En el programa de Morales Solá, en TN, el lunes pasado, Luis D’Elía esgrimió el argumento más fuerte para apoyar al gobierno. Kirchner, dijo, se ha plantado ante los organismos financieros en una pelea de 88 mil millones de dólares. Se trataría, si fuese así, de la mayor defensa del patrimonio nacional en toda la historia argentina, o sea de una nacionalización sin precedentes por su monto.

La falacia de D’Elía consiste en que esos 88 mil millones de dólares de la deuda impaga, que, sumados a sus intereses caídos desde enero del 2002, se van a 105 mil millones de dólares simplemente no existen. Se puso de manifiesto, precisamente, la bancarrota de finales del 2001: que el capital correspondiente a la deuda pública y a la privada se había esfumado. Esto se puede ver, quizás mejor, con la deuda de los grandes pulpos que atienden los servicios públicos, los cuales están reclamando a sus acreedores quitas, que van del 50 al 80% del valor de la deuda que habían contraído. Un crédito que ha dejado de tener como contrapartida un capital que efectivamente esté produciendo beneficios, es un capital ficticio. Kirchner no está, entonces, defendiendo un patrimonio nacional de varias decenas de miles de millones de dólares, ni tampoco los acreedores podrían recuperar un capital que ha desaparecido. Lo prueba el que los propios acreedores han propuesto, ellos, una quita del 35% del monto total de la deuda, que los observadores estiman que habrá de subir al 55-60%. Sería absurdo decir, ante esta propuesta, que los acreedores están defendiendo el patrimonio argentino por el equivalente a la quita que ellos mismos proponen.

Dos ejemplos pueden ayudar a clarificar este punto todavía más: la quiebra del pulpo Enron dejó a sus acreedores con una mano atrás y otra adelante, sin que a nadie se le ocurriera decir que este perjuicio para ellos permitió defender el patrimonio de Enron, la cual ha desaparecido de los negocios junto a los créditos que dejó impagos. Lo mismo ocurre ahora con Parmalat, que tiene una deuda de 40.000 millones de euros (5 mil millones con bancos, 35 mil millones con ahorristas), muy superior a su capital.

La demostración más clara de que, incluso, los organismos financieros internacionales son concientes de que la deuda ha sido liquidada por la bancarrota, es la propuesta que se ha hecho de un bono a perpetuidad, que se limitaría a reconocer el derecho a cobrar intereses, pero cuyo capital ya no sería devuelto nunca. En este caso, el capital estaría representado en el bono como una ficción jurídica, esto para acreditar el derecho a cobrar los intereses.

Cuando Kirchner y Lavagna proponen pagar el 25% de la deuda impaga, sabiendo que tendrán que levantar esa oferta en el curso de la negociación, no están defendiendo el patrimonio nacional. Están prometiendo resarcir un capital que no existe más, es decir, pagar un tributo a los acreedores. Para eso, plantean acaparar una parte del ingreso futuro de los contribuyentes –por un monto equivalente al 3 ó 4% del PBI o, lo que es más preciso, al 15 ó 20% del total de la recaudación impositiva. Lo mismo plantean para la deuda externa de las empresas privatizadas: con tarifazos, como el reciente de la luz y el gas, o sea confiscando una parte de los ingresos de los usuarios. Los tarifazos fueron interpretados como una consecuencia de las negociaciones con el FMI para resolver el conjunto de la deuda impaga.

Pero la razón principal que tiene el gobierno para plantear una quita del 75% en la deuda impaga tiene que ver, además, con que debe destinar un excedente fiscal del 3% del PBI (15% de los impuestos) a pagar la deuda con el FMI y el Banco Mundial, y los bonos de resarcimiento a los bancos locales. La bancarrota económica había liquidado o destruido el capital de los bancos y las inversiones del dinero del FMI y el Banco Mundial a igual título que la deuda que está en disputa. En el caso de las "compensaciones" a los bancos y de la pesificación de la deuda de la industria, el Estado ha creado un nuevo capital ficticio, una nueva deuda pública de unos 50 mil millones de dólares. Con esto, puede ahora justificar jurídicamente la confiscación de las contribuciones impositivas futuras (y la reducción de los gastos reales en educación y salud) para aplicar ese dinero a recomponer el capital, que ha desaparecido, de los bancos quebrados (e, indirectamente, de los industriales pesificados).

En el capitalismo, la riqueza no consiste en un conjunto de recursos materiales de utilidad social, sino que es una masa de valor, el capital, capaz de producir un beneficio del trabajo explotado, incluso cuando esta explotación tiene una utilidad social imaginaria o perversa (video-juegos, guerra, prostitución, narcotráfico). Una bancarrota económica no destruye los componentes materiales de esa riqueza, sino la riqueza misma, la capacidad de producir un beneficio, destruye el capital.

La riqueza, en términos de PBI, ha caído en la Argentina, de 280.000 millones de dólares, en el 2002, a 140.000 millones de dólares, en el 2003. La deuda nacional era, en la primera de las fechas, de 200.000 millones de dólares (pública y privada externa); hoy es, en su conjunto, de 250-260 mil millones de dólares. En el 2000, la deuda representaba más del 70% del PBI; en la actualidad es el doble del Producto Nacional, o sea de casi un 200% superior. Estos porcentajes son una clara demostración de que el valor inscripto en los títulos o bonos de la deuda superan con holgura el conjunto del capital instalado en el país. La bancarrota económica se ha llevado puesto el capital y los créditos sobre ese capital. La confiscación contra los trabajadores es el recurso último que ha utilizado el Estado capitalista para mantener (ficticiamente) el capital en pie. La desvalorización de los salarios en alrededor de un 50% y el aumento de la recaudación impositiva han sido los mecanismos principales de esa expropiación de los trabajadores.

La falacia de D’Elía sirve para presentar al gobierno de Kirchner como lo contrario de lo que es: para presentarlo como un defensor del patrimonio nacional, cuando en realidad ejecuta una política de expropiación de ingresos futuros de los trabajadores para reconstituir el capital que ha quebrado. Es decir que está expropiando el patrimonio nacional. La quita, cualquiera sea ella, disimula el tributo que se paga a los acreedores, cuyos títulos se han desvalorizado a cero por la quiebra capitalista argentina. D’Elía omite que la quita a los acreedores sobre la deuda impaga, en su mayoría bonistas individuales, tiene por objetivo pagar la deuda con el FMI y al Banco Mundial (35.000 millones de dólares), y pagar a los bancos locales los títulos de la deuda nueva que les ha entregado el Estado (y de paso a la "burguesía nacional" que pesificó su deuda comercial y financiera) y de ningún modo defender intereses generales o nacionales.

De lo que se trata, entonces, no es de apoyar a un gobierno que se estaría "plantando" en defensa de 88 mil millones de dólares, ante el FMI, sino de combatir a un gobierno que pretende recomponer el capital y la deuda barridos por la bancarrota a costa de mayores sacrificios de los trabajadores.