Poco después de que la Corte Suprema revocara las suspensiones que pendían sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, el ataque al canal comunitario Giramundo y la usurpación de AM770 dieron un nuevo golpe al supuesto carácter progresista de la legislación que, según Aníbal Fernández, “ya está vigente”.

El 14 de julio, el gobierno nacional entregó al grupo Electroingeniería y al empresario Omar Alvarez el Canal 13 de Mendoza, en el que funcionaba la televisión popular y comunitaria del colectivo Canal Giramundo – integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos.

Electroingeniería mantiene importantes vínculos con el gobierno nacional a través de De Vido y las obras públicas y, además, está asociada por intermedio de su dueño, Gerardo Ferreira, con importantes medios como Radio del Plata, Tiempo Argentino, Buenos Aires Económico y revista Veintitrés. Por su parte, Omar Alvarez no se queda atrás. Además de estar vinculado con el gobernador kirchnerista Celso Jaque, es un magnate de los medios en la provincia.En pocas palabras, de lo que se trata es del fortalecimiento de un multimedios ligado al kirchnerismo a expensas de un medio comunitario. Este pase de manos dejaría a la sociedad Electroingeniería-Álvarez a la par, en Mendoza, del Grupo UNO de Vila-Manzano y a los compañeros del canal Giramundo sin posibilidades de seguir transmitiendo, a pesar de haber cumplido con el censo que mandaba la ley.

A este caso se le suma lo sucedido unos días antes, en la provincia de Buenos Aires, donde Radio Cooperativa – antes en AM740- usurpó el dial de AM770, donde funcionaba Radio Amplitud, que previamente había sufrido un atentado contra su antena, dejando sin empleo a los periodistas que allí trabajaban.

Todo esto se lleva a cabo mientras Mariotto, ahora al frente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), convoca a proponer reglamentaciones a la ley; es decir, aclaraciones al articulado aprobado en el Congreso, para que como sucedió con el proceso de foros, antes de que la ley llegara al Congreso, sean archivadas para el recuerdo o, más bien, para el olvido.

La política comunicacional del gobierno nacional está puesta sobre la mesa. Estos ataques demuestran que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual no tiene por objetivo democratizar los medios, sino garantizar una redistribución capitalista del espacio radioeléctrico y fortalecer la intervención estatal en los medios de comunicación.

La nueva ley no constituye – ni constituyó-  una alternativa para los medios comunitarios, alternativos y populares, ni mucho menos para los trabajadores de prensa, quienes ni siquiera están contemplados en la legislación. Para democratizar efectivamente los medios de comunicación es necesario profundizar la independencia política del gobierno nacional y organizarnos por una comunicación al servicio de los trabajadores.