21/03/2013 | 1260

“Democratizar” la Justicia puede ser contra los trabajadores

Los derechos laborales y los de los jubilados no están contemplados en las reformas que el Poder Ejecutivo va a mandar al Congreso.

¿Es posible que el slogan de la democratización de la Justicia y de la Justicia Legítima acoja un proyecto fuertemente perjudicial para los derechos de los trabajadores y la democracia política?


Con la reserva natural que impone el desconocimiento del proyecto, la creación de tribunales de casación en el ámbito previsional y laboral profundiza negativamente el ejercicio de derechos de los jubilados y de quienes han sufrido accidentes laborales. En los juzgados se apilan decenas de miles de demandas de jubilados por los congelamientos sufridos en 1996 y 2002, mientras el Estado incumple con los fallos de la Corte Suprema, que le ordenan el pago de las diferencias correspondientes (fallo Badaro). Una declaración de acción colectiva, que generalizaría ese fallo a situaciones similares, sería un acto de indudable democratización judicial. En lugar de esto, una casación, en este ámbito, no tendría otra función que dilatar la resolución de las demandas que entablan personas con expectativas de vida disminuidas.


Una Justicia Legítima debería poner fin al incumplimiento del 82% móvil, que constituye una confiscación económica de la población más vulnerable. ¿Cómo se puede admitir que el magro salario de un trabajador se reduzca un 60% a partir del momento en que se acoge al retiro?


También es perversa la casación para la justicia laboral.


Una ley reciente condiciona el acceso de los afectados a la Justicia a la renuncia previa a la indemnización a cargo de las ART.


¿Se puede atribuir a este condicionamiento el carácter de una democratización del acceso a la reparación judicial? Claro que no; refuerza el negocio de las ART. Una casación en este caso sería una presión adicional para que los trabajadores accidentados desistan de la vía judicial. La Bolsa saludaría el hecho con una suba de las acciones de las aseguradoras y de la industria.


Otro ejemplo extraño de democratización lo constituye la intención de eliminar la responsabilidad civil de los funcionarios públicos. Consagraría una inmunidad judicial a la burocracia del Estado. Luego del asesinato de Mariano Ferreyra y la tragedia de Once, y los procesos abiertos por corrupción de secretarios de Estado y ministros, es una oferta de encubrimiento.


En lugar de establecer el derecho popular de revocatoria (como ocurre, en forma parcial, en ¡Venezuela!), generalizar la inmunidad.


Last but not least , el Consejo de la Magistratura, un organismo intermediario, no dejará de ser un ámbito de camarillas porque la avale el voto popular.


En lugar del proyecto reaccionario del oficialismo, debería establecerse la gratuidad del acceso a la justicia y la elección popular de los jueces, en el marco de un cambio radical del Estado presente.


Publicado en Clarín, 18/3

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