Según los propios funcionarios oficiales, frente a la crisis de energía “la única medida que queda por tomar es rezar para que llueva en el Comahue y para que las temperaturas se eleven un poco” (La Nación, 2/7). La invocación “religiosa” retrata la quiebra de la política oficial.

En materia de gas natural, se ha declarado lisa y llanamente un lock-out empresarial, al que el gobierno asiste impotente.

En la cumbre del Mercosur, Kirchner “reprendió” a las petroleras, pero terminó emplazando a Evo Morales para que Bolivia le provea el gas faltante. Ocurre, sin embargo, que los pulpos tampoco quieren extraerlo en el Altiplano, ya que también coaccionan por mayores precios al gobierno boliviano. En vez de plantear una acción común contra las petroleras, el “nacional y popular” rioplatense se “plantó” ante Morales como un agente de Repsol y Petrobras. En la cumbre regional, la cuestión energética sirvió también para que la seudoestatal Petrobras realizara una particular “oferta” frente a la crisis argentina. Sugirió la provisión de gas licuado por vía marítima, cuyo costo será “tres veces más caro que el que se paga a Bolivia y ocho veces más alto que el que se reconoce a los productores locales” (La Nación, 1/7). Con esta “propuesta”, Petrobras se encargó de señalar cuál es el precio que pretende por el gas que extrae en Bolivia o en los yacimientos locales. En vez de plantear la reapropiación social de la renta gasífera y petrolera, la penuria energética está sirviendo para preparar nuevas concesiones en favor de los pulpos de toda la región. Los contratos leoninos con la Panamerican, en Santa Cruz y Chubut, revelan la dimensión de este entreguismo. Si los pulpos están prolongando sus actuales concesiones, es porque recibieron garantías del gobierno en relación a un drástico reajuste de tarifas.

El gobierno también ha fracasado en la tentativa de sortear la crisis limitando solamente el consumo de industrias y de usinas. La gran patronal exige, en cambio, un recorte de los consumos familiares. El portavoz de este reclamo ha sido el mendocino Cobos, probable vice de “Cristina”: “No se puede afectar a los sectores industriales, como las exportadoras o las fábricas de vidrios” (Clarín, 1/7).

En plena crisis de energía, el gobierno le redujo a las patronales industriales los “cargos fijos” sobre las tarifas de gas y de luz, es decir, el impuesto dirigido a financiar las inversiones energéticas. Sin haberle encontrado otra salida a la crisis, el gobierno ya está desmantelando la estructura de recursos montada en los últimos años para pilotear la penuria de energía. La desmoralización oficial, por lo tanto, no puede ser mayor. La UIA saludó la rebaja… pero amenazó con nuevas suspensiones de personal “si continúan los recortes de energía a las industrias”. El gran capital exige que las costas de la crisis le sean trasladadas integralmente a la población trabajadora, por medio de recortes de consumo, aumentos de tarifas y suspensiones de trabajadores.

La crisis de energía desnuda el carácter mentiroso del “megacrecimiento” económico de 2003 hasta hoy, puesto que se ha sostenido sobre la liquidación de las reservas de petróleo y de gas, y del capital fijo que sostiene, por caso, la generación de energía o el transporte de gas. La tentativa de recomponer ese capital con subsidios, “cargos fijos” y fondos específicos ha terminado en un nuevo saqueo, como se reveló en el escándalo Skanska, primero, y en el colapso general de la energía, después.

La reestructuración que reclaman los pulpos, y que se sustenta en tarifazos, no podrá dar cuenta del enorme desquicio energético, además de que provocará una conmoción social. El gobierno podría recomponer el valor de las tarifas en dólares y abaratar a las propias inversiones energéticas con una revaluación de la moneda. Pero ello choca, también, con las exigencias de un dólar alto por parte de la patronal exportadora.

La incapacidad para enfrentar el colapso energético saca a la luz todos los límites del kirchnerismo. Una reconstrucción del sistema energético exige la nacionalización de la producción y transporte de hidrocarburos y energía, y la constitución de un fondo de capital sobre la base de fuertes impuestos al gran capital, que permita reconstituir las reservas y activos liquidados por los privatizadores. La crisis de energía plantea, en definitiva, una transformación social, que está fuera del “radar” del kirchnerismo.

Ningún recorte al consumo popular. Garantía horaria para todos los trabajadores suspendidos. Abajo los tarifazos que se vienen.