Políticas

26/10/2000|685

Derrumbe escolar en la Capital

El accidente ocurrido en el Colegio Mariano Moreno *en el cual tres alumnas de segundo grado “se hundieron en medio del patio como si las tragara la tierra” y que salvaron su vida sólo gracias al barro que, según los testimionios, ayudó a amortiguar el impacto* retrata una situación de conjunto. De acuerdo al propio director de Infraestructura Escolar porteño, “cerca del 90 por ciento de las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires necesitan ser intervenidas y ser sometidas a una revisión técnica integral”. Que estamos frente a una crisis terminal lo evidencia la infinidad de denuncias y reclamos de los establecimientos y que siguen cajoneados sin respuestas del Gobierno de la Ciudad. Testimonio de ello lo puede dar la propia Legislatura, cuya Comisión de Educación acumula más de 1.000 expedientes, de los cuales una importante proporción corresponden al rubro “infraestructura”.


Ha hecho eclosión una política de ahogo presupuestario que se viene profundizando año tras año. Un salto en este proceso lo constituyó el traspaso de los colegios primarios y luego los secundarios a las provincias. El Estado nacional transfirió el gasto pero no así, en la misma proporción, los recursos, que fueron retenidos para otros destinos, en particular el pago de la deuda externa.


En el proyecto girado para el año 2001, el presupuesto de la Ciudad destinado a construcciones escolares se reduce a menos de la mitad (de 39,5 millones a sólo 18,5). El recorte implica una redistribución de partidas al servicio de otras “prioridades”, entre las cuales están los grandes emprendimientos dirigidos a la especulación financiera, comercial, turística e inmobiliaria.


El estado de abandono de las instalaciones escolares se suma, asimismo, al proceso de privatización inscripto en la reforma educativa. La privatización sólo puede prosperar si no enfrenta la “competencia” del propio Estado.


Asimismo, el deterioro del servicio es la mejor arma para forzar a los establecimientos a buscar fuentes alternativas de financiamiento (léase venta de servicios, mecenazgo y aranceles a sus alumnos) que pavimentan su transformación en entidades privadas.


El accidente del Moreno ha puesto de manifiesto la inoperancia del aparato gubernamental, pues pocas veces un hecho estuvo tan “cantado”. Por si no fueran suficientes las evidencias, obraba desde el primer día del presente mandato, en poder del Gobierno de la Ciudad, un informe lapidario elevado por la Auditoría de la Ciudad.


Esta situación pone sobre el tapete la necesidad de establecer una fiscalización de los recursos asignados, por parte de docentes y estudiantes, y de la ejecución de las construcciones.