Políticas

7/4/2017

Desalojo en AGR-CLARIN


Al cabo de 82 días de heroica resistencia, los trabajadores de AGR-Clarin resolvieron por unanimidad en su asamblea dejar la planta y continuar su lucha por otros medios, tras recibir el últimatum judicial de que se llevaría a cabo el desalojo por la fuerza.


Este mediodía, se produjo un gigantesco despliegue represivo ordenado por el juez Pablo Casas, subrogante del juzgado contravencional N° 14. Rápidamente, los trabajadores convocaron a organizaciones gremiales, políticas y de derechos humanos solidarias que hicieron el aguante hasta que culminaron el inventario de la planta para entrgarla tras la llegada de la orden de desalojo.


 


"Denunciamos que el operativo represivo en AGR-Clarín se hizo con un verdadero ejército de ocupación. Gendarmería porta ametralladoras", describió Gabriel Solano, dirigente del Partido Obrero, presente dentro de la fábrica. "Ayer el gobierno hablaba del ´derecho al trabajo´ y hoy mandan a desalojar a los trabajadores de AGR-CLARÍN. Es un gobierno de hipócritas patronales".


AGR-Clarín fue ocupada desde mediados de enero contra el despido de 380 trabajadores. La Comisión Interna denunció que se trataba de despidos ilegales, pues la empresa no había presentado debidamente el correspondiente ´recurso preventivo de crisis´ y que el objetivo de la patronal de Héctror Magnetto montaba un cierre trucho para retomar los trabajos con personal flexibilizado y liquidar la organización gremial interna de la planta.


Desde que los trabajadores resolvieron ocupar la planta, atrajeron la solidaridad de miles de organizaciones y trabajadores de todo el país. Sin embargo, el ministerio de Trabajo se negó a atender sus reclamos, e incluso desconoció la existencia de un conflicto gremial, a pesar de que Clarín nunca presentó las pruebas de la supuesta crisis.


Más temprano, una comisión policial recorrió la planta junto al legislador Marcelo Ramal y la abogada María del Carmen Verdú para inspeccionar el buen estado de los ocupantes y máquinas. Por otra parte, las abogadas Claudia Ferrero (Apel) y Verónica Quinteros (Liberpueblo) se presentaron ante el juzgado para entrevistarse con el juez y presentar una nota firmada por Nora Cortiñas, Adolfo Pérez Esquivel y otros representantes de los organismos de derechos humanos en el que solicitan una mediación. "El juez nos recibió y dijo que quien debería haber pedido la mediación es el fiscal, que hasta ahora se negó a atendernos", puntualizó Ferrero. El magistrado recibió el escrito y se comprometió a contestar en las próximas horas, pero finalmente no aplazó la orden que había firmado el titular del juzgado, de apellido Verdaguer. "El juez que firmó la orden es familiar de un directivo de Clarin", aseguró Hernán, obrero de AGR.


AGR-Clarín está ubicada en Corrales 1393 (esquina Av Perito Moreno y Centera).


Foto: Dionisio Denis