El Senado acaba de sancionar una reforma al Código Penal que venía siendo largamente reclamada por los pulpos inmobiliarios. Para los casos de propiedades ocupadas, establece que “en cualquier estado del proceso y aún sin el dictado del auto de procesamiento, (el juez actuante) podrá disponer inmediatamente el reintegro del inmueble”. Una vez que el juez considere “verosímil” la documentación que aporte el propietario denunciante, podrá concretar “el desalojo de los ocupantes ilegales que se materializará mediante el empleo de la fuerza pública en caso necesario”. Al comentar el contenido de esta ley, dos dirigentes de cámaras inmobiliarias destacaron que “ahora el denunciante podrá recuperar su inmueble antes del dictado del auto de procesamiento, que en muchas ocasiones no se concreta” (Ambito Financiero, 18/9). Los empresarios saludaron alborozados que los ocupantes inculpados puedan ser “condenados” de hecho *al ser desalojados* antes de poder siquiera ejercer el derecho a la defensa. Complementariamente, los pulpos inmobiliarios reclaman una modificación al Código Procesal Civil que permita ejecutar el desalojo “sin notificar previamente a los ocupantes” (ídem), es decir, un sistema de allanamientos sorpresivos.

 

La ciudad y las casas ocupadas

La ley sancionada por ahora “sólo rige en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, o respecto de inmuebles del Estado Nacional que se encuentren en territorio provincial” (ídem). En la ciudad hay “12.000 propiedades intrusadas o usurpadas en San Telmo, Montserrat, Palermo Viejo, Almagro y Flores, donde viven unas 150.000 personas” (Ambito Financiero, 19/7). Este drama social se suma al de los centenares de familias que, en diferentes puntos de la Capital, se han instalado bajo puentes o autopistas.

¿Quiénes serán los beneficiarios de la nueva legislación? ¿Los pequeños propietarios de inmuebles ocupados, a quienes se invoca para legislar? En un almuerzo con periodistas, Aníbal Ibarra se ocupó de “asegurar que habrá de desocupar las casas usurpadas aunque haya presión para impedirlo”. “Requiere *continúa el diario* liberar dos mil propiedades para integrarlas al fideicomiso de la Corporación del Sur” (Ambito Financiero, 18/9). Es decir que la furia desalojadora tiene como punta de lanza al propio Estado en su carácter de propietario, y tiene que ver con el operativo especulativo que pretende montarse con la venta de esos predios y terrenos públicos en el sur de la ciudad. Los otros beneficiarios son los pulpos inmobiliarios que poseen centenares de casas viejas en la ciudad con piezas alquiladas. Es muy frecuente, en estos casos, que los propietarios dejen de cobrar alquileres a sus inquilinos para fraguarles luego la condición de “ocupantes”. Estas maniobras vienen ‘fogoneadas’, naturalmente, por la fiebre especulativa sobre terrenos y casas que desata el prometido “relanzamiento inmobiliario” de la zona sur.

 

Ni un solo desalojo

El crecimiento de las ocupaciones de casas es una de las manifestaciones más lacerantes del crecimiento de la miseria social, y un retrato del destino que han tenido las políticas de vivienda en las últimas décadas. Ahora, el gobierno aliancista le declara la guerra al sector más oprimido y golpeado de los trabajadores sin techo. El Partido Obrero plantea la prohibición de todos los desalojos en la ciudad. En esa perspectiva, ya se ha elevado un reclamo al Poder Ejecutivo para que suspenda los desalojos en los edificios de propiedad estatal. Planteamos un empadronamiento de todos los ocupantes y la cesión de los predios, galpones y terrenos inocupados que integrarán la Corporación del Sur, para la construcción de viviendas populares. Subsidio de 500 pesos para los ocupantes desocupados. Subsidio estatal al propietario único de una vivienda ocupada, hasta que se resuelva la situación habitacional de las familias ocupantes. Documentación rápida y gratuita para todos los extranjeros.