En los últimos días se han producido autoaislamientos de municipios enteros de la provincia de Buenos Aires, tomando el ejemplo de varias provincias que se adelantaron a cerrar sus puertas. Varios intendentes de distritos como Ezeiza, Dolores, Olavarría, Necochea, Bolívar, Azul o San Vicente resolvieron bloquear con tierra los accesos para evitar el paso de cualquier vehículo que quisiera entrar al distrito. Varios constitucionalistas debaten sobre el carácter de estas medidas, que parecen extenderse en toda la provincia, contrariando las “órdenes” del gobernador Axel Kicillof. Esto ha abierto una crisis política entre los intendentes y el gobernador, ya que muchos municipios prefieren reportar al Presidente y recibir a cambio refuerzos presupuestarios especiales.

Sumado a esto, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la medida de cerrar casi todos los accesos y solo dejar doce vías de ingreso, donde han montado duros controles de ingreso a la Capital. ¿A qué se deben esta actitud de aislamiento de los municipios y las fuertes restricciones al ingreso a la Ciudad? 

Los intendentes empiezan a tomar estas medidas con el argumento de “garantizar la cuarentena” cuando, en realidad, intentan cuidarse a ellos mismos de una realidad hospitalaria en toda la provincia, que augura un desastre sanitario. Larreta reacciona ante la previsible “lluvia” de infectados bonaerenses. Desde la década del ’80 se ha llevado adelante un proceso de “descentralización” de la salud pública provincial que ha colocado en los desfinanciados municipios la carga de la atención sanitaria. Esto provocó un deterioro sin precedentes en el sistema hospitalario donde la falta de insumos, la precariedad laboral y la ausencia de mantenimiento elemental han quedado bajo la responsabilidad de cajas municipales cada día más degradadas. 

Un informe de la Cicop (sindicato de profesionales de la salud) señala que “en los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires hay 215 hospitales y 1.500 unidades sanitarias donde trabajan alrededor de 17.000 profesionales de la salud. Poseen la mitad de las camas de internación pública de la provincia. Son en su mayoría de baja complejidad”. Con estos datos se entienden las acciones desesperadas de los intendentes que, defendiendo la precariedad y la municipalización, se encuentran frente a la posibilidad de un desmadre sanitario. Saben mejor que nadie que la extensión de la pandemia en la provincia provocará un colapso inmediato del sistema hospitalario. El informe de la Cicop continúa señalando que “la desarticulación del Sistema Público de Salud Provincial, la debilidad organizativa de las Zonas Sanitarias es elogiada por el Banco Mundial en su documento 26144AR/03. Córdoba y Buenos Aires son las dos provincias donde más ha avanzado la descentralización (municipalización) del sistema de salud”.

Junto con esta realidad se encuentran los 77 hospitales provinciales. El relevamiento realizado en 2016 indicó que de los 77 hospitales, “53 requieren inversión en infraestructura y 20 no necesitan una inversión urgente”. En 23 hospitales, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) señaló que “en todos, se detectaron irregularidades producto de falta de agua potable, cloacas tapadas y otros problemas edilicios como filtraciones en los techos”. Para agregar un dato ilustrativo sobre la situación, en 2010, el 35% de los habitantes de la provincia no tenía obra social (último dato disponible).

El completo desborde cotidiano de los hospitales de la provincia y la escasa atención en especialidades o cuidados intensivos provocó que miles de trabajadores bonaerenses tuvieran que trasladarse a atenderse en el sistema de salud de la Ciudad, provocando allí también un cuadro de saturación en la atención sanitaria. La completa ausencia de una inversión en el sistema de salud de la provincia, la falta de insumos elementales, material de protección para los trabajadores de la salud, la precariedad laboral, es una realidad cotidiana. Las medidas a tomar no pueden ser parciales, deberán estar a la escala de las necesidades que plantea la pandemia actual que pone en riesgo la vida de miles de trabajadores. La situación a la que han llevado al sistema de salud, gobierno tras gobierno en la provincia y en el país, plantea una reorganización de emergencia del conjunto del sistema sanitario nacional y la utilización de todos los recursos para esta finalidad. Para esto será necesario rechazar de plano el pago de la usura que representan las deudas provincial y nacional.

Nuestro planteo

En lugar de tomar medidas que solo perjudicarán a mediano plazo al conjunto del pueblo trabajador de la provincia, es pertinente la centralización única de todo el sistema de salud público y privado, así como la nacionalización de todos los hospitales municipales y provinciales. Para atender las necesidades de cada vecino de hasta el último municipio de la provincia que pueda contagiarse, será necesario un comando único de trabajadores de la salud, junto con comisiones en la provincia y en todos los municipios, que controlen la utilización de los recursos y verifiquen las necesidades de cada lugar, incluyendo la disponibilidad conjunta del sistema público, privado y de obras sociales. El gobierno de Fernández no ha anunciado ningún plan que cubra estas necesidades. Por ahora, sólo utiliza la herramienta de la cuarentena. Junto con los trabajadores de la salud que sufren esta realidad día tras día, impulsemos estas reivindicaciones, donde se juega la salud de todos los trabajadores de la provincia.