Después de las Paso y posterior a las elecciones generales los despidos en las escasas fábricas que existen en la provincia se han profundizado. En el caso de la empresa Calorex  (ex Ikala y ex Neba) el día 24 de agosto se encontraron con el despido de 4 compañeros de la planta de El Pantanillo. Posterior a esto los  trabajadores llevaron adelante un piquete en la puerta de la fábrica y lograron que los despedidos sean reincorporados.

Asimismo en la planta de Arcor, en el departamento de Recreo, los trabajadores fueron suspendidos hasta enero de 2020. La distribuidora “Luque” cerró sus puertas dejando a 35 empleados en la calle. El día siguiente a las elecciones generales, los despidos se suscitaron en la planta de Alco del grupo Canale. Veinticinco operarios fueron despedidos, los piquetes en la puerta de la planta en Sumalao llevaron a que un día después llegara la conciliación obligatoria. La situación de Alco es una constante de despidos y suspensiones, en el año van más de 60 cesantías, a pesar de que está subsidiada por el estado provincial. Al mismo tiempo, es una empresa que atrasa salarios y debe ítems desde el año pasado a los trabajadores.

A esto tenemos que sumarle los constantes reclamos de los ex trabajadores de Alpargatas, que continúan en las calle, reclamando que se cumpla lo prometido por este gobierno después de enfrentar los despidos, o sea paliativos mínimos como subsidios y algún beneficio social.

En esta situación de profunda crisis, donde se está poniendo en juego la estructura productiva de la provincia, ni el electo gobernador Raúl Jalil, ni el intendente de la capital Gustavo Saadi y mucho menos la oposición de Cambiemos han dicho palabra alguna.  

Sigue el ajuste

Por otro lado se ha anunciado un nuevo aumento del transporte urbano de pasajeros, es el tercero en el año. El boleto pasó de $13,90 a $22, esto significa que los empresarios de transporte han logrado un incremento de las tarifas del orden del 50% en el año. Claro está, que estos aumentos no se han visto reflejados en los salarios de los choferes, mucho menos en las inversiones en unidades. Todo lo contrario, los trabajadores están con una conciliación obligatoria y las empresas proponen (si ya no lo hicieron) una reducción de frecuencias. Todo esto con el aval del gobierno de Lucía Corpacci, electa diputada nacional.

La crisis laboral que está azotando a la provincia, que tiene su forma más cruda en los despidos, en el desempleo y en la precariedad laboral, se da en una provincia donde el salario de la mayor parte de los trabajadores no supera la línea de pobreza y donde el mayor empleador es el Estado. La nueva gestión enfrenta la crisis que generó el quebranto productivo pos Alumbrera, hoy las reservas del Estado provincial van a ser escasas para afrontar dicha situación.

La disyuntiva está a la vista, a los recursos los usamos para defender las condiciones productivas de la provincia o para seguir garantizando la ganancia de los empresarios y corporaciones. La crisis la seguimos pagando los trabajadores con más despidos, precariedad y tarifazos o la pagan los empresarios, las patrones, los capitalistas.

Desde el Partido Obrero pondremos nuestro empeño en organizar y fortalecer los reclamos del pueblo trabajador.