Fueron necesarios solamente 90 días desde la marcha de la CGT contra la reforma laboral, el pasado 24 de febrero, para que la movilización obrera ganara la profundidad que se manfiestó en los 80.000 asistentes al acto del 31 de mayo. En esos tres meses tuvo lugar la gran huelga del pasado 5 de mayo, para no contar las movilizaciones de la envergadura del corte de ruta de Tartagal-Mosconi, que reunió a 10.000 trabajadores y produjo el retroceso de la gendarmería. Un resultado muy diferente, por cierto, al que se obtuvo el 11 de diciembre en el puente Resistencia-Corrientes, donde la misma gendarmería logró dispersar la movilización con el saldo de cuatro compañeros asesinados. El viernes 9, una nueva huelga general de 24 horas marcará el nuevo estadio ascendente de la lucha popular.

La marcha del 31 motivó la adhesión de los sectores más extraños, como los Ruckauf, Duhalde, Patti, Rico y un sector de la Pastoral Social de la Iglesia, que hasta el 10 de diciembre se caracterizaron por el apoyo servil a la política menemista y que en el pasado más reciente han firmado reiterados acuerdos con De la Rúa y son fieles baluartes de los grandes patrones de la industria y de la banca, e incluso del FMI. Concurrieron para darle una “contención” a la explosión popular que temen que se radicalice. Pero bastaron 24 horas para que mostraran el otro lado de la camiseta. Con el pretexto de disentir con el planteo de rebelión fiscal de Moyano, salieron a criticar el paro anunciado para el 9 de junio y a reiterar su apoyo al gobierno de la Alianza. El pretendido cambalache no duró lo que canta un gallo; como la Biblia del tango que cuelga de un calefón, los agentes justicialistas y clericales de la patronal se fueron, hoja a hoja, por el inodoro de la capitulación ante el FMI, volviendo a mostrarle a los trabajadores que el llamado “frente social” es una estafa política para derrotar al movimiento obrero y que la única vía para éste es atraer a las masas más amplias para librar una lucha consecuente con total independencia de los patrones nativos.

Vienen por más

La reducción de salarios y jubilaciones y la privatización de las obras sociales no son el último ajuste por la misma razón de que no son el primero. De la Rúa ya produjo el impuestazo y la reforma laboral. Se atrevió a ir por más porque se le había dejado pasar los dos primeros.

Las características del próximo ajuste ya las están cantando los voceros del oficialismo a los cuatro vientos. Se trata de un tarifazo, con el argumento de que reemplazaría a los subsidios que incrementan el déficit fiscal, en trenes, colectivos, subtes, el gas y la luz. Incluso las telefónicas piden mayores tarifas para financiar la interconexión que deben dar a las nuevas compañías de teléfonos. Gran parte de ese tarifazo se justifica en nombre de un plan de inversiones que reactivaría la economía; es decir que primero hay que pagar. Las obras públicas que se anuncian son un monumental fraude, ya que requieren el aval de un Fondo del Estado, es decir un aumento del endeudamiento y del gasto público que el ajuste supuestamente pretendería reducir.

La magnitud de lo que se viene, sin embargo, se encuentra en el anuncio de que se quiere eliminar el déficit de 8.000 millones del sistema previsional (La Nación, 6/6), pero no recuperando la plata que se llevan las AFJP (2.500-3.000 millones de dólares al año), ni tampoco restableciendo aportes jubilatorios de las patronales (entre 6.000 y 7.000 millones anuales). No, se pretende eliminar ese déficit con más impuestazos y reducción de la coparticipación impositiva a las provincias, y con la reducción de las jubilaciones. Entre las medidas que se van a tomar figura el aumento de la edad jubilatoria para la mujer; la fuerte reducción de la prestación básica, que otorga el Estado; y la rebaja directa de las jubilaciones que cobran los actuales beneficiarios.

Vayamos por lo nuestro

Como se puede ver, el ajuste reciente no resuelve ningún problema de conjunto de la crisis económica, mientras sí profundiza la miseria y la superexplotación. Una economía que ha aumentado en un 300% su hipoteca con el exterior (la deuda externa total ha pasado de 80.000 a 180.000 millones de dólares en diez años), demuestra con eso sólo que no va para ningún lado; la deuda ha pasado del 30 al 65% del producto nacional y continúa en ascenso. Si el cálculo tuviera en cuenta el valor real del (sobrevaluado) peso argentino, la deuda externa ya estaría superando a la creación nacional de riqueza. ¿Tenemos los trabajadores espalda para levantar ese descomunal peso? De ninguna manera. Es necesario otra clase de salida. Es necesario un plan económico elaborado por los trabajadores, y por lo tanto un plan político. Los gobiernos capitalistas y sus planes están terminados.

La dirección sindical de la lucha en curso ha dicho que quiere una concertación social, o sea una política económica pactada entre el gobierno, las patronales y los trabajadores. Pero esto significaría dar por hecho el ajuste actual, la reforma laboral que también reduce los salarios y el impuestazo que los precedió. En efecto, fuimos a la lucha contra la reforma laboral dando por hecho el impuestazo y luego hemos ido contra el ajuste dejando atrás la reforma laboral. Para el paro del 9, la CGT y la CTA no plantean la derogación de los decretos de ajuste de De la Rúa. ¿Están dejando pasar otra más? La política de concertación social de la CGT y la CTA se va sembrando con los cádaveres de los salarios y los derechos laborales de los trabajadores. Todo esto demuestra simplemente que entre los reclamos del FMI y los capitalistas, de un lado, y las necesidades de sobrevivencia del pueblo argentino, del otro, existe una contradicción insuperable.

El movimiento obrero argentino debe mantener sus reivindicaciones; es decir la derogación del impuestazo, de la reforma laboral y de los decretos del ajuste. Sobre esta sólida base debe organizar un plan de lucha y la huelga general.

De entrada debemos decir, sin embargo, que nuestra perspectiva de conjunto es otra, para poder ganar así para una salida nacional al conjunto de las capas empobrecidas y reducir de este modo al máximo aislamiento político a la oligarquía de las grandes patronales. Necesitamos entonces un congreso de delegados de base de todos los trabajadores, desocupados y estudiantes, para elaborar un plan económico de la clase obrera y, sobre esta base, estructurar una dirección política con apoyo de masas. En lugar de confiar en las alternativas capitalistas, como han hecho hasta ahora la CGT y la CTA, que fueron baluartes en el acceso de la Alianza al gobierno, es necesario, por el contrario, desarrollar una política independiente de cara al conjunto de la nación explotada.

La lucha en curso debe servir, en función de todo esto, para recuperar el control de los lugares de trabajo, que se han transformado en feudo de la patronal a partir de la flexibilización laboral, los contratos precarios, los despidos masivos, las tercerizaciones y la parálisis o desaparición de los cuerpos de delegados. Tenemos que aprovechar la masividad cada vez mayor de la lucha para elegir delegados; restablecer las comisiones internas combativas; formar interfabriles y darle un impulso de lucha, mediante esta política y métodos, a las regionales de la CGT y la CTA.

En la lucha y para la victoria de esta lucha, impulsemos una política auténticamente obrera, una política consecuente, una política que ponga fin a más de una década de retrocesos sociales, laborales y organizativos.