El “descubrimiento” periodístico de la situación infrahumana a que son sometidos los niños que trabajan en el ajo, en Mendoza, por parte de productores rurales, muestra apenas una parte de un estado de cosas intolerable: la superexplotación y la represión contra un amplio sector de la clase obrera rural, reducida a la casi servidumbre por las patronales con la complicidad abierta de los gobiernos nacional y provincial y, por supuesto, de la burocracia corrompida de la Uatre (fincas) y el Sindicato de Frutas Frescas y Hortalizas (galpones).
La Argentina es el cuarto productor y el segundo exportador mundial de ajo. Mendoza produce el 83 por ciento del ajo argentino. La totalidad de esa producción está concentrada en una veintena de empresas, sobre todo Campo Grande, Bamenex y Sanes. Ellas poseen sus propias fincas y obligan a malvender su producción a los pequeños productores. Concentran la casi totalidad de las actividades de corte, limpieza y empaque, y entre todas emplean a casi 30 mil obreros que trabajan bajo el sistema “tercerizado”, agrupados en cooperativas fraudulentas.

La cooperativa Barraquero es la más importante; agrupa a 18.000 trabajadores y actúa como proveedora de mano de obra barata al conjunto de la patronal ajera.

Los obreros de Campo Grande, con su enorme lucha de noviembre/diciembre de 2007, pusieron de relieve la cuestión del trabajo infantil y la situación de conjunto padecida por el proletariado rural en la provincia. De esto es precisamente de los que no hablan las notas periodísticas que “descubrieron” a los chicos que trabajan en el ajo, y que dan pie a que ahora aparezcan “salvadores” de Buenos Aires.

Se trató, además, de un conflicto particularmente cruento.

La represión

Un piquete, el 29 de noviembre de 2007, fue reprimido con una brutalidad llamativa por la infantería policial mendocina. Hubo decenas de heridos, entre ellos mujeres y niños. Aquello ocurrió porque lo Cooperativa Barraquero intentaba cambiar su razón social para estafar a sus trabajadores y evadir impuestos. Los obreros denunciaron que los hacían figurar como monotributistas y en sus recibos figuraban los descuentos; sin embargo, no les hacían los depósitos ni a la AFIP ni a la Anses, y todos figuraban como deudores del Estado.

En esa oportunidad, los trabajadores eligieron delegados y la patronal acudió a patovicas armados para prohibirles la entrada al galpón (los 33 delegados, sus familiares y sus amigos). Más de 300 obreras y obreros cortaron entonces las entradas de la planta. Otros 300 trabajadores que estaban adentro de la empacadora e intentaron plegarse a la medida fueron encerrados en la planta. Era gobernador el “no positivo” Cobos, y tanto él como el entonces electo Celso Jaque se negaron a negociar con los obreros y la fiscal Liliana Giner ordenó la represión. Luego, la represora anunció que procesaría a los trabajadores por “delito de resistencia”. El 9 de abril de 2008, uno de los compañeros golpeados en aquella represión, Juan Carlos Erazo, murió por un absceso cerebral que le produjeron los golpes de la policía de Cobos, Jaque y la fiscal Giner.

Gobierno, burocracia y niños explotados

Luego de aquella lucha, el gobierno de Jaque pactó con la patronal y el burócrata Lucio Quilpatay (Sindicato de Frutas Frescas y Hortalizas) para comenzar, dentro de un año, un “blanqueo” parcial que consiste en mantener la tercerización por medio de agencias de empleo, con gastos compartidos entre la patronal y el Estado. El ente estatal que regula el funcionamiento de las cooperativas (el Inaes) le suspendió la licencia a Barraqueros, lo que no impidió que siguiera funcionando con total impunidad bajo la descarada complicidad del gobierno y la burocracia. Según manfiesta el gobierno de la provincia, nada se puede hacer al respecto porque la Justicia habría dado lugar a un recurso de amparo presentado por la patronal de Campo Grande.

El actual ministro de Gobierno, Mario Adaro, que fue subsecretario de Trabajo durante los meses que siguieron al conflicto, dejó pasar todas las violaciones a la Ley de Contratos de Trabajo: las inspecciones en Campo Grande se hacían sólo si tenían el previo permiso de Adrián Sánchez (el patrón). El nuevo subsecretario de Trabajo, Jorge Gabutti, que era abogado del sindicato de Quilpatay y parte de la banda del diputado nacional del PJ Guillermo Pereyra, ahora que estalló el escándalo mediático dice haber detectado 96 casos de trabajo infantil en el sector. Nada dice, sin embargo, de las medidas tomadas al respecto.

El colmo de la caradurez es la de Quilpatay, quien acaba de declarar que la culpa del trabajo infantil es de los gobiernos de Cobos y de su antecesor, Roberto Iglesias; como si los camiones repletos de chicos reclutados en los barrios de Rodeo del Medio, Colonia Segovia y Corralitos para llevarlos a cosechar, fueran cosa del pasado.

Por eso ahora, cuando se habla de los niños ajeros y la directora de Empleo de la provincia, Dora Balada, dice que se trata de “un problema cultural y naturalizado”, miente con descaro. Sin su complicidad y la del resto del gobierno mendocino, y de la vendida burocracia sindical, nada de esto se podría hacer.

Héctor Fressina