El mismo día en que la patronal de  La Prensa sufrió en las urnas una paliza a manos de los trabajadores, al ser reelecto por quinta vez consecutiva (y segunda desde que está en la calle) Jorge Brodsky, uno de los  delegados de la Comisión Interna, un juez laboral sentenció la pérdida de estabilidad gremial de este delegado. La medida ya fue apelada y la resolución pasó a Cámara.

El conflicto de La Prensa tiene otro antecedente en el gremio: el juicio por desafuero del secretario general de la interna de Clarín, a quien se le impide el ingreso a planta desde hace varios años.

Pero en el caso de La Prensa, asistimos a una profundización del ataque empresarial, pues combinó el trámite legal con la represión policial y la utilización del fuero penal, no sólo contra Brodsky, sino también contra otros trabajadores que testimoniaron como testigos en el juicio. Con indiferencia de los respectivos juicios penales abiertos por la patronal, ésta ya dictó “sentencia”: uno de los compañeros fue suspendido y el otro despedido.

Este ataque se da en el preciso momento en que la patronal se ha lanzado a imponer a fondo la precarización laboral, la “flexibilización” y la destrucción práctica de nuestros estatutos y convenio. Adicionalmente, existe una alevosa intención de sentar jurisprudencia para desalentar la concurrencia de aquellos trabajadores que quieran presentarse a los estrados para accionar contra la empresa.

¿Justicia para todos?

En su sentencia a favor de la patronal, el juez laboral omite que la empresa pretendía desde un inicio despedir al delegado gremial por hechos irrelevantes (un supuesto error en su trabajo) que, como tales, incluso fueron desestimados por el propio magistrado. La obvia finalidad era liberarse de la “molesta” presencia del representante sindical.

Los hechos que evalúa, entonces, el juez para desaforar al delegado habrían ocurrido el 24 de marzo de 1993, fecha que incluso para cualquier desprevenido tiene una connotación especial, más tratándose del oligárquico diario La Prensa, que apoyó todos los golpes reaccionarios y antipopulares que hubo en nuestro país.

El juez considera probado que ese día el delegado ingresó “por la fuerza” en la planta contra una prohibición expresa de la empresa en base a testimonios de la parte patronal que transcribe y que no reflejan en absoluto las conclusiones que obtiene. En efecto, ninguno de los testigos aportados por la empresa —todos empleados jerárquicos, de mucha antigüedad— estuvo presente en ese momento; todos dicen que se los narró un tercero, del departamento de Intendencia, quien —a pesar de las posibilidades que tuvo la empresa para su identificación y declaración testimonial en autos— no fue identificado ni ofrecida su declaración personal.

Luego, el juez afirma que este “ingreso forzado” se perpetró “pese a habérsele informado (al delegado) que no podía hacerlo”, ignorándose de dónde extrae esta conclusión, ya que la presunta prohibición de entrada no constaba en la carta documento que hubiera debido remitir la empresa que, por otra parte, el delegado no había recibido al 24/3/93.

Por otra parte, el juez sostiene que en el accionar durante ese 24 de marzo, este delegado aprovechó “las funciones gremiales que cumplía, en resguardo de un interés puramente personal” y “a fin de obtener el apoyo (del personal) en su disputa con la empleadora”. El señor juez olvida que el acceso de un delegado a su empresa no es un problema “personal”, y que como tal está contemplado entre los derechos gremiales de los artículos 40, 43 y 44 de la ley 23.551 que la empresa debe garantizar. Pretender que el derecho al ingreso de un delegado a su empresa resulta “un problema personal del demandado”, resulta  un franco absurdo, más aún si se tiene en cuenta que el juez, en su propia sentencia, le reconoce al delegado en cuestión la representatividad sindical que la empresa le negaba. Hay abundante jurisprudencia, por otra parte, que indica que es “función sindical resistir la presión del empleador y no ceder posiciones logradas que interesan no sólo a su persona sino también a sus representados”, y más todavía, que aun cuando la empresa accione judicialmente con la finalidad de “excluir de las garantías que le acuerda la ley 23.551 al representante sindical, la promoción del referido proceso no importa la automática privación al delegado del derecho de prestar servicios, y mucho menos de ejercer sus atribuciones gremiales durante el desenvolvimiento del trámite ante la Justicia, cualquiera de ser el resultado al que se arribe en definitiva”.

Todo esto fue sistemáticamente violado por la empresa con la anuencia y complicidad del juez, quien por otra parte admitió el progreso de las acciones pese a que la empresa infraccionó el artículo 52 de la ley 23.551, al impedirle al delegado cumplir con sus funciones gremiales y al negarle el pago de sus remuneraciones.

Por una campaña contra la proscripción

Más allá de la apelación, que ya ha sido planteada, es necesario iniciar con todo una campaña que tire por la borda la pretensión patronal de proscribir a la organización gremial de los trabajadores.

Están por iniciarse los procesos penales contra los compañeros que salieron de testigos, y en este punto es donde más álgidamente se nota la ofensiva patronal, que se contextualiza no sólo en el gremio de prensa, sino también en gremios como la UOM (Propulsora y Sevel), la UTA, etc.

Hay que elevar entonces la apuesta política y salir ya a recoger pronunciamientos y expresiones de solidaridad no sólo en el gremio de prensa, sino también en otros que soportan la misma política de ilegalizar al movimiento obrero.

El objetivo debe centrarse entonces en formar una Coordinadora contra la Proscripción de la Clase Trabajadora, cuya elemental tarea democrática será denunciar esta situación y ampliar las redes de solidaridad, para brindar cobertura político-gremial y apoyo a todos aquellos que han quedado huérfanos por la deserción y la traición de la burocracia sindical. La dirección de la UTPBA debe pronunciarse inmediatamente contra este fallo y por la reincorporación plena de Brodsky y demás compañeros sancionados.