19/12/2021
la semana

Diciembre entre choques, crisis y luchas populares

Panorama político de la semana.
Editora de Prensa Obrera.

Así como en las jornadas de aquel diciembre del 2001, este 19 y 20 la Unidad Piquetera, organizaciones de izquierda y del sindicalismo combativo nos lanzamos a la calle para conmemorar los 20 años del Argentinazo, en un contexto con sustanciosas semejanzas al de aquellos tiempos. La crisis social y económica se ha agudizado llegando el fin de año, ensalzando los choques internos entre las fuerzas gobernantes y con la propia clase obrera.

La votación frustrada del presupuesto fue un ápice de la crisis política del gobierno y sin dudas un salto en calidad. El documento elaborado bajo la pluma del FMI tuvo el visto bueno tanto del Frente de Todos como de Juntos por el Cambio, pero primaron las peleas entre las camarillas y presiones internas, que juntas desembarcaron en el rechazo del presupuesto y la posibilidad de que Alberto Fernández deba gobernar con una prórroga del presupuesto 2021 y a través de decretos. Nadie quiere hacerse cargo del ajustazo que se viene, pero tampoco tienen un plan B. Este escenario, sin embargo, no modifica la voluntad del gobierno ni de la oposición a cerrar un acuerdo con el FMI; de hecho, dará lugar a medidas y condimentos que empeorarán el hambre y miseria de los trabajadores.

El ascenso de la deuda pública a récords históricos, luego de dos años en los que este gobierno incrementó la hipoteca en 40.000 millones de dólares, mientras a los jubilados le robaron en 2021 más de 345 mil millones de pesos, es la demostración de un régimen usurario y de saqueo. Las incongruencias en el rumbo de la economía nacional tienen consecuencias de todo tipo, pero no caben dudas en que son los asalariados los que las cubren afrontando la inflación -que rozó el mes pasado un 2,5%- y a costa de mayor desempleo y precarización laboral, como deja entrever que el 96% de los jóvenes que trabajan cobran por debajo de 50 mil pesos, cuando la canasta básica está en 71 mil.

Pero una vez más diciembre saca a relucir las dificultades de todo este régimen para imponer el rumbo que demanda el FMI. La reacción popular contra la ley de zonificación minera en Chubut, con enormes movilizaciones y quema de edificios públicos, es una muestra. La aprobación trucha en la Legislatura vino por impulso de Mariano Arcioni pero también del gobierno de Alberto Fernández, en una clara orientación entreguista y depredadora en pos de obtener divisas para pagarle al Fondo. No es un dato menor, es una advertencia a toda la clase capitalista, cuando buscan avanzar en un acuerdo que incluirá una reforma laboral, reforma previsional y mayor ajuste.

La situación sanitaria, por su parte, volvió a tomar revuelo por el aumento de casos y el asentamiento de Ómicron en el país, contexto que se verá agravado en los próximos meses por el vaciamiento de los hospitales, el cansancio de los profesionales que transitaron toda la pandemia con salarios de miseria y el recorte proyectado para el año siguiente. Al igual que en el resto de las esferas, lo que prima es el ajuste responsable del desmantelamiento de los dispositivos Covid puestos durante la pandemia y el despido de miles de profesionales. Cualquier rebrote o tercera ola que se presente puede terminar de detonar el sistema sanitario, y vuelve a colocar en agenda el reclamo de una centralización de los recursos bajo control de sus trabajadores y especialistas.

Al gobierno le preocupa la posibilidad de un levantamiento popular porque justamente eso fue lo que pasó cuando en 2001 quisieron aplicar un programa de estas características. Son escenas que se repitieron a lo largo y ancho de América Latina en los últimos años. De allí surge el intento de profundizar los lazos con las iglesias y la reunión entre Alberto Fernández y la comisión ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina, donde advirtieron la necesidad de “buscar acuerdos fundamentales y superadores, que hagan detener la continua confrontación que se vive en nuestro país”, es decir cerrar filas detrás de un pacto social que garantice que el acuerdo con el FMI llegue a buen puerto conteniendo la bronca de la clase trabajadora.

Los interminables casos de gatillo fácil ponen de manifiesto que la represión es parte constitutiva de este programa antiobrero. Casi mil asesinatos se dieron en manos de la policía desde que asumió el Frente de Todos y este año las fuerzas del Estado cometieron un asesinato cada 17 horas, según el informe anual de Correpi. Solo esta semana, la maldita bonaerense fue responsable de tres casos de violencia y gatillo fácil. El sostenimiento de Berni a cargo del Ministerio de Seguridad de la provincia -quien además lanzó su candidatura a presidente– por parte de Kicillof expone al gobernador como responsable político de estos crímenes.

La convocatoria de la Unidad Piquetera a las acciones del 19 y la movilización del 20, con eje en el rechazo al pago de la deuda y el acuerdo entre el gobierno y el Fondo, la profundización del ajuste y el agravamiento de las condiciones de vida de los trabajadores, son propias de una etapa en la cual la construcción política y la independencia de clase son fundamentales. Acompañar esta y todas las luchas, como la de los vecinos de La Matanza por tierra y vivienda y contra los desalojos, o las movilizaciones replicadas en todo el país contra la zonificación minera en Chubut, es la tarea de la etapa. La encaramos con un programa en defensa del salario mínimo igual a la canasta básica familiar, el pase a planta permanente de todos los trabajadores, el fin de la precarización laboral y el rechazo a cualquier reforma flexibilizadora, el aumento de emergencia para los jubilados y el 82% móvil. Solo a través de la reorganización económica sobre otras bases sociales y bajo la dirección de la clase obrera puede llevarse adelante.

Que tengan un excelente domingo.

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