El diario La Nación, en su editorial del do­mingo 22 de agosto, convocó a la marcha de Juan Carlos Blumberg. Radio Mitre hizo lo propio, y ni hablar de los medios controlados por Hadad, el menemismo y la “peor derecha”, como Radio 10 y Canal 9.

En una nota publicada el 20 de agosto, el co­lumnista de los Mitre, Femando Laborde, incitó a Blumberg a no dirigirse a la Casa de la Provincia de Buenos Aires sino a la Plaza de Mayo. Es ne­cesario mostrar al país —dijo ese periodista— una alternativa política frente a la alternativa pique­tera —a la cual no mencionó—.

La Nación había informado sobre la abrupta caída de la confianza en el gobierno (17 puntos en un mes), según una encuesta de la Universidad Di Telia. Laborde, por supuesto, atribuyó esa caída a la inseguridad “en los segmentos medios y altos” de la sociedad

La nota de Laborde indica la intención mani­fiesta de estructurar la oposición al gobierno —tan dispersa como el gobierno mismo— hacia la dere­cha, como lo había pedido Mariano Grondona un domingo antes. En tomo de los secuestros en La Horqueta, de la inseguridad de los empresarios y de loe countries, para evitar que se organice a la izquierda en la lucha contra el hambre, por pan, trabajo, salud y educación. Menos aún en la mo­vilización contra el gatillo fácil, contra la organi­zación mañosa compuesta por la policía, los in­tendentes y loe punteros políticos de todo el país.

Esa es, en todo caso, la intención del Man­hattan Institute, financista de Blumberg, orga­nismo al cual ya nos hemos referido en una edi­ción anterior.

Las contradicciones

Hay alrededor del señor Blumberg varios per­sonajes vistosos. Por ejemplo, Roberto Dumeu, ex funcionario de Jorge Videla, o el Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (Fores), cuyas caras más conocidas son las de Enrique del Carril y Horacio Lynch, militantes de la última dictadu­ra y defensores explícitos de sus crímenes. Es de­cir, defensores de los secuestros y la desaparición de personas.

Junto con ellos está el camarista Femando Maroto, quien desde hace mucho intenta dar ima­gen de “progresista” y más de una vez se ha pele­ado con la Bonaerense por el juego clandestino. Maroto dice no estar de acuerdo con algunas de las medidas propuestas por Blumberg, pero em­pieza a poner el debate en su justo punto cuando aclara por qué trabaja con él: “La gente está har­ta del sistema político y quiere cambiarlo”.

De ahí que no resulta descabellado el análisis de Horacio Verbitsky cuando supone (Página/12, 22/8) que quienes rodean a Blumberg intentan que éste consiga lo que no han logrado “ni la UCR, ni Macri, ni López Murphy ni Carrió”. Esto es, “uni­ficar las oposiciones de centro derecha” (obsérve­se, además, a quiénes pone Verbitsky en el mismo frente). Para Verbitsky, claro, sería una oposición al gobierno, no a los que luchan contra el gobier­no. Pero mientras la burguesía haga plata con la “recuperación” de Kirchner, la oposición capitalis­ta seguirá dividida, no importa lo que haga Blum­berg.

Por su parte, Blumberg ha tratado de definir­se a sí mismo en una larga entrevista con el Bue­nos Aires Herald (22/8). Allí, siempre con el argu­mento de la “seguridad”, procura meter mano en el negocio de los DNI y del control satelital de la telefonía celular, “con un costo extra de 30 dólares por teléfono”, según dice. Pero, más importante aún, añade: “Nosotros hablamos con especialistas internacionales, con gente que trabajó con el al­calde Giuliani, con el jefe de policía de Miami… En Chile, la policía militar (Carabineros) tiene una de las mejores imágenes del país”.

Blumberg asegura que él no es hombre de ex­trema derecha; sólo un dueño de fábricas, “y toda mi vida he ayudado a los trabajadores…”.

Luego, entra en polémica con el movimiento piquetero: “Líderes piqueteros me llaman a me­ nudo y yo les digo que ellos están completamente equivocados en su modo de protesta… Yo les digo que… pinten hospitales o cosas así. De ese modo, se ganarán la simpatía popular”. Blumberg los quiere debidamente castrados.

Pero, rápidamente, se empantana en sus con­tradicciones al subrayar que el gobierno lleva gas­tados entre 600 y 700 millones de dólares en la re­forma policial sin resultado alguno, y denunciar la connivencia de la Policía con la ola de secues­tros en San Isidro.