Las distintas problemáticas que sufren las personas con discapacidad y sus familias, se ven agravadas con el cuadro más general producido por la pandemia y los gobiernos que flexibilizan cada vez más la cuarentena, cediendo ante los intereses patronales.

Se calcula que en Argentina aproximadamente 5 millones de personas viven con algún tipo de discapacidad (censo 2010) y que alrededor de 1 millón de ellas cobran una pensión por invalidez. En los últimos días, con la discusión sobre los recortes que el gobierno nacional implementó sobre los programas de asistencia en el área de discapacidad, se ha puesto de manifiesto solo una de las aristas de los problemas que sufre este sector de la sociedad.

Las dificultades que padecen las personas con discapacidad para llevar adelante su vida son variadas, y van desde el plano estrictamente sanitario, pasando por cuestiones relacionadas a infraestructura, hasta el incumplimiento de derechos ya conquistados. El común denominador son las sistemáticas políticas de ajuste que el Estado ha venido implementando en relación las necesidades concretas de este sector.

Ajuste e incumplimientos

Para hacer un breve repaso, solo de los últimos años de estos ajustes, tenemos que retroceder hasta el 2017. Ese año, el gobierno de Mauricio Macri dio de baja unas 100 mil pensiones por discapacidad, colocando todo tipo de trabas burocráticas para restablecerlas; el actual gobierno solo se limitó a flexibilizar aquellos requisitos, pero no volvió a reintegrar el beneficio a quienes lo perdieron.

Estas pensiones están en el orden de los 11 mil pesos, representan un 75% de la jubilación mínima (en el caso de las provinciales el monto llega a ser de 800 a 1.200 pesos), y al igual que estas, han sufrido un duro golpe con la eliminación de la movilidad automática que llevó adelante el gobierno de Alberto Fernández a fines de 2019. Si este monto ya era insuficiente en un contexto de relativa normalidad se ha vuelto insignificante en el cuadro inflacionario que se desató a partir de la cuarentena, principalmente en el rubro alimenticio; ante esta situación el gobierno se limitó a otorgar como “aliciente” un bono de 3.000 pesos por única vez.

En el plano relacionado al corte de la atención sanitaria de los beneficiarios de estas pensiones, el desfinanciamiento continuado por parte del Estado del Plan Federal Incluir Salud (ex Profe) genera constantes problemas en cuanto a la entrega de insumos, la concreción de cirugías y tratamientos médicos. Como si esto fuera poco, en plena pandemia, el gobierno dictó un decreto que impone una serie de recortes a las prestaciones que distintos profesionales llevan adelante. Esto no solo perjudica a los trabajadores, en su mayoría precarizados, sino que incluso vulnera los derechos de las personas con discapacidad a recibir las terapias adecuadas. Desde la banca de Romina Del Plá (PO-FIT) en la Cámara de Diputados se ha impulsado un proyecto de ley que recoge las demandas sobre este último punto.

La cuestión que también está atravesada por la realidad social y económica que viven las personas con discapacidad es la habitacional. Si tenemos en cuenta que se estima que más de 3 millones de personas habitan en asentamientos o barrios informales (Registro Nacional de Barrios Populares llevado adelante por el gobierno nacional entre 2016 y 2017) podemos inferir que hay una gran cantidad de personas con invalidez que no ven resueltas sus necesidades básicas de acondicionamiento de sus lugares de residencia. Pero no solo en estos casos: al conjunto de la clase obrera se le vuelve realmente imposible, en términos económicos, llevar adelante refacciones de su hogar para que sean funcionales. Desde ya que estos gastos no pueden ser afrontados con las pensiones de miseria antes detalladas. En relación a este aspecto, pero llevado al ámbito público, el Estado tampoco garantiza las leyes relacionadas a la accesibilidad y tránsito en distintos espacios, como escuelas, medios de transporte o distintas instituciones y comercios, violando de esta forma otros derechos humanos elementales.

Otro de los grandes déficits que sufre el universo de la discapacidad es el relativo al incumplimiento de la ley que habilita un cupo laboral del 4% para personas con discapacidad en los distintos niveles del Estado. En una economía capitalista, quienes viven con una invalidez son desestimados de hecho como fuerza laboral, por lo tanto se ven impedidos de desempeñarse en el ámbito privado. El Estado tampoco los emplea, dejando como única opción el cobro de la pensión de miseria e imposibilitando que estas personas puedan gozar de autonomía económica.

Un planteo

Las personas con discapacidad son de las más vulnerables ante los ajustes que los distintos gobiernos capitalistas han venido implementando. En un cuadro como el actual, esa problemática se profundiza y requiere de una respuesta inmediata, pero no van ser los personeros de esas políticas de avasallamiento de derechos quienes la den sin más. Hay que impulsar la organización de las personas con discapacidad, profesionales y familiares, con el conjunto de la clase obrera, recogiendo las principales reivindicaciones de este sector para arrancárselas al Estado, y formando comités que sigan y garanticen su cumplimiento.

Vamos por pensiones cuyo monto sea igual a la canasta familiar. Por la atención de las necesidades habitacionales. Respeto y cumplimiento de las leyes de accesibilidad. Fin del vaciamiento del Plan Federal Incluir Salud. Pase a planta y centralización de la tarea de los profesionales asistentes de personas con discapacidad. Cumplimiento de cupo laboral del 4% para personas con discapacidad. Que se cumplan todas las leyes acordadas en el marco del respeto a los derechos de las personas con discapacidad.