La aprobación por la Legislatura del proyecto de “ocupación transitoria” de la fábrica Grissinópoli apenas pudo disimular el esfuerzo de todo el gran capital, sus voceros y hasta una parte del propio parlamento porteño por parar el tratamiento de esa ley y, por elevación, de todos los proyectos referidos a las fábricas ocupadas. “Si se confirmase la existencia de proyectos de esta naturaleza – alertó La Nación dos días antes de la sesión – habría motivos para encender una luz roja de alerta pues podría resultar afectado el principio que consagra el derecho de la propiedad privada” (10/10).

El proyecto de Grissinópoli, sin embargo, no contemplaba siquiera la expropiación parcial de las maquinarias – como había ocurrido con las fábricas Ghelco y Chilavert – sino apenas un derecho de uso de la planta por un lapso de dos años. En Grissinópoli, sin embargo, interviene un pulpo financiero que pretende comprar los activos en el curso de la convocatoria, haciendo uso de la figura legal del “cramdown” (desplazamiento de los acreedores por parte de un comprador). Bastó, entonces, que apareciera la propiedad privada, no “en abstracto”, sino bajo la forma concreta del “cramdownista”, para que los voceros del gran capital se lanzaran a frenar el proyecto de Grissinópoli.

Los voceros capitalistas reivindican la “legalidad de procedimientos”, aun cuando la figura del cramdown – concebida por la legislación norteamericana para salvar la continuidad productiva de una empresa – es, en este caso, el recurso para desmantelar la planta y usar su predio para un negocio inmobiliario. Por eso desapareció de la Legislatura la alegre “unanimidad” de anteriores proyectos. El bloque radical no bajó a votar: aunque dijeron que lo hacían en oposición a la ley de subtes que debía tratarse posteriormente, ya la misma Ucr había logrado postergar una semana el tratamiento de Grissinópoli, aun a sabiendas de que el desalojo judicial de la planta podía ser cuestión de horas. Los motivos de esta oposición se hicieron públicos: “La Ucr se opone al proyecto de ocupación transitoria de Grissinópoli porque considera que la firma está en etapa de concurso preventivo y que sus dueños están realizando este trámite, pero que también hay otros acreedores además de los empleados” (Ambito, 8/10). Este argumento fue el que expusieron, con dureza, los bloques derechistas que luego cuestionaron abiertamente el proyecto en el curso de la reunión. En esa orientación, Crespo Campos (Ucedé) anticipó que Ibarra vetará la ley para Grissinópoli, tal como lo había hecho – y acertado – con el subte. Si ello ocurre, el tibio “progresismo” del Estado de la ciudad hacia las fábricas ocupadas quedaría hecho pedazos ante el primer roce con intereses capitalistas privados.

Brukman

En este cuadro, la Comisión de Desarrollo Económico ha comenzado a tratar la situación de la fábrica Brukman, donde los obreros no reclaman simplemente un “resguardo” o “paraguas jurídico” para frenar el desalojo. Los trabajadores de Brukman han planteado en la Legislatura una salida integral: la expropiación de la fábrica (y la responsabilidad estatal posterior en su desenvolvimiento) bajo gestión obrera.

La Comisión rechazó de plano la posibilidad de la expropiación. Pero bajo la presión de las movilizaciones obreras y piqueteras, de la acción legislativa del PO y del propio petitorio de los trabajadores – que denuncia el carácter vacío de las cooperativas impulsadas por anteriores proyectos legislativos – (ver PO N° 775) la Comisión consideró algunos de los reclamos de Brukman. Admitió, así, una condición de “prioridad para las compras de indumentaria” por parte del Gobierno de la Ciudad, aunque en competencia con otros proveedores capitalistas. En cambio, los legisladores ni siquiera aceptaron una expropiación de las máquinas, y sólo dispondrían – al igual que en Grissinópoli – una “ocupación transitoria”.

En el marco de esta crisis, Altamira planteó comenzar el debate a partir de algunas reivindicaciones inmediatas: un subsidio inicial para impulsar la gestión obrera y una garantía salarial del Estado, así como las contribuciones previsionales y el acceso a la obra social.

El planteo de Altamira fue apreciado por los trabajadores presentes, que lo vieron como una ruta segura, sobre bases firmes, para la lucha por la expropiación sin pago. Al exigir que el Estado asuma su responsabilidad en reemplazo del capital privado, quedó planteado el contenido social concreto de una expropiación, que en ningún caso debería poner al obrero en peores condiciones a las de la explotación privada. De este modo, quedo abierto un debate en el seno de la Comisión, que desnuda la contradicción de los bloques patronales que dicen defender las “fuentes de trabajo” sin al mismo tiempo afectar el derecho de propiedad. Esta política logró abrir un debate sobre Brukman, en momentos en que, sin embargo, hay un operativo de bloqueo general hacia las fábricas ocupadas. Una ofensiva que coloca al rojo vivo la necesidad del frente común de todas por la expropiación definitiva, su sostenimiento económico por parte del Estado, la unidad con el movimiento piquetero y la lucha por una red única de todas las fábricas bajo gestión obrera.