La lucha por la privatización del correo apunta al monopolio de un mercado de más de 1.000 millones de dólares anuales. Gracias a la “desregulación” del negocio, el grupo Yabrán pudo hacerse del depósito fiscal de Ezeiza, del clearing bancario, del transporte de caudales, de la tercera parte de la correspondencia interna y de la mitad de la correspondencia enviada desde la Argentina al exterior.

Federal Express es otro beneficiario de la “desregulación” cavalliana: desde 1993 ha capturado el 10% del mercado por intermedio de los llamados “pequeños prestadores” (como lo acaba de reconocer el ambajador Cheek). También “los correos de Francia, Canadá y Suecia están interesados en la privatización y correrían con el caballo de Economía” (La Voz del Interior, 27/8). Cavallo intentó una privatización por decreto (Ambito Financiero, 30/8 ) pero ante el fracaso intentó armar un “reparto de mercado” entre los dos pulpos que también fracasó.

A la fecha, el negocio postal mueve en Argentina unos 1.000 millones de pesos anuales, aunque se espera que su valor aumente notoriamente en los próximos años. El promedio anual, en Argentina es de 14 cartas por habitante (La Voz del Interior, 22/8), una nimiedad si se la compara con las 300 por habitante de los países desarrollados. Bastaría con llegar a un promedio del 10% de esos países para hacer un negocio todavía mayor que el de las telefónicas (para comparar, Telefónica factura 1.600 millones al año).

La Cámara de Diputados introdujo numerosas modificaciones a la ley que votó el Senado y que sería la consecuencia según El Economista (1/9), de que “los importantes intereses económicos implicados en esta negociación también llegaron a una posición común”. Está claro que el servicio en manos de un monopolio privado provocará un alza generalizada de los precios. Pero el monopolio privado del correo ofrece la posibilidad de acceder a información relativa al manejo de las empresas. Como los transportes o los teléfonos, el monopolio privado del correo es un instrumento de la monopolización general de la economía.

Pese a los “acuerdos” y “modificaciones” que se han alumbrado en el Congreso, todavía quedan en pie dos divergencias capaces de volver a desatar la guerra: quien digitará la privatización de Encotesa y qué empresas podrán presentarse. Cavallo quiere que Haroldo Grisanti, actual presidente de Encotesa maneje la licitación. Con referencia a la segunda, los diputados han dejado de lado la limitación a la participación de empresas extranjeras que había impuesto el Senado (no podían tener más del 30%), pero han impuesto otro requisito destinado a excluirlas: sólo podrán participar las empresas de países con los que existan “convenios de reciprocidad” en el área postal.

Contra el monopolio privado del correo y contra el reparto monopólico del mercado entre dos pulpos coaligados, es necesario el monopolio postal por parte del Estado, bajo control de los trabajadores.