Muchos medios han considerado al Decreto de Necesidad de Urgencia 34/19, dictado este viernes por el nuevo gobierno, como una prohibición de despidos por seis meses. Incluso, algunos lo asimilaron a la norma que aprobó el Parlamento en 2016 y que fue vetada de inmediato por Macri.

Pues no es así: su único parecido es la limitada vigencia por seis meses. Se trata de una doble indemnización para los despidos sin causa, que de ningún modo prohíbe la cesantía -como sí lo hacía, taxativamente, la ley vetada en 2016, que otorgaba al trabajador un fuero de estabilidad laboral equivalente al fuero gremial y establecía así una vía sumaria para la reincorporación automática.

Así, el peronismo ha tenido una actitud en la oposición y otra como gobierno ya al instante de su asunción; ello cuando la situación de despidos es todavía más grave, porque ocurren en el marco de una recesión económica de casi dos años y se siguen sucediendo los cierres de empresas a diario (como en el caso de la papelera Kimberly Clark), los 600 despidos conciliados en el petróleo neuquino o las 300 cesantías que acaba de producir la Tabacalera salteña.

Por otro lado, sigue vigente la nefasta ley de Procedimiento Preventivo de Crisis, los famosos recursos que habilitan suspensiones y despidos a la mitad de la indemnización. Sin la derogación de esa norma, hecha la ley-hecha la trampa: las empresas, con el concurso del entreguismo de la burocracia sindical y del Ministerio de Trabajo, tienen una puerta de escape del reciente DNU.

Por su característica, la norma dictada por decreto es similar a la doble indemnización dispuesta por Duhalde en la crisis de 2002, que no tuvo prácticamente efecto porque la masacre mayor de cierres y despidos ya se había producido y comenzaba una lenta reactivación económica. En este caso puede encarecer algunos despidos o poner un peso más en el bolsillo del compañero indemnizado, pero tenemos que ser claros: así como hubo un colchón de precios aumentados por las patronales para cubrirse del posible pacto social, hubo también un “colchón de despidos” que alcanzaron a 9.252 trabajadores durante el pasado noviembre, acorde a un informe de Tendencias Económicas (Integración Nacional, 16/12).

Por otro lado, junto a los trabajadores de empresas en lucha por su reincorporación (como Mendicrim, Minetti, Kimberly, Enger de Entre Ríos y tantas otras), tenemos centenares y tal vez miles de compañeros en el Estado reclamando la reincorporación, desde el Inti -donde hay un fuerte movimiento-, pasando por Radio Nacional hasta Fanazul y una infinidad de reparticiones estatales que fueron víctimas de la masacre macrista.

Nuestra política es muy clara, la hemos explicitado en la campaña electoral. Se basa en el principio de la prohibición de despidos y el reparto de horas disponibles entre todos los trabajadores, como verdadera medida de emergencia para combatir la desocupación, que es una de las más altas de América Latina, superior a los dos dígitos y que -considerando a los subocupados- abarca a más de 3,5 millones de personas. Esto supone parar en seco los cierres de fábricas y garantizar su continuidad a partir de los recursos del Estado y la gestión de los propios trabajadores; incluso proceder a la reapertura de las empresas cerradas en el último período, cuyos trabajadores reclaman su reinstalación y reincorporación -como es el caso de la gráfica Interpack I, entre otras.

Para acompañar esa política hemos presentado oportunamente, con carácter de proyecto de ley, el articulado del dictamen de minoría que defendiéramos cuando salió el proyecto de prohibición de despidos en 2016. Nuestro proyecto plantea la prohibición total, con estabilidad laboral por el término de un año. Se trata de un principio de reorganización económica a partir de los intereses de los trabajadores y no de un parche demagógico para dar un argumento al colaboracionismo de los Daer y compañía en el comienzo de un pacto social que paraliza al movimiento obrero, mientras la crisis capitalista y el default se siguen descargando sobre los espaldas de los trabajadores.

Romina Del Plá y el Frente de Izquierda y de los Trabajadores insistirán en esta línea, acompañando una campaña política del clasismo en todo el movimiento obrero para no dejar pasar un despido más, al tiempo que luchamos por un mínimo salarial y jubilatorio encima de la canasta básica y la reapertura general de paritarias para recomponer los salarios de acuerdo con la inflación. Más que nunca seremos impulsores de la ocupación de toda fábrica que cierre o despida masivamente, porque la doble indemnización es pan para hoy y hambre para mañana.