El último acuerdo entre la conducción de UEPC (Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba), el sindicato docente de la provincia de Córdoba, y el gobierno de Juan Schiaretti, suspendió la cláusula gatillo de actualización salarial a cambio de una suma extraordinaria de $3000 dividida en dos cuotas, lo que significó en el último mes para los docentes apenas $200 pesos de diferencia con respecto al mes anterior. Esto cuando en dos meses el índice de precios al consumidor (el indicador que el propio gobierno utiliza para medir la actualización salarial) llegó casi al 10%. Como resultado de esta política, los docentes llegamos a noviembre con un salario absolutamente depreciado, un 30% por debajo de los $34784 que necesita una familia para no ser pobre. Incluso unos $2000 abajo de lo que cobramos de bolsillo en los dos últimos meses, debido a la caducidad de la suma extraordinaria. El gobierno negociará desde esa base, intentando consolidar el retroceso salarial de los docentes.

El gobierno y la conducción de UEPC pretendieron con el último acuerdo patear la pelota para adelante y postergar la discusión salarial para después de las elecciones. De idéntica manera actuó el gobierno con el Sindicato de Empleados Públicos, dirigido por el titular de la CGT Regional Córdoba y legislador oficialista José Pihén. Quieren encorsetar el salario dentro del pacto social que propone Fernández. El pacto social sólo apunta a aplastar los salarios.

El silencio de la conducción de UEPC con respecto al reclamo salarial y las negociaciones que deberían empezar en noviembre es la confesión asumida de su política: quieren garantizar la tregua hasta marzo, manteniendo atados a los docentes en un pacto social que los tendrá 5 meses sin aumento de sueldo, contando desde septiembre, con una inflación que crece a un ritmo acelerado y llegó sólo ese mes a casi un 6%. El deterioro salarial es flagrante, cuando nuestro sueldo se incrementó menos de un 25% este año, en términos interanuales la inflación llegó en la provincia al 52,66%.

La política del pacto social de Fernández, apoyada sin fisuras por los sindicatos cordobeses, le sirve al gobierno pejotista de Schiaretti para descargar la crisis provincial sobre los trabajadores. Suspendió la cláusula gatillo cuando la inflación se disparó abruptamente, con el argumento del retroceso de la recaudación, y ahora esta orientación es la vía libre para congelar los salarios y fijar un retroceso permanente. La conducción celeste de UEPC hizo campaña por Schiaretti y por Fernández y ahora su preocupación es cómo llevar adelante su política, que es contraria a cualquier reclamo o reivindicación de la docencia. Debería, en cambio, convocar inmediatamente a asambleas y establecer un reclamo y un plan de lucha para defender el salario y el trabajo de los educadores. El conjunto de las y los docentes, el activismo y las agrupaciones de oposición dentro del sindicato deben intervenir para romper este intento de establecer una tregua hasta marzo contra los reclamos y las necesidades de las escuelas y la docencia. Desde Tribuna Docente, dentro del Frente Unidad por la Recuperación de UEPC (FURU), hemos propuesto la convocatoria a un plenario que tome el problema y la acción en sus manos y que determine un reclamo para defender el salario y resuelva y oriente un plan de acción para encarar la lucha que necesariamente debe llevar adelante la docencia. Vamos por un aumento salarial de emergencia de 30% y por la plena vigencia de la cláusula gatillo sin condicionamientos ni topes.