El miércoles 8 de abril, después de casi 50 días de paro por tiempo indeterminado, el congreso de Unter resolvió suspender las medidas de fuerza y aceptar la escasa propuesta del gobierno.

La oferta gubernamental fue: cien pesos no incluidos en el básico y la retención del sueldo de marzo para ser devuelto en diciembre según se cumpla o no con la recuperación de las clases, previo adelanto en abril del 75% de diciembre.

A lo largo del conflicto se sucedieron intentos de todo tipo para desmovilizar y que se vuelva a las aulas con las manos vacías: intervención del PJ, arbitraje de la Iglesia, discursos llenos de provocaciones, intentos de organizar a los punteros en contra de la huelga, un fallo del Supremo Tribunal de Justicia para levantar la medida y, por sobre todo, la permanente afirmación del gobierno sobre el descuento de los días de paro.

La oferta que finalmente se aceptó es por demás escasa y nada tiene que ver con el esfuerzo que cada docente hizo en esta lucha. Sin embargo, le sirvió a la directiva para considerar que no había descuentos, llamar a congreso, promocionar su aceptación, suspender y luego levantar los cortes previstos para Semana Santa y finalmente levantar el paro.

La extensión del paro no fue en absoluto un motivo de desgranamiento; el acatamiento del paro rozaba aún el 50% cuando se realizó el último congreso. La base docente fue rechazando uno a uno todos los intentos de desmovilización y reafirmando su voluntad de no ceder ante las amenazas.

Fue justamente la permanencia de la movilización docente lo que permitió arrancarle al gobierno la oferta, derrotando la estrategia de congelamiento salarial para los estatales y todo tipo de apriete y amenaza contra quienes salen a luchar.

El gobierno tuvo al inicio del conflicto una actitud de indiferencia, pasó luego a la provocación con discursos y ofertas que no consideraban ningún aumento salarial hasta el anuncio de la coparticipación de la soja.

Cuando el dialogo estaba empantanado apareció el ‘mandamus’ intimidatorio dictado por la justicia.

La sucesión de acontecimientos permitió ver, a la par de una enorme voluntad de lucha y organización de la base docente, la gran crisis política de Río Negro. El ministro de Educación amenazó con renunciar, el resto de los jueces del Supremo Tribunal de Justicia se despegaron de quien firmara el ‘mandamus’ y no pudieron imponer ni con policías y punteros los ofrecimientos de cargo en El Bolsón. Una movilización de mil trabajadores repudio el patoterismo y las amenazas.

La directiva sindical estuvo todo el tiempo condicionada por la intervención cada vez más organizada del activismo y una gran base docente que salió a esta lucha de modo activo y dispuesta a luchar. Esto la obligó a esperar 40 días para poder levantar el corte de Chichinales y seis más para levantar el paro.

Repudiada en tres oportunidades en Río Negro, la Ctera jugó el rol que ha desempeñado en todo el país: no nacionalizar el conflicto, aislarlo, respetando acuerdos con el gobierno nacional y tratando de apaciguar los ánimos de lucha.

Queda en Río Negro una oposición heterogénea, intercomunicada en toda la provincia y con importante debate y disposición de continuar.

Una oposición alerta tanto de lo que hará el gobierno como su directiva, dispuesta a dar batalla a la reforma de media, a la reforma del estatuto docente y hasta a la reforma del estatuto sindical que se viene.

Una oposición que tendrá que hacer un acertado balance y dotarse de un programa clasista capaz de concentrar en sus filas a todo el activismo que se sumó a este conflicto.

Esa es la tarea. Esta lucha continúa.

Mali Quintillán