El adelantamiento de las elecciones para presidente es, antes que nada, una vergonzante manifestación de derrumbe político del gobierno y del conjunto del régimen que lo sustenta.

Duhalde estaba muy lejos de proponer una convocatoria electoral cuando decidió hace dos semanas “limpiar” la ruta de piqueteros. Todo lo contrario, suponía que si imponía “la ley y el orden” podría llevar adelante sin tropiezos el plan financiero del FMI y con eso durar hasta septiembre del 2003 y hasta digitar su sucesor (que hasta habría podido ser él mismo). En la reunión de gobernadores de mayo pasado en La Pampa, había obtenido un aval para completar su mandato. Sus voceros repetían sin cesar que “lo peor de la crisis ha pasado”, de modo que ya no se justificaban la protesta ni la lucha populares. En el cerebro de este régimen de incapaces, un acuerdo puramente contable con el FMI, de un lado, y los planes para jefas y jefes de hogar, del otro, alcanzaban para asegurar la estabilidad política y lo que llamaban el “aislamiento” de los piqueteros. El fracaso de la masacre premeditada de la estación Avellaneda acabó con estas fantasías y obligó al gobierno a echar lastre. El adelanto de las elecciones es un reconocimiento vergonzante de que ha fracasado en todos sus planes y en particular en el objetivo de liquidar al movimiento piquetero y a las asambleas populares.

Crecimiento y victorias del movimiento piquetero

Para poner en perspectiva el proceso que culmina por ahora en el adelantamiento electoral, es necesario decir que la liquidación política del movimiento piquetero y de las asambleas populares fue el primer objetivo estratégico que se fijó este gobierno (y antes de él Rodríguez Saá). A esta finalidad apuntó la integración al Estado de la CCC y de la FTV-CTA, mediante la co-gestión de los planes de empleo en los llamados “consejos consultivos”. El mismo objetivo se asignó Ibarra con respecto a las asambleas populares. En San Isidro, Merlo, Lanús y San Telmo, las asambleas fueron objeto de persecuciones por parte de matones de las intendencias.

El desarrollo del Bloque Piquetero Nacional marcó el descomunal fracaso de esta política de destrucción “indolora” del movimiento piquetero. El Bloque, y dentro de él el Polo Obrero, ganaron nuevas fuerzas precisamente como consecuencia de la colaboración de los Alderete y D’Elía con el Estado. La política del Bloque Piquetero de impulsar la colaboración con la Aníbal Verón y con el Mijd de Castells, reforzó enormemente al movimiento y marcó un mayor retroceso político del gobierno. El acto del 1° de Mayo pasado convirtió al Bloque Piquetero en la referencia excluyente de los explotados de todo el país. Todo esto clarificó las posiciones en el campo de las masas. Ahora, Alderete se ha visto obligado a declarar a La Nación que no comparte la necesidad de completar la obra del 19 y 20 de diciembre, aunque tampoco apoyó en diciembre la rebelión popular. D’Elía, por su lado, volvió a denunciar a los piqueteros, como lo hiciera también el pasado 19 de diciembre, alineándose con el campo del gobierno. El fracaso en acabar con el movimiento piquetero, sea por la vía política como por la represiva, es la causa fundamental que obliga a Duhalde a echar lastre y anunciar su retiro seis meses antes del mandato que le confiriera la Asamblea Legislativa.

La nueva situación política demuestra el enorme acierto de la última Asamblea Nacional de las organizaciones piqueteras al votar el plan de lucha que se inició con los cortes del miércoles 26. Sólo un ignorante completo de la situación de los trabajadores desocupados y de la lucha piquetera puede afirmar que el Bloque, la Verón y el Mijd no tuvieron en cuenta las amenazas de represión policial y que mantuvieron equivocadamente el plan de lucha. No fue la movilización del 26 lo que motivó la masacre; son las masacres cotidianas del gatillo fácil, que no se amparan en el pretexto de los cortes de ruta (Ing. Budge, Dock Sur, Floresta, Cipolletti, Miramar, Bordón, Bulacio, Miguel Bru, Gisela Barreto en Tres de Febrero, las torturas y muertes en las comisarías bonaerenses o mendocinas, los asesinatos de inocentes en los tiroteos de la policía con la delincuencia, como en Ramallo, entre otros), son esas masacres las que determinaron el plan de lucha. Se registraron 220 casos de gatillo fácil en solamente dos años. Asistimos a una política de asesinatos selectivos, como ocurrió el 20 de diciembre a muchas cuadras de distancia del escenario de los enfrentamientos. El movimiento piquetero, él y su plan de lucha, son el reflejo de esta realidad, de ninguna manera la desconocen. Precisamente por este motivo el carácter de masa del movimiento crece, como se mostró el jueves 27 y el miércoles 3 en Plaza de Mayo.

Que no se vaya nadie

La convocatoria electoral para marzo se limita al Ejecutivo, o sea que es una maniobra de perpetuación, no ya del régimen político, sino hasta de su personal, cotidianamente repudiado en las calles. Duhalde se ha convertido en un lastre para el régimen y para sus aprovechadores. La burguesía no acepta que se incluya en la convocatoria el acortamiento de los mandatos de todas las instituciones existentes, porque significaría romper su orden jurídico en condiciones de presión popular, o sea admitir una derrota potencialmente revolucionaria. Es precisamente para disimular las características revolucionarias de la situación que, cuando convenga a los mandones de turno, podría darse la posibilidad del adelantamiento electoral en algunos distritos, o sea en cuentagotas o fragmentado.

Duhalde, en realidad, no ha acortado su mandato de septiembre a marzo del 2003 sino que pretende alargarlo hasta esa fecha, porque desde la masacre de Avellaneda es un gobierno sin ninguna autoridad. No sólo enfrenta la ira popular; también enfrenta la desintegración de la Bonaerense, una parte fundamental del Estado. Cuando un gobernador dice públicamente que el cuerpo de oficiales de la represión le miente, está reflejando la desintegración del aparato estatal y mucho más todavía, porque el gobernador sabía que le mentían y aceptó seguir el juego. Ha quedado al desnudo que el régimen actual esconde una conspiración permanente entre las distintas mafias del Estado.

La misma situación de privación de mandato enfrenta Duhalde con relación al FMI. La misión de Lavagna a Washington no ha resuelto nada, como lo demuestra que ha tenido que pedir un crédito puente a Suiza para pagar la deuda externa con el BID, el cual no ha querido renovarla. Lavagna se ha visto obligado, asimismo, a aceptar la formación de una Junta de Tutela de Argentina, compuesta por los ex presidentes de los bancos centrales de Estados Unidos y Alemania, y por un ex presidente del FMI. Estos jerarcas del capital elaborarán el plan financiero de Argentina, o sea la redolarización de la deuda externa con los bancos locales, que fuera pesificada a principios de año, y un bono compulsivo a los ahorristas. Toma forma de este modo la propuesta formulada por dos economistas yanquis, en febrero, de convertir a Argentina en un Protectorado económico, similar a lo ocurrido con Austria bajo la ocupación aliada posterior a la Segunda Guerra. Esta radical transformación de Argentina en una colonia financiera significa que el FMI le ha bajado el pulgar al gobierno.

La situación refleja la bancarrota de la burguesía argentina, que ha fracasado en su intento de salvarse con la devaluación y la pesificación. Ya hay doscientas grandes empresas que han declarado una cesación de pagos privada, es decir que están en convocatoria de acreedores. Dependen por completo de una refinanciación internacional de la deuda, cuando todo indica que el capital prefiere que declaren la bancarrota para alzarse con sus activos. De aquí a marzo se juega el destino de una gran parte de la burguesía e incluso de capitales europeos como Repsol. En consecuencia, la relación con el FMI está muy lejos de haberse encaminado.

Un pagadiós

Duhalde quiere entonces ganar tiempo. Por sobre todas las cosas, pretende usar el “adelantamiento” para denunciar a los piqueteros que seguirán la lucha, como enemigos de las elecciones o de la democracia. De cualquier manera, la convocatoria electoral vale tanto como la “promesa” de Duhalde de que la reactivación de la economía tendría lugar a partir del 9 de julio. Ya una gran parte de los analistas está advirtiendo que probablemente Duhalde deba aún adelantar más las elecciones que ha adelantado. El cronograma pergeñado por el gobierno tiene por principal objetivo arreglar la crisis del justicialismo, por medio de una interna abierta. Ya hay, sin embargo, varios punteros del PJ que dicen que irán “por afuera” de la estructura oficial. Los gobernadores aprobaron la convocatoria presidencial, en especial Menem, pero se han reservado el derecho de sabotearla.

El “adelantamiento” no define, por lo tanto, la emergencia de un cuadro electoral, sino que es la manifestación de la grave derrota política del gobierno ante la lucha piquetera, o sea que es una reacción ante la acentuación de la crisis de poder. Los que se apresten a vender la piel del cordero electoral antes de despellejarlo, lo harán a sus expensas. Es necesario rechazar el “adelantamiento” porque más que nunca se plantea que se vaya Duhalde y que el poder pase a una Asamblea Constituyente.

En las 24 horas posteriores al anuncio de Duhalde, hubo un reguero de pronunciamientos a favor de una Asamblea Constituyente, que apenas disimulan la disposición a aceptar el planteo del gobierno. Para Ibarra, por ejemplo, o para el ARI, la Asamblea sería necesaria para cancelar los mandatos actuales y poder convocar a una elección general en todos los órdenes. Pero aquí y en la CTA la alternativa de promover una convocatoria general apenas disimula la intención de apoyar la convocatoria de Duhalde, al menos como mal menor o para contribuir o seguir contribuyendo a la “gobernabilidad”. En definitiva, aceptan el pagadiós de Duhalde.

El poder a una Asamblea Constituyente

También se ha adscripto a la Constituyente Luis Zamora, que la mencionó dos veces hace seis meses y la ha vuelto a recordar ahora. Para Zamora, la Constituyente debería “refundar el país” y “discutir qué proyecto de país queremos”. Más allá de este lenguaje que ubica a Zamora por encima de las clases o abarcándolas como una realidad o sujeto único, y que tiene un enfoque que se cierra en el marco del Estado nacional, la línea argumental reniega del planteo del poder y circunscribe la política al “debate” o a la formulación de “nuevas ideas”, como si estuviéramos en un club y no ante una feroz lucha de clases y a una feroz lucha internacional, y rechaza una lucha or-ga-ni-za-da de clase. Zamora la emprende contra la organización cada vez que puede, ignorando que ella fuera calificada como la “única arma del proletariado en la lucha por su emancipación”. En el programa que dirige Majul del martes 2, atacó a organizaciones piqueteras, sin especificar, por su “caudillaje”. Este ataque sigue los pasos de Luis D’EÍía. Se ha olvidado Zamora, sin embargo, que los propios piqueteros son los caudillos del resto de los trabajadores que aún no están organizados, y esto incluso antes de que sus mejores cuadros se convirtieran en caudillos del movimiento piquetero. Zamora no vacila, por su parte, en admitir que le gustaría ser presidente “de millones que luchan”, o sea convertirse en un caudillo que no ha organizado ni acaudillado nada pero que estaría dispuesto a usufructuar lo que han organizado otros. Una usurpación del liderazgo popular por un político pequeño burgués es un camino seguro hacia la derrota. En este marco, Izquierda Unida ha vuelto a apurarse a candidatear a Zamora para la presidencia.

Toda esta confusión responde a un enorme prejuicio político, que consiste en sostener que las situaciones revolucionarias son cosa del pasado y que por lo tanto es necesario aprovechar las crisis políticas para producir ganancias electorales o parlamentarias. Si esta posición llegara a prevalecer, se plantearía el peligro de una fuerte derrota popular. Una ilusión electoral que desarme la lucha de masas y su propia dinámica con relación al poder, sería aprovechada por los explotadores para consumar lo que no pudieron en Avellaneda a una escala bien superior.

La situación concreta es que la convocatoria electoral no ha disipado la crisis política ni la movilización popular y que no ofrece una consistencia que autorice a suponer lo contrario de aquí en más.

Lo que es innegable también es que este giro político coloca con mayor fuerza y casi perentoriamente, es decir mucho más que antes, el tema del poder y de la crisis política como insoslayable en cualquier organización popular, no sólo entre los piqueteros y las asambleas populares, e incluso en todas las clases sociales. En la movilización del 3, en Córdoba, participó casi la mayoría de los sindicatos oficiales, lo que da una muestra del sacudimiento que, por vía directa o indirecta, afecta a las grandes masas. La gigantesca movilización del Gran Buenos Aires y la ciudad ha sido un golpe muy fuerte contra el terrorismo intimidador del gobierno.

El movimiento popular en lucha debe unificarse en torno a un objetivo político propio, pues uno de los propósitos del “adelantamiento” es dividirlo entre alternativas ajenas. Por eso debe pronunciarse por una alternativa de poder, o sea por una Asamblea Constituyente soberana en la nación, provincias y municipios. Plantear esta reivindicación política obligará a los piquetes y asambleas a dar otro paso más, o sea a discutir quién realmente puede convocar a esa Asamblea Constituyente. Emergerá entonces la necesidad de una gran coordinación de fuerzas y la presentación de una alternativa de gobierno provisional de los piquetes, asambleas y organizaciones populares en lucha, para poder hacer efectiva la convocatoria a una Asamblea Constituyente soberana.

No a la autoprórroga de mandato por parte de Duhalde.

Juicio y castigo a los policías y al gobierno responsables de los asesinatos de los compañeros Darío Santillán y Máximiliano Kosteki.

Que se vayan todos.

Por una Asamblea Constituyente libre y soberana.