07/05/2020 | 1592

EDITORIAL Aflojan con los bonistas, ajustan los salarios

Después de repetir una y otra vez que la propuesta de reestructuración de la deuda era inmodificable, el gobierno de Alberto Fernández admite lo contrario. En una solicitada firmada por el ministro de Economía, Martín Guzmán, les dice a los acreedores que está dispuesto a buscar un “denominador común”, e incluso los llama a que elaboren una propuesta. El recule viene de antes, porque el propio gobierno ha transparentado que ya hubo ofertas y contraofertas previas. 


La presión de los acreedores puso de manifiesto la endeblez del frente de apoyo que el gobierno armó trabajosamente desde el momento mismo de su asunción. Sucede que el FMI y los gobiernos de los Estados imperialistas le brindaron su apoyo a Alberto Fernández para que arregle con los acreedores, no para que vaya al default. Después de todo, tanto el primero como los segundos son garantes de los intereses de capital financiero, no son sus enemigos. Los resultados están a la vista: después de muchas fotos y palmadas en la espalda, el gobierno no logró al momento que el Club de París reprograme el pago de 2.100 millones de dólares que acaba de vencer, ni una reprogramación de los pagos al FMI que crecen/crecerán bruscamente en los próximos años.


Idéntica posición han adoptado la burguesía nacional y hasta la propia burocracia sindical. El gobierno convocó a Olivos a la cúpula de la UIA y la CGT para solicitarle apoyo en la negociación. Los representantes de la burguesía industrial, con sus compinches de la CGT, le brindaron un apoyo condicional: para acordar sí, para defaultear no. No cabe ninguna duda que los Larreta, Morales o Schiaretti, que firmaron la solicitada de apoyo al gobierno, rumbean en esa dirección. Así, el grupo de apoyo que armó el gobierno puede transformase de un día para el otro en lo contrario -o sea, un grupo de apoyo a los acreedores. Por lo pronto, con solo pasearse por Olivos, los empresarios ‘miserables’ han logrado meter en el freezer el llamado “impuesto a los ricos”, que sigue sin aparecer.


Encerrona


El gobierno se ha metido solito en una encerrona. Como su propuesta original fue calificada unánimemente como “mejor de lo esperada”, ya que prácticamente no había quita de capital y los intereses superaban ampliamente la tasa promedio internacional, ahora aparece que con simples modificaciones podría lograr un acuerdo. Siguiendo esa línea, muchos economistas a sueldo de los fondos de inversión dijeron que en este cuadro de acercamiento de posiciones un desacuerdo sería “un capricho del gobierno”. Sin embargo, el tema es que “tan buena” fue la propuesta para los bonistas que cualquier mejora convierte a la reestructuración en una farsa completa.


Esto lo saben perfectamente los fondos de inversión, que han concentrado su reclamo en mejorar el precio de salida de los bonos luego de la reestructuración. La determinación de ese precio depende de una serie de factores, pero el fundamental es el de la política económica que el gobierno se comprometa a aplicar. Detrás de la demanda de “precisiones” sobre el plan económico, que repiten todo el tiempo los periodistas a sueldo de los capitalistas, se esconde en realidad la exigencia de que se ponga en marcha una política de ajuste de dimensiones extraordinarias. Eso reclama el “club de amigos” del gobierno que capitanea el FMI. Por lo pronto, ya se admite que la caída del PBI 2020 sería del 6,5% y el déficit fiscal “solo” 3%, lo que supone un ajuste descomunal del “Estado presente”.


Junto con el reclamo de un ajuste generalizado, crece la presión de los capitalistas por una nueva devaluación. La fuga de capitales continúa, como lo prueba la salida de los dólares de los bancos, que ha continuado incesantemente, afectando otra vez las escuálidas reservas del Banco Central. Los sojeros retienen la cosecha y las ventas de granos caen casi un 20% en comparación al mismo período del año anterior. El salto en los tipos de cambio paralelo ha ampliado la brecha con el dólar oficial llevándola hasta un 80%. Las medidas de regulación del gobierno, como el control a las empresas que compran dólares, están condenadas al fracaso. Difícilmente logren contener la presión devaluatoria pero, mientras tanto, afectan el comercio exterior del país, al frenar exportaciones e importaciones.


Ofensiva


El gobierno ha tomado nota del reclamo de un ajuste contra los trabajadores y se propone llevarlo adelante. El pacto suscripto entre la UIA, la CGT y el Ministerio de Trabajo implica un recorte de salarios del 25% de bolsillo para varios millones de trabajadores. Se trata de un golpe brutal, pues es una reducción nominal del salario que se suma a la desvalorización que produce la inflación. A su vez, en muchas empresas, el recorte es aún más importante. Los empresarios argumentan que no han podido acceder a los fondos de la Anses, dispuestos por el gobierno para el pago de salarios. La burocracia sindical se ha avenido a estos acuerdos admitiendo todo tipo de recortes. Pretexta que al menos así se defienden los puestos de trabajo, pero sabotea todas las luchas de los trabajadores que enfrentan los despidos mediante medidas de acción directa. Se trata por cierto de una impostura, pues la pérdida de puestos de trabajo no se detiene y se anuncian planes que implicarían una mayor sangría. 


A partir del pacto UIA-CGT-gobierno se han acelerado los pasos para poner en pie el Consejo Económico y Social, que oficiará como vehículo para hacer pasar la ofensiva que se viene. El rescate de la deuda que se está negociando con los bonistas y el plan económico que asegure el pago a los acreedores irían de la mano de un monitoreo más estrecho de la economía por parte del FMI.


Como parte del ataque a los trabajadores, el gobierno acaba de informar que seguirá durante todo el año con aumentos por decreto a los jubilados, incumpliendo la ley votada en el Congreso, que lo obligaba a elaborar un nuevo índice de movilidad previsional. Esta decisión supone nuevos ajustes a los jubilados, mientras avanza de modo sistemático el vaciamiento de la Anses y la liquidación completa de su Fondo de Garantía. Al momento, todos los subsidios han salido justamente de la caja previsional que, a la vez, pierde ingresos porque las rebajas salariales se hacen eximiendo a los empresarios de todo aporte, el patronal y el aporte del trabajador. En este cuadro, la jubilación mínima se ubica en los 130 dólares, una cifra que hace recordar a los nefastos años noventa de Menem y Cavallo.


Otro punto donde empieza a crecer la presión es sobre los salarios estatales, que los capitalistas piden reducir para que los fondos públicos se usen para su salvataje. Las maniobras de reducción de los ingresos de los funcionarios políticos deben leerse en este contexto. Es sabido que los funcionarios consiguen sus verdaderos ingresos de la corruptela y no de sus salarios formales. Una pelea de fondo por los sueldos de los trabajadores estatales se está procesando en la Ciudad de Buenos Aires, donde Larreta pidió autorización a la Legislatura para congelar y pagar en cuotas los salarios y reducir los contratos de locación de servicios, además de poder manejar el Presupuesto a su antojo. La bronca generalizada que se generó entre los trabajadores lo está llevando a recular parcialmente en sus objetivos. 


A desarrollar las luchas


La situación tomada de conjunto se resume en el intento de los capitalistas de descargar la crisis sobre las espaldas de los trabajadores, aún a costa de la salud y de la vida. Otra vez aquí vemos a la burocracia sindical ubicada en la vereda de enfrente, reclamando con las patronales que se retome la producción sin condicionamientos. Esa orientación, en nuestro vecino Brasil, está llevando a la muerte a 600 personas por día. 


El gobierno es el instrumento principal con que cuentan los capitalistas para esta ofensiva. La derecha macrista actúa como un grupo de presión, medrando en la interna oficial. Lo sucedido con la crisis carcelaria debe ser tomado en cuenta por los trabajadores. La presión de la derecha y de sectores del propio elenco oficial hicieron recular al gobierno, y terminaron negando el derecho al arresto domiciliario a personas con bajas condenas o próximas al cumplimiento, expuestas al contagio masivo dentro de los penales. En cambio, han filtrado domiciliarias a violadores y abusadores, a genocidas y hasta el ex secretario de Seguridad de San Miguel del Monte, preso por la masacre de los pibes en esa localidad.


La única forma de enfrentar la ofensiva del gobierno y las patronales es mediante la acción directa de los trabajadores. Aún en un cuadro de cuarentena se están librando luchas muy importantes. Los trabajadores de SKF han ido al paro por falta de pago y se suceden medidas en decenas de empresas del país. Es de resaltar la decisión del Sutna que, rechazando las rebajas salariales, ha logrado que las patronales del neumático paguen el 100% del salario. O la conquista del salario y el aumento adeudado por parte de los municipales reprimidos en Jesús María, Córdoba, que fueron a la huelga con su sindicato a la cabeza. La jornada nacional del Polo Obrero y las organizaciones de desocupados en lucha conmovió al país con la denuncia del hambre y la condena al contagio en villas y barrios populares, superando los intentos represivos que incluyeron detenciones de compañeros en Resistencia y Villa Constitución. Esto muestra que las luchas se pueden ganar y que es necesario oponerle a la ofensiva capitalista la acción decidida de los trabajadores.




 

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Editorial. Escribe Gabriel Solano
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