“Con Trump todo bien” repitieron insistentemente en el círculo íntimo de Alberto Fernández, buscando minimizar la controversia abierta por el papel activo del magnate yanqui en el golpe de estado en Bolivia. Pero la afirmación no sólo destilaba pusilanimidad sino también una ilusión infundada. Las recientes sanciones anunciadas contra las exportaciones de acero y aluminio de Brasil y Argentina a los Estados Unidos pusieron las cosas en su lugar, mostrando que la belicosidad del imperialismo norteamericano abarca a todos los países de la región. No ha quedado exceptuado el gobierno de Bolsonaro, que se presentaba como el más pro-yanqui de América Latina. Los recientes acuerdos petroleros sellados con China y el anuncio de un posible acuerdo de libre comercio de Brasil con el gigante asiático suscitaron las sanciones impuestas por Estados Unidos. Toda América Latina se ha convertido en una zona de disputa de las grandes potencias, que pelean por el saqueo de sus recursos naturales, el copamiento de sus mercados y la explotación de su fuerza de trabajo.

Otra vez la deuda

El impacto de las sanciones anunciadas por Trump no se limitó al derrumbe de las acciones de las empresas afectadas. La nueva suba del riesgo país indica que el capital financiero interpretó que la renegociación de la deuda impagable que tiene la Argentina en el corto plazo será más difícil de lo previsto. La intención del gobierno de Alberto Fernández de contar con el apoyo de Trump para un acuerdo rápido carece de todo fundamento, sobre todo si ese acuerdo se quiere sellar sorteando el monitoreo del FMI y los condicionamientos que el mismo supone en materia de política económica y de beneficio a determinados monopolios norteamericanos. Este dato tiene mayor importancia porque la información periodística da cuenta de que, por el momento, se habría impuesto en el equipo económico del nuevo gobierno el bloque que plantea privilegiar un acuerdo con los grandes fondos de inversión postergando al FMI. Es sabido que la Argentina se ha convertido en una colonia financiera que es disputada por distintos sectores del gran capital internacional. El gobierno de Alberto Fernández está lejos de querer romper este sometimiento, y limita su política a oscilar entre los distintos bloques capitalistas. Pero esas oscilaciones pueden demorar un arreglo de la deuda, lo que derivaría en un default a corto plazo, ya que las reservas del Banco Central sólo alcanzan para hacer frente a los vencimientos acumulados hasta abril. 

El carácter confiscatorio y anti-nacional de las distintas variantes que analiza el equipo económico de Alberto Fernández se pone de manifiesto en el hecho de que todas demandan un ajuste fiscal de mayor cuantía contra el pueblo. Ese ajuste, necesario para asegurar las condiciones de repago de una deuda reestructurada, sólo puede hacerse sobre la base de un ataque a las condiciones de vida del pueblo, empezando por los jubilados cuyos haberes serían desindexados para que la inflación los desvalorice aún más. Pero por la envergadura de la crisis se pone en cuestión la sobrevivencia de grupos capitalistas de importancia, sobre todo los pertenecientes a la llamada ‘burguesía nacional’. El intento del gobierno de sortear al FMI en la renegociación de la deuda tiene que ver con esta cuestión de fondo. Según todos los trascendidos, Alberto Fernández tiene previsto aplicar una emisión monetaria de enormes dimensiones para ir al rescate de sectores capitalistas, mediante un congelamiento de tarifas a las empresas y otro tipo de beneficios impositivos. 

Ese congelamiento, como ya sucediera bajo los gobiernos kirchneristas, iría de la mano de subsidios millonarios a las empresas privatizadas y de transporte sin que eso implique ningún compromiso de inversión por parte de estas. Así, la clase capitalista sería la gran beneficiaria de esta emisión mientras para los trabajadores implicará una mayor carestía y, por esa vía, menores salarios. Los economistas del futuro gobierno se consuelan diciendo que esa emisión no generaría inflación porque la profundidad de la recesión inhibe nuevos aumentos de precios. Pero lo más probable es que suceda lo contrario: el parate económico bloqueará que la emisión sea absorbida por una mayor circulación de capitales y mercancías, agravando la inflación. Si a esto se le suma la muy probable nueva devaluación, sea directa o indirecta vía un desdoblamiento del tipo de cambio, al final del camino tendremos una inflación confiscatoria en beneficio de sectores capitalistas. A esto se reduce lo esencial del llamado ‘plan verano’ de Alberto Fernández.

Por la independencia política de los trabajadores

El carácter antiobrero y antinacional de los planes que se anunciarán buscará ser encubierto con algunos aumentos de salarios y jubilaciones para los sectores de menores ingresos. Si ese aumento fuese de 5.000 pesos, como indican algunas versiones, supondría aproximadamente un 30% para el salario mínimo y mucho menos para el resto de los trabajadores. Contra una inflación del 54% en el año en curso y de al menos 45% para el entrante, este aumento en realidad será lo contrario: implicará un nuevo ajuste y una reducción salarial. Para los desocupados el anuncio de una tarjeta especial esconde un acuerdo con los supermercados, que se aseguran un flujo de ventas en detrimento de los comercios más pequeños. 

El apoyo cerrado de todas las direcciones sindicales y centrales obreras, así como también de las organizaciones sociales del llamado ‘triunvirato Vaticano’, muestran que esta política confiscatoria solo puede progresar de la mano de un reforzamiento de la estatización de los sindicatos. El “pacto social” que vienen tejiendo en las sombras la CGT y la UIA va en esa dirección, lo mismo que la formación de un Consejo Económico y Social que implicará una institucionalización de ese proceso de estatización, para atacar a los todos los colectivos obreros que rechacen esta regimentación. En este cuadro cobra valor la movilización que está organizando el Plenario Sindical Combativo, sobre la base de un programa de reivindicaciones que se opone a este “pacto social”. 

La defensa de la independencia política de los trabajadores se convierte en la consigna central para atravesar la primera fase del nuevo gobierno. Llamamos al Frente de Izquierda-Unidad a una campaña política sobre la base de este planteamiento estratégico.