El fracaso del gobierno en imponer el tarifazo en los servicios públicos en los términos que pretendió inicialmente ha obligado al macrismo a discutir un nuevo cuadro político. De manera improvisada el gobierno oscila entre dos tendencias: lanzar prematuramente la campaña electoral, tratando de imponer un gesto de autoridad que le dé una mayoría parlamentaria que hoy no tiene, o buscar un acuerdo nacional con gobernadores del PJ, el massismo, la burocracia de la CGT y la Iglesia. Aunque a priori se tratan de alternativas políticas contrapuestas  tienen un sustento común: la debilidad del gobierno para hacer frente a una bancarrota económica y social de proporciones.

 

División

 

Es imposible pasar por alto que el gobierno que requiere un gesto de autoridad o un gran frente nacional tiene en su interior una división creciente. Los choques entre el ministro de Economía, Alfonso Prat Gay, y el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, son el resultado directo del empantanamiento económico que agudiza los choques en la propia clase capitalista. En lo que va del segundo semestre, la caída de la producción industrial se ha incrementado; la construcción continúa por el piso y siguen sin aparecer las inversiones en obra pública anunciadas por el gobierno; también caen las ventas, como expresión del retroceso de la capacidad adquisitiva de los salarios.

 

Las medidas adoptadas por el gobierno han agravado las contradicciones del proceso económico. El nuevo endeudamiento que siguió al pacto con los fondos buitres favoreció una entrada de capitales que sirvió para fijar el dólar en torno de los 15 pesos, creando una inflación en dólares similar a la de la era kirchnerista. Como los capitales que ingresan buscan explotar una tasa de interés varias veces superior a la internacional, se abrió un frente de choque que le reclama al BCRA que baje más la tasa. Sturzenegger culpa a Prat Gay, señalando que la rebaja de la tasa depende de un mayor ajuste fiscal, para evitar que el rojo de las cuentas del Estado se siga financiando con emisión monetaria. El presidente del BCRA navega en aguas tormentosas. Una baja pronunciada de la tasa de interés podría llevar a que se desarmen las colocaciones en Lebac, armándose una corrida hacia el dólar. Para evitarlo debe continuar pagando tasas usurarias, que anualmente representan intereses que rondan los 200.000 millones de pesos, lo que explica las ganancias enormes del sistema financiero.

 

La inflación en dólares que se ha producido como consecuencia de este impasse está en la base del incremento de las importaciones, no de bienes de capital, que daría cuenta de un proceso de inversión, sino de productos de consumo final. Esta situación explica los choques con la Unión Industrial y la vuelta de quienes reclaman un dólar a 20 pesos o más. Una medida de este tipo

 

produciría una presión adicional sobre los precios, en momentos en que el gobierno está queriendo implementar el tarifazo. Frente a esta situación, crecen los reclamos de un cambio de gabinete, que consagre un mando único en la política económica. Macri se resiste a esta presión, porque laudar a favor de determinados intereses es el camino más rápido para enviar a la oposición a los grupos económicos perjudicados.

 

¿Oposición nac and pop?

 

El reclamo proteccionista de un sector de la clase capitalista le puede dar a la oposición patronal un anclaje real de intereses para intervenir en las elecciones del año que viene. Massa, como Urtubey y otros dentro del PJ, coquetea con esos reclamos de un sector de la UIA. Por esa vía, también, buscan interesar a los trabajadores, apareciendo como ‘defensores del trabajo argentino’.

 

La burocracia sindical de la CGT ‘unificada’ colabora en traficar este reclamo patronal, como si fuese el programa de los trabajadores.

 

Los límites de ese planteo, sin embargo, están dados por la quiebra del Estado. Después de todo, cualquier política “nacionalista” de la burguesía pasa por utilizar la caja estatal en su beneficio. Fue lo que hizo el kirchnerismo, hasta llevar al borde de la quiebra al BCRA y la Anses. La crisis fiscal, que se ha agudizado con la rebaja de las retenciones y la caída de la actividad económica, le quita bases de sustentación a las veleidades nacionalistas de la oposición patronal.

 

Al fin de cuentas, esto explica que la ‘salida’ en la que coinciden oficialistas y opositores es redoblar la presión sobre la clase obrera. En la mesa del “gran acuerdo nacional” que el gobierno quiere convocar está la ley de empleo joven, que precariza más a los trabajadores e incentiva el despido de los ‘viejos’, y la reforma de las ART, para bajar el costo patronal. En la misma línea se inscribe la reforma previsional, para aumentar la edad jubilatoria de hombres y mujeres. Esta presión antiobrera desplegó toda su potencia en Salta, donde todo el arco político patronal, con el obispo incluido, apoyó el reclamo de Seaboard Corporation para imponer un nuevo régimen laboral y una reducción salarial. La gran lucha de los obreros azucareros, que contó con el único apoyo militante del Partido Obrero, le puso un límite a esta ofensiva.

 

Lucha y programa

 

Aunque el alcance de la crisis obliga a la oposición a comprometerse con el ajuste antiobrero en marcha, esto no le impide maniobrar para presentarse ante los trabajadores como defensores del interés nacional y del trabajo. La burocracia kirchnerista de Yasky ha buscado colocar a la Marcha Federal en esa sintonía. Para la izquierda esto representa un desafío, pues al tiempo que participa de las luchas contra el gobierno y la clase capitalista, debe desenvolver un programa obrero frente a la crisis. Sin una lucha programática a fondo, la izquierda está condenada a ser furgón de cola de

 

alternativas decadentes del nacionalismo. En última instancia, esta omisión explica el seguidismo de un sector de la izquierda al kirchnerismo, a pesar de que éste se desintegra a ojos vista.

 

Frente a la crisis, la izquierda debe plantear un programa de conjunto: nacionalización del comercio exterior y de la banca, para impulsar un plan de desarrollo económico e industrial en favor de los trabajadores. Nacionalización del petróleo y el gas, y de la industria hidrocarburífera bajo el control de los trabajadores. Apertura de los libros de las empresas privatizadas y rendición de cuentas de los subsidios recibidos. Reparto de las horas de trabajo. Actualización salarial mensual según la inflación.

 

Con esta política el Partido Obrero le ha planteado al Frente de Izquierda lanzar una campaña política vigorosa, para transformar a la clase obrera y a la izquierda en alternativa política al régimen ajustador.