23/04/2020 | 1590

Editorial: La clase obrera delibera y empieza a actuar

Todos con los obreros de Penta y con la juventud repartidora

Una cifra empezó a encender las alarmas en el sistema de salud argentino: el 15% de los infectados forman parte del personal de salud. Es un 50% más alto que el promedio mundial. 


Eduardo López, el infectólogo que integra el comité de expertos, dijo que el porcentaje “es un verdadero desastre” e identificó tres causas, muy argentinas ellas: que los médicos van de una clínica privada a una pública, donde las normas son muy distintas; la falta de los elementos necesarios para una protección adecuada y el sobretrabajo de médicos que tienen dos empleos con el agotamiento inevitable por las jornadas extendidas (Clarín).


El cuadro descripto ha llevado a poner en primer plano, una vez más, la cuestión de los test masivos. El personal de salud de todo el país son unos 650.000 trabajadores. Los 170.000 reactivos recién llegados parecen muy lejos de estar en condiciones de atender al menos los test a todo el personal de salud de los grandes centros urbanos del país.


Al lado de esta realidad se ha producido el caso escandaloso del geriátrico cinco estrellas de avenida Los Incas. El caso siguió a otro, el Sierra Chica, Córdoba, de similares características; luego, otro en Avellaneda. Eugenio Semino ha reclamado control sobre los geriátricos que ocupan 150.000 camas en todo el país, pidiendo testeo de todo el personal sanitario que actúa en ellos.


Se informa que la ocupación de camas de terapia intensiva es baja. Cuando todavía el nivel de infectados es bajo. Pero no se informa cuál es el total de camas que dispone el país, cómo llegaremos a tener un nivel adecuado y qué pasará cuando haya camas libres en el sistema privado y esté abarrotado el hospital público.


Indudablemente, surgen dos cuestiones urgentes. La necesidad de centralizar todo el sistema de salud, privado, estatal y de obras sociales, incluyendo los geriátricos. Por otro lado, la necesidad de volcar recursos económicos masivos en él y reconvertir sectores de la industria en función de las demandas sanitarias.


Dinamitar la Anses ¿es la salida?


La llamada cuarentena administrada se extendería después del 26 de abril, pero al mismo tiempo se están ampliando las excepciones a paso agigantado, sea en las nuevas actividades agregadas, como por localidades y provincias que presionan sobre las grandes urbes y en especial sobre el sistema de transporte.


La última gran medida del gobierno, el decreto para financiar la mitad de los salarios por parte del Estado, ha reconocido el completo fracaso del paquete fantasioso de los 750.000 millones de pesos que nunca fue. Los presuntos créditos blandos no ocurrieron y los fondos liberados por los bancos fueron a parar a una nueva fuga de capitales, que ha llevado el dólar paralelo a las nubes, poniendo presión a una inflación que ya fue altísima en marzo, con un tercio del mes en cuarentena.


El decreto 376/20, a él nos referimos, asume hasta la mitad de los salarios de febrero para todas las empresas que se inscriban, sean o no esenciales, sea cual fuese su número de trabajadores o su condición económica. Es más, como en numerosas actividades, la burocracia sindical ha pactado suspensiones con rebajas de salarios, el subsidio puede ser un monto mayor a la mitad. Solo hace falta mencionar ante el Ministerio que a la empresa le cayó la facturación, cosa que ha ocurrido con el 98% de las empresas del país.


El subsidio, se calcula, podría llegar a 107.000 millones de pesos, aunque el gobierno no hace bien las cuentas, como lo demostró con la IFE, que insumirá el doble de lo previsto, porque se anotaron el triple de personas pronosticadas. Pero, además, las empresas están exentas de pagar el 95% de las contribuciones patronales a la Seguridad Social.


Toda esa plata saldrá de la Anses, al cual se lo dinamita: aportes al tacho y gasto masivo de su Fondo de Garantía y Sustentabilidad, previsto justamente para las crisis de los jubilados, no de las empresas capitalistas.


Alguien podrá decir, pero la plata va a la nómina de los salarios. Sí, pero se entrega a ciegas, sin examinar las cuentas de cada empresa. La Pyme más modesta tendrá el mismo subsidio que Pérez Compac, la Ford, Bulgheroni, Paolo Rocca, Grobocopatel o Toyota.


La cuestión de la apertura de cuentas y libros al examen de los trabajadores cobra cada día más vigencia. Para conocer la capacidad de pago de los salarios, para examinar los verdaderos costos de los formadores de precios, para detectar maniobras especulativas económicas y financieras y para gravar las tenencias extraordinarias ante la emergencia de la pandemia. Pero el secreto comercial y bancario manda en este régimen social.


La plata de la Anses es limitada. Este saqueo tendrá dos efectos, que le robarán aún más a los jubilados y que la asistencia del Estado a los salarios no será sustentable ante las previsibles prórrogas de la cuarentena.


La deuda o la vida


El gobierno sigue empeñado en evitar el default, para lo cual siguió pagando deuda hasta hoy y ha hecho concesiones enormes al capital financiero para llegar a un acuerdo con los bonistas. La propuesta de reestructuración “modelo Stiglitz” efectivamente no ha tenido nada de nacional y popular: casi no hay quita de capital, se sostiene una tasa de repago del 2,3%, cuando las tasas internacionales están en cero y el plazo de gracia es de dos años y siete meses, porque en noviembre de 2022 se empiezan a pagar intereses.


Claro que eso no asegura la aceptación de los bonistas. Además, de aceptarse la propuesta, es solo un 20% de la deuda total argentina. La gracia debería extenderse a todos los organismos multilaterales, entre ellos el FMI y el Club de París, con el cual hay un vencimiento de 2.000 millones de dólares en pocas semanas. Por otro lado, la deuda en pesos hasta fin de año consumirá otros 700.000 millones de pesos de difícil refinanciación.


Al no pagar el vencimiento en dólares de hoy, 22 de abril, correrán treinta días de plazo de nerviosas negociaciones, donde el capital financiero intentará arrancar más concesiones aún, entre ellas un sendero de equilibrio y superávit fiscal que implica un ajuste descomunal. Las reestructuraciones de deuda y ajustes caen en cascada hacia las provincias.


El no pago de la deuda surge literalmente como una cuestión de vida o muerte para la Argentina, cuando pasamos de la recesión a la depresión en medio de la inflación y la bancarrota económica.


La frazada corta


En marzo, con solo diez días de cuarentena obligatoria, los ingresos fiscales crecieron a una tasa de 30%, mientras los gastos lo hicieron al 70%. El rojo primario llegó a los 125.000 millones de pesos. Se estima que la emisión monetaria podría llegar a 300 o 400 mil millones de pesos en abril, mayo y junio.


En las provincias, la cosa no está mejor. Todos sabemos que Chubut está quebrada, pero ahora el gobierno de Córdoba, una de las economías más poderosas del país, admite su propia quiebra. Entre las medidas a tomar anunciadas por Schiaretti se mencionaron el recorte de salarios y jubilaciones, el diferimiento de los aumentos a los jubilados y el pago con cuasimoneda de haberes. Entre las medidas que ya se tomaron está la emisión de bonos para proveedores, el no nombramiento de docentes suplentes, la eliminación de los planes de empleo (PPP, PIP, etc.) y el retraso en la asistencia social.


Por su lado, las patronales insisten en suspensiones con rebajas salariales, que se hicieron directamente masivas con los acuerdos del Smata, pasteleros, petroleros o el fallido acuerdo de la UOM, que sucumbió ante la rebelión de varias seccionales. Y no estamos hablando de rebajas nominales vía importes no remunerativos solamente, porque la inflación continúa a un ritmo del 40/50% anual y no hay a la vista actualización alguna.


Carlos Pagni, en dos líneas señaló, hace unos días con una buena cuota de cinismo, que la reforma laboral ha salido de la agenda, porque la garantiza el coronavirus. La frazada corta del régimen social cae sobre las espaldas de los trabajadores.


Existe una salida


El impuesto a las grandes fortunas hace más de diez días que es tema político de columnistas y economistas de todo orden, pero el poncho no aparece. El peronismo se ha empantanado y ya promete que “no afectará a las empresas”, después de que el banquero Heller tranquilizara a los Rocca y compañía, asegurando que “por perder el 2% de sus fortunas no serían menos ricos”.


El mismísimo Melconián aseguró que el impuesto sería “dos pesos con cincuenta”, mientras propone un “Coronabono”, de tipo nacional, que sería la nacionalización de las cuasimonedas provinciales. Claramente, este tipo de alternativas sobredevalúan la moneda y constituyen un mecanismo de rebaja de los ingresos reales.


El Frente de Izquierda ha presentado un proyecto profundo para gravar de manera progresiva a las grandes fortunas y rentas, afectando los paquetes accionarios, la ganancia bancaria, la propiedad terrateniente y las propiedades ociosas, capaz de recaudar 15.000 millones de dólares. O sea un impuesto que sea palanca, junto al no pago de la deuda, la nacionalización inmediata de hidrocarburos, el monopolio del comercio exterior y la nacionalización de la banca, de un plan económico y de una reorganización económica y social a partir de la intervención de los trabajadores.


El proyecto del FIT es una bandera para el debate y la intervención de la clase obrera.


Algo que ya empezó con la valiente movilización de los obreros de la carne, de Penta, que marcharon a la Plaza de Mayo, con el paro internacional de la juventud repartidora, con las asambleas y movimientos del personal de salud que se organiza,   con el plenario de organizaciones sindicales de Ensenada, con la resistencia del Sutna a las rebajas salariales, pasando por encima de la formidable entregada de la burocracia sindical de la CGT y las centrales cooptadas por el gobierno y la patronal.


Los comités obreros electos por los trabajadores, los mandatos a los cuerpos de delegados para actuar, están en el orden del día. Defensa integral del salario, ningún despido, control obrero de la esencialidad y de las condiciones sanitarias donde la actividad sea imprescindible a las necesidades sociales, apertura de cuentas.


Cada hora que pasa, hace más necesaria la intervención de los trabajadores en la crisis.




 

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