La transición en curso hasta el próximo 10 de diciembre ha abierto un abanico de especulaciones en torno de cuál será la estrategia económica del gobierno de Fernández. El nuevo gobierno capitalista deberá lidiar con una Argentina endeudada, fuera del mercado de créditos, envuelta en un cepo y con una quiebra del Banco Central. Empujado por la bancarrota capitalista y el descalabro económico generalizado, Macri concluye su mandato reproduciendo el intervencionismo estatal que venía a erradicar. El país que deja Macri es el resultado del fracaso de toda una tentativa capitalista.

Fernández ha declarado en numerosas ocasiones que pretende repetir el esquema montado por Néstor Kirchner en 2003. Lo que, entre otras cosas, significaría imponer una ley de emergencia que le conferiría superpoderes como los que prolongaron Duhalde y el kirchnerismo durante doce años. En esa línea parecerían alistarse distintos sectores de la burguesía nacional, como la Cámara de la Construcción, los transportistas y la UIA, que piden ser declarados en emergencia y aspiran a que el nuevo gobierno garantice una rebaja de la tasa de interés, beneficios impositivos y, por sobre todo, avanzar en la destrucción de los convenios colectivos de trabajo. Fernández ya ha dado algunas señales importantes, con su promesa de rebajar los aportes patronales y de que avanzará en una nueva reforma previsional, liquidando el actual sistema de indexación.  

El problema de las tarifas será también un terreno de conflictos, donde aparece el regulacionismo estatal, pero salvando los contratos (dolarizados). Sucede que el reciente aumento de los combustibles y el que se prevé para las próximas semanas acicatean un proceso inflacionario que superará el 60% cuando concluya el año. Pero la desdolarización de las tarifas que promete Fernández, un reclamo clave de los industriales, choca con los intereses de los monopolios energéticos, que ya han anticipado que no habrá inversiones en Vaca Muerta si no cuentan con precios dolarizados, atados al precio internacional y con la libertad de girar dividendos. La diferencia entre lo que los industriales están dispuestos a pagar y lo que los monopolios petroleros quieren cobrar sería puesta por el Estado a través de exenciones impositivas o directamente de subsidios. Un desfalco al Estado en beneficio de industriales y petroleras.

Pero la puesta en marcha de un régimen de intervencionismo estatal deberá superar la pavorosa crisis fiscal. Sucede que “la caja” es un factor clave para poner en pie un régimen de arbitraje. Quien parece haber tomado nota del problema que afrontará el nuevo gobierno es la burguesía agroexportadora, que ha acelerado la venta de trigo y maíz ante el temor de que Fernández decrete un aumento a las retenciones. Esto último o una gracia en el pago de la deuda serían las medidas a las que el gobierno podría echar mano para pilotear la crisis fiscal, con el riesgo de despertar choques con (y entre) distintos sectores capitalistas.  

Siempre la deuda     

Fernández, como Duhalde y Kirchner, no tiene otro horizonte que crear las condiciones para el repago de la deuda, sin lugar a dudas, el principal frente de conflicto que debe abordar el nuevo gobierno. De ahí que haya anticipado que el cepo reforzado se mantendrá luego del 10 de diciembre. Es que sólo en 2020, los vencimientos de deuda externa ascienden a los 21.000 millones de dólares. Y según algunos analistas, las reservas de libre disponibilidad del Banco Central hacia fin de año apenas rondarían los 2.000 millones de dólares. Este cuadro económico y financiero es lo que ha llevado al fondo de inversión Wells Fargo a estimar un default para los primeros meses de 2020. La insolvencia del país planteará un enorme conflicto con los bonistas, entre los que se encuentran los grandes fondos de inversión y los bancos, que reclaman una renegociación sin quita de capital a pesar de haber obtenido bonos soberanos a precio de remate. 

La renegociación del acuerdo con el FMI es el otro gran tema de la agenda de Fernández. El presidente electo necesita el desembolso de los 5.400 millones de dólares pendientes para este año y los 7.000 millones de dólares pautados para 2020, para poder afrontar los vencimientos de deuda del próximo período. Según Ambito Financiero (5/11), Fernández pretende repetir, a través de Donald Trump, la intervención que el expresidente norteamericano George Bush realizara ante el FMI a pedido de Kirchner en 2003. Le explicará a Trump y al FMI que necesita ‘que lo dejen cumplir’ y tratará de evitar la imposición de parte del Fondo de algunos de los puntos de las “reformas estructurales” que los créditos ‘stand by’ o de ‘facilidades extendidas’ tienen como contrapartida. Ofrecería, a cambio, un ajuste de ‘sintonía fina’, alertando al imperialismo sobre los peligros que encierra una nueva escalada ajustadora contra el pueblo argentino, a la luz de las experiencias de  Ecuador y Chile.

Sea como fuese, las posibilidades del gobierno de Fernández de poder hacer frente a la crisis de deuda están condicionadas por la evolución de la crisis capitalista internacional. El gobierno deberá superar la crisis de la balanza de pagos del país si quiere responder a las exigencias de los bonistas. A pesar de las gigantescas devaluaciones de los últimos años, el saldo positivo de la balanza comercial no estuvo dado por un incremento de las exportaciones sino, por sobre todo, por el derrumbe de las importaciones, como consecuencia de la recesión. A su vez, la situación mundial difiere notablemente de la que se benefició el gobierno de Néstor Kirchner. Mientras en aquel momento el acople Estados Unidos-China apuntaló un crecimiento de la economía mundial, elevó los precios de las materias primas y estimuló el crecimiento de la exportación argentina; el actual cuadro es completamente inverso. Estados Unidos y China se enfrentan en una guerra comercial, se derrumbaron los precios de las materias primas y la economía mundial se encuentra en las vísperas de una nueva recesión. De mínimo, el relato de que vía devaluación e incremento de las exportaciones se solucionará la crisis de la balanza de pagos de la Argentina, tal cual lo ha sugerido Fernández a lo largo de toda la campaña, está cuestionado. Sin un período de gracia de al menos dos años sobre el total de la deuda, Argentina no tiene chance alguna de retomar un crecimiento económico. De no ocurrir, tenemos un escenario a la “griega” de dilatada depresión y ajustes sucesivos, lo que chocaría de frente con las expectativas puestas por el electorado que dio la victoria a la coalición pejotista.

Régimen político

La viga maestra de la estrategia política de los Fernández recae en el pacto social que pretende poner en pie junto a la clase capitalista, la burocracia sindical y la Iglesia. Se trata del instrumento político para proceder a maniatar a la clase obrera, especialmente ante la tentativa de las patronales de congelar los salarios y avanzar en la reforma de los convenios. Será lo que Alberto Fernández irá a tejer en el plenario de secretarios generales de la CGT el viernes próximo. El Consejo Económico y Social, para el cual ha circulado el nombre de Roberto Lavagna como eventual presidente, sería la institucionalización del pacto social. Por eso, junto a la ley de emergencia económica y al Presupuesto 2020, será una de las tres leyes fundamentales que enviará Fernández al Congreso. 

Alberto Fernández dejó en claro, en la asunción del gobernador de Tucumán Juan Manzur, cuáles serán los sectores en los que se apoyará su gobierno: la liga de los gobernadores, los intendentes del conurbano y los sectores más rancios de la burocracia sindical. En la Cámara de Diputados, donde no cuenta con quórum propio y es la segunda minoría, deberá reunir la mayoría sesión por sesión, buscando el acompañamiento de los votos del PJ cordobés y de los diputados de los partidos provinciales, como el MPN de Neuquén o JSRN de Río Negro. Y apelando al voto de la bancada macrista, que estará siempre dispuesta a votar las leyes ajustadoras. Un adelanto de esta política se está procesando en la provincia de Buenos Aires, donde Kicillof elabora el Presupuesto 2020 en conjunto con Vidal.  

Actuemos

Más temprano que tarde, con la evolución de la crisis, quedará en evidencia el realismo y la actualidad del planteo programático que desarrolló el Frente de Izquierda-Unidad  a lo largo de la campaña electoral. En lo inmediato, el movimiento de masas ingresa a esta fase de la crisis argentina en un cuadro general de contención, pero cruzado por luchas cuyo desenvolvimiento y desenlace serán claves en la relación de fuerzas entre las clases. Aunque indefectiblemente la crisis hará su trabajo de topo, la posibilidad de que el pueblo argentino se contagie del cuadro de ascenso de la lucha de las masas latinoamericanas debe ser abonada por la agitación, la propaganda y la organización revolucionaria. Para eso, en oposición al pacto social y a los planteos paralizantes de las burocracias sindicales, impulsamos la organización y la lucha por la reapertura de paritarias, el doble aguinaldo, la reincorporación de los despidos, el aumento y la reapertura de los programas sociales. La agitación y explicación de un programa de salida a la crisis deberá seguir ocupando un lugar destacado: no pago de la deuda externa, por la ruptura con el FMI, por la nacionalización del sistema bancario y el comercio exterior; para transformar a los trabajadores en alternativa de poder. Al colaboracionismo de la burocracia sindical, le oponemos la vigencia de la lucha por un congreso de delegados, mandatados y electos por las asambleas de base de todos los gremios, para votar un pliego de reivindicaciones inmediatas, un programa y un plan de lucha para imponerlo. Sobre la base de este planteo, el Frente de Izquierda como tal debe tener una intervención sistemática en el proceso social y político, superando un accionar circunscripto al terreno meramente electoral.      

Al calor de estas peleas es necesario defender la independencia política de los trabajadores y desarrollar una alternativa obrera y socialista.