El ataque oficial a los obreros del Subte forma parte de una acción consciente de vasto alcance, no sólo para los compañeros que trabajan en los túneles, sino para todo el movimiento obrero.

La represión al Subte fue un hecho premeditado, al igual que la detención de Segovia y otros 15 delegados y activistas. El ataque montado implica un desconocimiento del derecho de huelga y la decisión política de sostener los techos paritarios a sangre y fuego.

El operativo, además, formó parte de una acción represiva más vasta, como la que sufrieron los despedidos de Cresta Roja en la madrugada del jueves 17 de mayo o la militarización del Inti, impidiendo el ingreso al predio de quienes vienen luchando hace tres meses por su reincorporación.

El Subte y sus implicancias

Los compañeros de la AGTSyP vienen realizando, desde hace más de 20 días, distintas medidas progresivas, que comenzaron con aperturas de molinetes, siguieron con paros parciales y alternados en horarios no pico y, finalmente, con paros en horarios importantes también de a una línea por día. Su reclamo es incuestionable: el rechazo a la paritaria del 14% en cuotas (con descuento sindical compulsivo general del 1%) firmada por la patota de UTA, en lugar de la verdadera representación obrera. Y, por ende, el reclamo de una mesa de negociación paritaria con la AGTSyP, para reabrir la discusión.

Cuando se debatía entre los trabajadores cómo seguirla (la Línea B reclamaba un paro de 24 horas), se produjo la andanada de sanciones de la patronal: 150 suspensiones, de las cuales 114 son a delegados o directivos, muchos de los cuales empezaron a recibir la notificación del pedido de desafuero por parte de la patronal.

El gobierno de Rodríguez Larreta se puso a la cabeza del operativo de represión e ilegalización de la huelga. Se pretexta que la AGTSyP es un sindicato ilegal, lo cual es completamente falso, aún después de habérsele usurpado la personería gremial, ello, porque de cualquier manera es un sindicato inscripto, al igual que decenas de otros sindicatos y centrales en la Argentina, como las distintas CTA.

Ciertamente, Tomada le otorgó al Subte la personería pocos días antes del fin del gobierno kirchnerista, cuando ya había perdido las elecciones. En los doce años anteriores, el kirchnerismo priorizó a la UTA, e incluso fue blanco de la gran huelga de más de diez días que conmovió al movimiento obrero de la época, precisamente contra la connivencia de Tomada con la UTA y el resto de la burocracia.

Un fallo de la Corte ordenó repetir la compulsa para determinar qué sindicato tiene más representatividad, cuestión que Triaca jamás implementó. El objetivo es muy claro, ilegalizar al sindicato al que sigue el 85% de los trabajadores del Subte, y que encarna la tradición histórica del cuerpo de delegados clasista que conquistó las seis horas.

En la mira del gobierno está el ataque al convenio, especialmente las seis horas, la gran conquista del post Argentinazo a la que contribuimos desde la banca de Altamira en la Legislatura porteña. Y esto tiene especial relevancia cuando a fin de año vence la concesión de Metrovías. En este cuadro, el ataque a la organización sindical apunta a flexibilizar las condiciones laborales para el propio grupo Roggio o cualquiera de los grupos nacionales o internacionales que se preparan para explotar la concesión de los subtes. Para ello, Larreta y Macri apuntan contra el derecho de huelga (se habla ya de declarar la actividad servicio esencial), pero también contra las huelgas que no sean dictadas por los sindicatos centrales con personería gremial. En la mira están todos los sindicatos simplemente inscriptos -la docencia universitaria, la construcción, estatales y otros sectores. Pero también los cuerpos de delegados fabriles o seccionales locales que encabezan luchas contra despidos masivos, ataques a condiciones convencionales, reclamos salariales o por accidentes de trabajo. Los pactos del gobierno con los Barrionuevo y los Daer han tenido siempre esta perspectiva.

Primer capítulo de la ofensiva del FMI

Este ataque es parte indisoluble de la “solución FMI” al derrumbe de la política económica del gobierno, y cuyo estallido sólo logró postergar al precio de concesiones leoninas a los banqueros. La más importante es la rebaja de los encajes, que les permitirá a los banqueros obtener rendimientos del 40% anual por el dinero que antes se encontraba inmovilizado.

Con un endeudamiento reforzado, la devaluación y el conocido tarifazo, se comienza a negociar un acuerdo con el FMI que podría alcanzar 50.000 millones de dólares, y que estará destinado a asegurarle el pago de los compromisos de deuda al capital internacional.

Aunque el eje del ajuste vendrá en el Presupuesto 2019, el gobierno debe mostrar hoy señales respecto de su capacidad política para imponer ese plan. Luego, están los aumentos tarifarios que alimentarán la caldera inflacionaria del segundo semestre, junto a los que serán disparados por la devaluación.

A este paso, la inflación anual difícilmente baje del 30%, un escenario que estará acompañado por una mayor recesión.

Hay que quebrar la entrega de la burocracia sindical

Los desafíos del movimiento obrero marcarán la próxima etapa. Somos la fuerza social capaz de enfrentar a Macri, al FMI y a sus socios políticos. Sintetizando, podemos decir que enfrentamos la tercera fase del ajuste de Macri -y los gobernadores-, tras los dos primeros años y las reformas previsional, tributaria y laboral lanzadas después de las elecciones de octubre pasado. Ahora, con “ministro de economía fuerte”, el FMI, que delega en el ministro Nicolás Dujovne el monitoreo de la tarea sucia. La presente fase, sin embargo, es el resultado de la quiebra de la propia política macrista, un dato crucial para los trabajadores que salen a enfrentarla.

La burocracia sindical, golpeada por las rebeliones de diciembre y su acompañamiento al gobierno, sufre el mismo desconcierto de la oposición patronal que cogobernó con Macri. Los gobernadores del PJ y sus legisladores advierten la inquietud política de los trabajadores y la caída del capital político del propio Macri.

Sus senadores negocian cómo evitarle un veto por tarifas a Macri, que puede terminar ocurriendo de todos modos. Pero ya han hecho un pacto de caballeros: que el acuerdo con el FMI no pase por el Congreso, para no quedar pegados a un obligado voto a favor, cuando el conjunto de la burguesía volvió a cerrar filas con el pacto fondomonetarista y la devaluación.

La CGT acompaña las maniobras de “gobernabilidad” y evalúa el momento de un paro para descomprimir, del tipo del 6 de abril del año pasado. Quieren seguir marcando el paso en el mismo lugar, mientras enormes luchas obreras soportan el aislamiento. Moyano, en tanto, organiza un 25 de Mayo “patriótico”, no dirigido a una lucha sino a un rescate personal de su figura.

Las CTA se reagrupan con Moyano, la Iglesia, o ambos a la vez. La Marcha Federal de fin de mes, motorizada por el trío papal, la pastoral social y la conferencia episcopal, levanta las consignas de emergencia alimentaria, asistencia a la economía popular y otras demandas apoyadas por el Banco Mundial e incluso por Lagarde, a sabiendas que la magnitud del ajuste significa un mar de pobreza a contener.

Una ruta del clasismo para toda la clase obrera

En oposición a estas políticas de derrota, la dirección clasista del Sutna y el plenario de delegados del gremio han convocado a todo el sindicalismo clasista, antiburocrático y a las luchas, a un encuentro para el 24 de mayo. En Neuquén, un plenario de 500 dirigentes, delegados y activistas en apoyo a la formidable huelga docente de esa provincia, que lleva más de 40 días, resolvió adherir.

El propósito es rodear las luchas con iniciativas de apoyo, convocar a la calle a luchar contra el pacto con el FMI, por la reapertura de paritarias en rechazo a la reforma laboral, por aumento de emergencia a los jubilados, y por la ocupación de las fábricas que cierren o despidan masivamente. Con ese objetivo se pondrá a discusión la convocatoria conjunta a un congreso obrero en fecha próxima, por parte de los sindicatos y cuerpos de delegados presentes. Su propósito es el impulso, en todos los sindicatos, a un paro activo nacional con abandono de tareas y un congreso de delegados mandatados por asambleas para arrancarlo. Es el camino para la irrupción de la clase obrera y el movimiento popular con carácter de masas, la multiplicación por diez de las jornadas de diciembre, el camino de la huelga general.

De inmediato hay que reforzar el apoyo a los docentes neuquinos, al subte, a Cresta Roja, al Inti, a Crivea, a los docentes universitarios y a todos los sectores en lucha.

La iniciativa, que ya cuenta con el apoyo de decenas de sindicatos, es un gran punto de apoyo para orientar a un movimiento obrero que todos los días demuestra sus enormes reservas de lucha. El punto es superar el freno de la burocracia sindical para derrotar al enemigo de clase. Se acercan momentos decisivos, tenemos que actuar a la altura de ellos.