12/12/2019 | 1576

[Editorial] Nuevos desafíos

Los trabajadores frente al gobierno de Alberto Fernández

Mientras se agita para las tribunas que la prioridad son las condiciones de vida de los argentinos, la economía en su conjunto girará en torno al pago de la deuda

No se puede pasar por alto el hecho de que en su primera actividad como flamante presidente, Alberto Fernández iba a recibir a Mauricio Claver Carone, director de asuntos para el Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional enviado por Donald Trump. Carone fue director ejecutivo interino de Estados Unidos en el Fondo Monetario Internacional y será un interlocutor clave en el proceso de renegociación de deuda. Pero todo empezó mal: el funcionario, molesto por la presencia de un ministro de Nicolás Maduro, de Rafael Correa y por los rumores de un posible asilo a Evo Morales, se tomó el palo y ni presenció la jura. En su lugar, aceptando el desaire, el presidente aceptó reunirse con un funcionario de cuarto orden, Michael Kozak.


La masividad de la Plaza de Mayo dejó oculta esta circunstancia palaciega. El fervor por la salida de Macri fue hábilmente explotado por la coalición pejotista que se ha hecho del poder, pero el incidente con los representantes del imperialismo es expresivo del verdadero escenario que afronta el gobierno, al igual que la caída de la Bolsa con que fue recibido el flamante presidente y su vice. Aún cuando en los palcos de la jura estaba el “tout” de la burguesía, desde el presidente de la Sociedad Rural, hasta el de la UIA, pasando por Bulgheroni, Eurnekian y algún CEO de Clarín.

 

La ficción de un nuevo ciclo


Fernández en su discurso inaugural pretendió vender la idea de un nuevo ciclo donde Argentina recuperaría autonomía en sus decisiones. Días previos, el nuevo mandatario anunció que no solicitaría el desembolso de los tramos faltantes del préstamo otorgado por el Fondo, de modo de liberarse del monitoreo y control del FMI. Lo cierto es que mientras se bate el parche sobre la autonomía, las tratativas con el organismo están en marcha. Como lo confesó Alberto Fernández, se viene trabajando “silenciosamente” con dicho organismo”, sin dar ningún detalle sobre la negociación en curso que se lleva adelante completamente a espaldas del pueblo argentino.


Los condicionamientos del imperialismo, agreguemos, están en todos los planos. EEUU incluye en las negociaciones un alineamiento con la política yanqui respecto a Venezuela y poner un freno a la presencia china en el país y la región. La decisión de poner aranceles al acero y aluminio para los productos provenientes de la Argentina es un aviso de las presiones de las que se valdrá el imperialismo y que ya ha comenzado a implementar sin esperar que asuma el Frente para Todos.


El gran capital no se privará de marcarle la cancha al nuevo gobierno. Por lo pronto, tras el discurso de Alberto Fernández, el Merval se desplomó 4,8%. Los acreedores piden definiciones. En Wall Street fue visto con agrado el plan del ministro Martín Guzmán para la deuda: la suspensión del pago de capital e intereses por dos años e incluso con un quita reducida, significaría un rescate de los bonos a una cotización muy superior a la que hoy tienen en el mercado, que oscila alrededor del 40%. Pero los bonistas, además, exigen a cambio de una postergación, garantías del repago de la deuda. Y esto pone sobre el tapete el monitoreo de las cuentas y por lo tanto de la auditoría del FMI. La expectativa de eludir al FMI es infundada. 


Mientras se agita para las tribunas que la prioridad son las condiciones de vida de los argentinos, la economía en su conjunto girará en torno al pago de la deuda, hasta el punto tal que la sanción del presupuesto, “la ley de leyes”, quedó relegado para marzo o abril una vez conocidos los resultados de la renegociación con los acreedores, que el gobierno estima concluir en esa fecha. Una vez más, los aspectos determinantes de la economía nacional serán decididos en Washington y Nueva York. A eso llamó AF “empezar por ordenar la macroeconomía”. Los primeros cuatro meses gobernarán con la vuelta de los “superpoderes”, traficados como “emergencia económica” que se enviará al Congreso junto a la emergencia en salud y tal vez alguna emergencia más.


El paquete en marcha


Pero el gobierno ya viene dando las primeras pistas del paquete que se implementaría. Guzmán prepara una reforma jubilatoria. “Se buscará reformar casi de inmediato la fórmula de actualización de los haberes jubilatorios. Para ello se enviará un proyecto de ley para ser tratado en sesiones extraordinarias” (La Nación, 8/12). La movilidad actual toma como base la inflación pasada y la intención del gobierno sería que empiecen a tomarse otros indicadores -la inflación futura- en nombre de desmontar las expectativa inflacionarias.


Estamos en presencia de una nueva confiscación de los jubilados, a quienes se les amputará parte de la recomposición de sus haberes del año 2019 de altísima inflación. Como viene ocurriendo a escala mundial (Francia, Brasil, Nicaragua) la reforma jubilatoria es una pieza clave del ajuste, pues los recursos para pagar la deuda provienen de los recortes que se hacen de las jubilaciones, que tienen un peso significativo en el gasto público. Este peso en el gasto, en la Argentina, es derivado de las rebajas de aportes patronales que se vienen aplicando desde los ’90, durante el kirchnerismo (ley Pymes y falso blanqueo laboral) y acentuada bajo el gobierno Macri.


La “desindexación” es la pantalla, asimismo, que se pretende utilizar para un nuevo ataque al salario. El ministro de Trabajo elabora, con el aval de la CGT y la UIA, un acuerdo de precios y salarios, que contempla una postergación momentánea de las paritarias de 2020, a cambio de un aumento general y no remunerativo por decreto para los trabajadores bajo convenio. Una suma que oscilaría entre los 6000 y 10000 pesos, que sería en cuotas y a cuenta de futuros aumentos. 


La referencia en el discurso de AF acerca de que “la economía popular, el cooperativismo y la agricultura familiar” serán un pilar de desarrollo económico, revela que hay una decisión política de promover el trabajo por fuera de los convenios colectivos. Una variante de reforma laboral, que se une a los planes por introducir cláusulas de flexibilización en los convenios vigentes. En el mismo sentido apunta el anuncio de becas estatales para que estudiantes se capaciten trabajando en empresas, lo cual es otra vertiente de precarización laboral y subsidio a las patronales. Los planes del gobierno no contemplan ninguna medida para frenar los despidos, ni siquiera la doble indemnización que existió bajo la época de Duhalde. 


Aunque el nuevo mandatario habla de poner plata en el bolsillo de los que menos tienen, la emisión monetaria tiene como principal destinatario a la burguesía nacional y no a la población necesitada. El gobierno pretende desdolarizar las tarifas pero a cambio de ello plantea otorgar compensaciones a las empresas privadas. Subsidios semejantes están contemplados para las petroleras en Vaca Muerta.


De conjunto, los planes del gobierno prevén incentivos fiscales, exenciones impositivas y de cargas sociales a los capitalistas y tasas de interés subsidiadas. La envergadura de la crisis económica, atravesada por la guerra comercial y monetaria y la amenaza de una nueva recesión mundial, está poniendo en juego la sobrevivencia de grupos capitalistas. La noticia de que firmas líderes como Vicentín o Celulosa no pueden pagar sus deudas ha encendido las alarmas del mundo empresario y financiero, con más razón cuando dichas empresas están concentradas en los agronegocios, considerados una de las ramas más lucrativas y con más posibilidades de expansión.


El fantasma del default no sólo acecha la deuda soberana sino que se extiende a la corporativa. El rescate que promueve AF, sin embargo, no garantiza salir del impasse económico y menos aún, un relanzamiento productivo, como tampoco de la cesación de pagos, pero es sufriente para entrar en choque con los bonistas y el propio FMI, quienes quieren que los recursos sean destinados al pago de la deuda y privilegian, por sobre todas las cosas, que haya un superávit fiscal para asegurarlo.


Perspectivas 


El nacionalismo burgués aborda esta nueva etapa con muchos menos márgenes de maniobra, en un escenario mundial muy distinto que el que enfrentó el kirchnerismo al comienzo de su mandato. La bancarrota capitalista socava toda base de sustentación de los regímenes latinoamericanos, ya sean derechistas o “nacionales y populares”. El indigenismo boliviano, que era elogiado y considerado una referencia para el continente hasta hace muy poco, no ha logrado sustraerse a esta tendencia. 


Este cuadro realza más el sostenimiento y colaboracionismo por parte de los dirigentes sindicales y de los movimientos sociales cooptados por el gobierno. Sin su concurso, no podrían pasar los planes que el nuevo gobierno tiene en carpeta. La política confiscatoria va de la mano con un reforzamiento de la estatización de los sindicatos. El “pacto social” se inscribe en esa dirección, del mismo modo que la formación de un Consejo Económico y Social que implicará una institucionalización de ese proceso de estatización, para atacar las protestas y reclamos que desafíen esta malla de contención. El Vaticano y la Iglesia son parte de la operación política. No es casual que en el discurso inaugural de AF la palabra aborto haya brillado por su ausencia. Fernández participó junto con Macri en la homilía en Luján previa a su asunción, que forma parte del operativo para garantizar una transición ordenada que tiene al Papa Francisco como uno de sus mentores.


La renuncia a defender la cuestión de la legalización del aborto, después de haberlo prometido semanas atrás, debe ser motivo de debate en todas las organizaciones de lucha por los derechos de la mujer. La respuesta tiene que ser masiva y en las calles, contra este avance clerical. 


La base fundamental de una política de la clase obrera en esta etapa es la defensa rigurosa de la independencia política de los trabajadores, la autonomía de sus organizaciones respecto del Estado y la acción inmediata y sin condicionamientos por nuestros reclamos. Al Pacto Social llamamos a oponerle un Congreso de Bases de los trabajadores ocupados y desocupados para debatir nuestros reclamos, impulsar un plan de lucha para derrotar la nueva ofensiva que se prepara y discutir un programa propio de salida a la crisis nacional. 


La paritaria exitosa del Sutna, las luchas del Polo Obrero y otras organizaciones de desocupados que no están en tregua, la victoria de la huelga de residentes y concurrentes, las duras luchas fabriles como Kimberly Clark o Molinos Minetti, muestran las reservas y las tendencias de lucha que anidan entre los trabajadores. Apoyemos con todo cada lucha y llevemos esta perspectiva al conjunto de los trabajadores, impulsando una amplia deliberación en todos los movimientos: los sindicatos, las organizaciones de la mujer y de la juventud. 

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