Las noticias más sonoras de estos días están centradas en el incremento de los contagios en la Ciudad de Buenos Aires, en el conurbano y su concentración en las barriadas más pobres de ambos distritos. Especialmente en las villas, que no fueron urbanizadas y en las que se concentran condiciones de hacinamiento y falta de servicios. Los barrios de este tipo son 1.800 en el área metropolitana y unos 4.400 en todo el país. Esta es la Argentina que “descubre” Alberto Fernández en su último discurso, consecuencia de décadas de alternancia de gobiernos que se responsabilizan los unos a los otros. Por su parte, la oposición bate el parche de las preocupaciones populares (y no tanto) y el gobierno, negándolas, le regala al macrismo esta curiosa y repentina preocupación por los más pobres y hasta por “los angustiados”.

Villa Azul y la situación social

A pesar de que la Ciudad de Buenos Aires, con el brote ocurrido en las villas 31 y la 1-11-14, anticipó lo que ocurriría en la Villa Azul, esa anticipación no alcanzó para poner en alerta a las intendencias y para que tomaran medidas preventivas. El oficialismo se ufanó desde el primer día de su capacidad de previsión, sin embargo, la precocidad de la cuarentena no fue acompañada por los fondos necesarios para atender genuinamente sus efectos y de esa manera defenderla.

Detrás de pasajes de facturas e indirectas del gobernador Kicillof contra Larreta y Vidal, en la conferencia de prensa que prorrogó la cuarentena en la provincia de Buenos Aires y la Ciudad, de los dos lados de la contienda, la inacción completa para asistir a la población más necesitada constituye un punto de encuentro entre ambos sectores. El intento de atribuir el estado de la Villa Itatí exclusivamente al ex intendente macrista Martiniano, derrotado por la camporista Mayra Mendoza en las últimas elecciones, luego de 25 años de gobierno peronista en la provincia y en el distrito, la imputación resulta por lo menos atrevida. Sólo hay que trasladar la misma realidad al partido de La Matanza, que registra un 40% de población sin agua potable, donde el peronismo gobierna desde 1983, para notar que detrás de gobiernos de diferentes signos políticos se desarrollan ataques similares contra los trabajadores, las mujeres y las juventudes de las barriadas más pobres. La Villa Azul y la Itatí, linderas entre sí, o no tienen agua potable o la parte que sí cuenta con redes instaladas, no tiene presión. Los vecinos estuvieron nueve días sin agua. La similitud con la Villa 31 no tiene nada de casual.

Sobre la medida de cerrar un barrio entero, con 3.300 habitantes, que encabezó el ministro Sergio Berni, se dividió incluso el frente interno del gobierno, con declaraciones críticas del Evita, el Frente Darío Santillán y de Barrios de Pie, y apoyos de Alderete, de la CCC, y del MTE de Grabois. Aunque Menéndez, rápidamente relativizó sus dichos. El rejunte “San Cayetano” hace asistencialismo con los pobres que integran sus organizaciones en favor de maniobras políticas para la obtención de puestos en el Estado. Ellas catapultaron al ahora crítico Daniel Menéndez a ocupar un puesto en el Estado, al igual que ocurriera con el espacio de Juan Grabois.

En contraste con esta conducta, el Polo Obrero llevó al plano de la organización de los vecinos, la deliberación en asambleas y, a su turno, la acción callejera, las tremendas carencias que hay en los barrios, y no entregó ninguna reivindicación por puestos en el Estado para tal o cual de sus dirigentes. Como tampoco aceptó integrar el llamado Comité de Crisis, un organismo de regimentación. Las medidas militaristas asumidas por el espacio camporista suplen la ausencia de testeos adecuados, de alimentación y de un abordaje sanitarista sobre el barrio infectado. Agreguemos: no se pueden rodear con 300 policías diarios, en tres turnos, los 1.800 asentamientos de la provincia. Un show intimidatorio está en marcha.

En una sintonía similar a la de sus pares cayetanos se encuentran los representantes sindicales de la CGT y de las CTAs, mostrando diferencias en el discurso sobre los recortes salariales a los trabajadores aprobados por la CGT, pero aceptando en la práctica la batería de medidas gubernamentales y patronales contra los trabajadores. En este contexto, las convocatorias motorizadas por las representaciones gremiales clasistas y combativas agrupadas en el Plenario del Sindicalismo Combativo resultan fundamentales para organizarse contra la arbitrariedad patronal y gubernamental.

Los editorialistas macristas se rasgan las vestiduras por los pobres, anticipan una movida por parte de la Corte Suprema para interferir en los criterios de manejo de la cuarentena y se quejan amargamente por “las deserciones de los poderes legislativo y judicial (que) dejaron al Ejecutivo con la suma del poder público” (La Nación, 27/5, Joaquín Morales Solá). Cuando esa suma del poder público se otorgó en el Congreso para poner al país al servicio del interés de los bonistas y del FMI, o para habilitar la suma de 4.700 millones de dólares al Tesoro para el pago de deuda, ni la queja ni la amargura del macrismo eran tales. 

La negación del gobierno respecto de los padecimientos populares y de la angustia en la población, como única forma de sortear el debate, otorga al macrismo un ángulo de explotación demagógica. 

Despojo

En simultáneo, de manera menos sonora, se desenvuelve un proceso de despojo de los sectores populares a manos de grandes empresarios y de los bancos y del capital financiero, particularmente en esta etapa en la que el gobierno busca presentarse frente al FMI y a los bonistas ofreciendo recortes jubilatorios y la negativa a afectar a las grandes rentas y fortunas, personales y empresariales, de banqueros y terratenientes, para atender las necesidades populares, en aras de cerrar su negociación por la deuda externa. Apuntemos que el único proyecto presentado hasta ahora es el del FIT, que va a fondo en esa dirección. Mientras Carlos Heller y Máximo Kirchner siguen limando y postergando su proyecto para no alterar el humor de Wall Street.

Lógicamente, la oposición macrista no le reprocha a Alberto Fernández el recule frente a BlackRock y otros poderosos fondos de inversión. Mientras tanto, agita la declaración de “default restringido” o “soft”, para acelerar un arreglo con los bonistas en momentos que la negociación de la deuda se encamina a mayores concesiones con el capital financiero y a sus exigencias para auditar las cuentas argentinas. Blanco sobre negro, el FMI volvió con los Fernández y monitorea desde las sombras toda la negociación y la política económica.

La comisión bicameral de investigación de la deuda contraída exclusivamente en la etapa macrista (2016-2019), que iniciará la investigación de la fuga de capitales, solo se propone un “nunca más”, según acaban de explicitarlo sus integrantes en la sesión constitutiva. No para recuperar los fondos fugados, aunque el propio Banco Central confiese que “las compras realizadas por el 1% de estos agentes o sociedades, es decir unas 850 personas jurídicas, alcanzaron a 41.124 millones de dólares en cuatro años” (Tiempo Argentino, 14/5). Eso no ha sido un impedimento ‘para que los mismos grupos económicos y especuladores sigan en la actualidad fugando capitales, que es lo que explica que el dólar haya superado la barrera de los 120 pesos, duplicando el dólar oficial.

Junto con la denuncia de la actual titular de los servicios de inteligencia, Cristina Camaño, por el espionaje de la AFI, estos temas constituyen la piedra angular de la estrategia oficialista para neutralizar al macrismo en su fase actual, alejada de aquellos días en los que el presidente del bloque de Cambiemos, el radical Mario Negri, llamaba a Alberto Fernández “comandante”. 

Vaciamiento de la Anses

Mientras que la asistencia social fue dejada en manos de La Cámpora, la oposición macrista se encuentra atada de pies y manos para criticar a su pretendido máximo enemigo, debido a que de los dos lados de la grieta se sientan los defensores del vaciamiento de la Anses, de la transformación de las jubilaciones en un ingreso asistencial y de la reducción de los aportes patronales y la asistencia a las empresas y a empresarios… con los fondos de los jubilados. Por eso, la segunda rebaja jubilatoria ejecutada por Alberto Fernández sobre la base incluso de violar la ley del Congreso, que estipulaba para esta etapa la presentación de una nueva fórmula de movilidad, no es objeto de mayores quejas por parte de los escribientes macristas.

“La desaceleración inflacionaria, junto con la brutal caída en la actividad económica, sumados a la baja del salario, la destrucción de empleos, la precarización laboral y la suba de la informalidad, tuvieron impacto. Los aportes y contribuciones cayeron con fuerza y sólo llegan a cubrir el 28,2% de los gastos de la seguridad social”, señala BAE sobre los últimos números de la Anses. Un proceso de vaciamiento que no se podría operar con un mes y días de cuarentena (los datos son de abril), sino por una tendencia -presente desde hace decádas- al desfalco de sus fondos, que fueron destinados a pagar la deuda y subsidiar a los capitalistas, mientras se efectuaban recortes progresivos de los aportes patronales.

Quién paga la crisis

Frente al escenario de unos 600 mil despidos que se pronostican en el año y un incremento de las rebajas salariales, las luchas de los trabajadores resultan clave para esta etapa. Diferentes sectores del movimiento obrero han tomado la iniciativa. La primera línea de los trabajadores de salud ha denunciado las pésimas condiciones hospitalarias y de sus trabajos; los repartidores se organizan cada vez de forma más extendida contra la precarización; los mineros de Andacollo por sus puestos de trabajo; los obreros del Neumático y gráficos, como Morvillo, han luchado y ganado contra cualquier rebaja salarial; los choferes de colectivos en el interior del país se movilizan por sus salarios, mientras que los chubutenses siguen en lucha contra el no pago del salario de docentes y estatales, así como los compañeros piqueteros que se organizan en las barriadas contra el hambre y las pésimas condiciones sanitarias.

El “pacto de caballeros” que se teje entre el gobierno y el macrismo en torno del pago de la deuda y al apoyo a las extorsiones del capital financiero nos obliga a desnudar la hipocresía de los altercados políticos para la tribuna y a profundizar el programa y las acciones de los trabajadores y su organización para que la crisis la paguen los capitalistas.