Durante muchos años el kirchnerismo presentó la decisión de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner de rechazar la revisión establecida en el artículo 4 del FMI como un acto de soberanía nacional y justicia social. La misma lógica debería llevar a concluir ahora que el reciente anuncio del ministro de Economía, Martín Guzmán, de que el gobierno argentino solicitó el envío de una misión del Fondo Monetario para llevar adelante la revisión de acuerdo al artículo 4, indica que estamos ante un recule en chancletas con efectos políticos, económicos y hasta simbólicos de enormes dimensiones. Los guardianes del relato kirchnerista se han visto obligados a improvisar sobre la marcha. Del rechazo al Fondo han pasado a la versión macrista de que existiría un nuevo FMI; una especie de aliado que nos ayudará a lidiar con los codiciosos especuladores internacionales. En el recule, sin guardar siquiera las formas, dejaron atrás el reclamo de quita de la deuda con el propio organismo, que había sido agitado por Cristina Kirchner desde Cuba y luego avalado por el propio Alberto Fernández solo un par de semanas atrás. O sea que la decisión del gobierno argentino ha tenido una doble significación: aceptar la revisión del FMI y comprometerse a pagar los 44.000 millones de dólares tomados por Macri, que sirvieron para financiar la fuga de capitales y pagar la deuda. 

No debe pasar inadvertido que este recule supone antes que nada un cambio en la hoja de ruta que se había fijado el gobierno. Inicialmente Alberto Fernández se había declarado partidario de una reestructuración de deuda que priorizara la negociación con los bonistas y dejara de lado al FMI. Pero en la gira europea, sus nuevos amigos, los Merkel-Macron y compañía le hicieron saber que esa decisión no sería bien vista y que debía negociar primero con el Fondo Monetario. El mismo mensaje llegó desde los EE.UU. El fracaso de Kicillof en renegociar el vencimiento de la deuda provincial y el chasco posterior de Guzmán con el llamado “Bono Dual” completaron el mensaje y llevaron al gobierno a buscar el amparo del FMI. El mismo reclamo había sido realizado por los acreedores privados, que le pedían una negociación con el Fondo Monetario como condición para una reestructuración de la deuda. El motivo es muy sencillo: los Templeton y los BlackRock no están en condiciones de negociar y monitorear la aplicación de un determinado plan económico, que asegure las condiciones de repago de la deuda. Para eso, claro, los Estados imperialistas y el capital financiero internacional tienen al FMI.  

Mucho más que un ajuste

Los funcionarios del gobierno festejaron el comunicado del FMI resaltando unas frases donde señala que la deuda actual “no es sostenible”. Menos difusión le dieron a la frase que dice que “hay que asegurar la sustentabilidad fiscal y comercial”, que en buen criollo es el superávit de las cuentas públicas y prolongar el superávit comercial logrado con una pavorosa recesión, para asegurar el repago de la posible reestructuración. Se trata de un operativo político para ocultar el ajuste que ya está en marcha. En primer lugar, el que afectó a los jubilados, con la anulación de la movilidad previsional que dispuso la ley de emergencia económica. Según todos los cálculos, el ahorro fiscal de esta medida alcanza los 5.000 millones de pesos mensuales. Si una medida similar se tomase con el aumento que estaba previsto para mitad de año, el robo a los jubilados rondará los 100.000 millones de pesos en el año. A esto debe agregarse el aumento de impuestos, especialmente en las provincias, que tiene un impacto directo en los precios finales, como sucede con los Ingresos Brutos. Como si esto fuera poco, el gobierno anunció también aumentos de tarifas en los servicios de gas y electricidad, y también en el transporte público, aunque después debieron desdecirse. El motivo de las idas y venidas tuvo que ver con que incomodaban al pacto anudado con las distintas burocracias sindicales para hacer pasar la suspensión de hecho de las paritarias, así como  la imposición de sumas fijas que convalidan lo perdido bajo el macrismo y achatan las escalas salariales. 

A los recortes jubilatorios, a los impuestazos y a la eliminación de la cláusula gatillo en las paritarias, el gobierno impuso un ajuste más sutil, que es mantener los gastos del Estado sobre la base del Presupuesto 2019, que ha quedado desvalorizado por una inflación anual superior al 50%. Este es el significado de su negativa de enviar al Congreso el Presupuesto 2020, viabilizando un ajuste de hecho de enormes proporciones. Por otra parte, mediante el poco difundido decreto 132/20 congelaron la planta estatal, cuando 10.000 estatales despedidos por Macri esperan reincorporación y, además, obtura todo reemplazo -una medida que caracterizó el ajuste brasileño que empezó Dilma y sigue Bolsonaro.

Las consecuencias de la decisión del gobierno de pactar con el FMI y aceptar sus revisiones no solo son económicas sino también políticas. Mientras Guzmán negociaba en las oficinas del FMI, el embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Argüello, se reunía con el secretario de Estado, Mike Pompeo, para discutir la agenda yanqui para la región. Según trascendió, los acuerdos alcanzados incluyeron la política sobre Venezuela y estuvo en la mesa la cuestión boliviana. De modo sugerente, el gobierno argentino no emitió comunicado alguno denunciando la proscripción de la candidatura de Evo Morales y de decenas de dirigentes del MAS.

¿Alcanza?

Sería un error, sin embargo, deducir que estos recules del gobierno en términos económicos y políticos aseguran por sí mismos una reestructuración exitosa de la deuda. Como lo hicieron saber los grandes fondos de inversión, la negociación de la deuda aún no comenzó y no están dispuestos a aceptar quitas significativas de capital. No solo eso. Además, piden que se presente primero un plan económico que asegure las condiciones de repago de la deuda -es decir, un fuerte ajuste. El gobierno ya tomó nota de ello. No es casual que se hable ahora de que las quitas serían sobre el llamado “valor presente” (una relación entre capital, intereses y plazos) y en mucho menor medida sobre el capital. Algunas versiones hablan que el 30% de quita que el gobierno plantearía sería solo un 15% sobre el capital y el otro 15% sobre la tasa de interés o los plazos de pago. Así, para quienes compren los bonos en la actualidad el negocio sería redondo, pues su cotización ronda entre el 45 y el 55%. Si a esto se le suman los intereses, que con seguridad estarán muy por encima de la tasa internacional actual, la reestructuración podría ofrecer beneficios cercanos al 100% para quienes compraron bonos ya desvalorizados y asegurar ganancias igualmente a los que entraron al principio, a valor nominal.

Muchos analistas han señalado que si el gobierno pretende una quita mayor deberá pasar primero por un default. Aunque la variante no puede descartarse, ya que hay fondos de inversión que pueden pretender cobrar el 100% mediante juicios, lo cierto es que no es la política del gobierno, que sigue orientado a hacer concesiones para lograr un acuerdo. Es lo que acaba de suceder con el Bono Dual: luego de dos fracasos consecutivos, acaban de formular una propuesta que equivale a pagar casi el 100%. Estos recules del gobierno anuncian otros nuevos. Queda por ver si esas capitulaciones son suficientes porque el deterioro económico continúa y se agravan las contradicciones de fondo. En los próximos días los vencimientos de deuda en pesos son gigantescos: solo en Lecap alcanzan los 80.000 millones de pesos en marzo y 90.000 millones en abril. La “solución” del gobierno ha sido recurrir a la emisión monetaria, luego de prometer que no usaría la “maquinita”. Los efectos inflacionarios de esta medida serán inevitables, echando más leña al fuego a una carestía que no cesa. Durante enero la caída de la actividad económica se agudizó -“fue el peor enero de los últimos 10 años”, titularon varios diarios- y con ello la recaudación impositiva, que creció muy por debajo de la inflación. La posibilidad de alcanzar un superávit fiscal choca con el retroceso económico y más en general con el pago de la deuda. Medidas como la pesificación de una parte de la generación eléctrica traerán con seguridad crisis, pues chocan con la dolarización que mantiene el precio del gas -que le sirve como insumo. Como ya sucediera en el pasado, las empresas ajustarán sus costos por el lado de la inversión, afectando el servicio. Si se procediera a la pesificación del gas a boca de pozo, el choque con las petroleras golpearía el proyecto madre de Alberto Fernández, que es usar a Vaca Muerta como usina de divisas. Otro tanto ocurre con el aumento de las retenciones a la soja, que de todos modos buscaría ser compensado con la reducción de los impuestos que pagan el maíz y el trigo. La promesa de reactivación vía el mercado interno choca con la caída del salario y las jubilaciones y con la parálisis de la obra pública impuesta por la necesidad de ajuste fiscal. Es natural que en estas condiciones todos los pronósticos coincidan en una nueva caída económica en el 2020.

Que la crisis la paguen los capitalistas

Como lo explicamos en la campaña electoral en mil ocasiones, la bancarrota económica plantea una cuestión de fondo: quién paga la crisis, si los trabajadores o los capitalistas. La decisión del gobierno de abrazarse al FMI, admitiendo los monitoreos y revisiones, preanuncia una capitulación de fondo ante los acreedores internacionales. Esto planteará mantener el hipotecamiento nacional y más ajustes como los que ya están en marcha contra los trabajadores, los jubilados, la salud y la educación. La derecha macrista avala esta política y es por ello que ha dicho que acompañará al gobierno, votando sus leyes y aplicándolas en las provincias donde gobierna. No es solo un gobierno, es un régimen del FMI.

El Partido Obrero, integrante del Frente de Izquierda, plantea que la crisis la paguen los capitalistas. Esto significa repudiar la deuda usuraria, nacionalizar la banca y el comercio exterior y tomar todas las medidas de defensa nacional contra los usureros internacionales y nacionales. A la vez, llamamos a defender las jubilaciones luchando por la indexación por inflación arrebatada y el 82% móvil, la recomposición de los salarios recuperando lo perdido bajo el macrismo y la vigencia de las cláusulas gatillo, la prohibición de los despidos y las suspensiones, la puesta en marcha de un plan de obras públicas para reactivar la economía bajo el control de los trabajadores. Sobre esta base planteamos una campaña en todos los sindicatos por asambleas y plenarios de delegados, para deliberar y resolver un plan de acción en defensa de nuestras reivindicaciones. Los docentes de Chubut vuelven a mostrar este camino.