Mientras los especuladores festejaban por anticipado un arreglo de la deuda en los términos dictados por los fondos de inversión internacionales, el gobierno emitía un decreto que recortaba nuevamente el aumento que debían recibir los jubilados. La suba de la cotización de los bonos y de las acciones de las principales empresas del país contrastaba con lo que será un nuevo golpe a las jubilaciones. La relación entre un hecho y otro es más estrecha de lo que parece. Los BlackRock y compañía enfocan su reclamo en lo que será el “valor presente” que tengan los bonos reestructurados al momento que comience su circulación. El mismo depende de una serie de factores, entre ellos de la capacidad de repago que se le atribuya al país. Por ello, se estima que mientras menor sea la actualización de las jubilaciones mayor será la capacidad de pago de deuda de la Argentina. Finalmente, todos sabemos que el FMI tiene entre sus exigencias fundamentales la imposición de reformas previsionales que reduzcan los haberes, tendiendo a convertirlos en un régimen asistencial a la vejez. La nueva titular del Fondo, Kristalina Georgieva, amiga de Alberto Fernández y del Papa, no ha cambiado un ápice este decálogo de principios del gran capital internacional.

El nuevo decretazo contra los jubilados implica una violación de la ley votada en diciembre pasado, que comprometía al Congreso a votar una nueva fórmula de movilidad previsional. Nada de esto se ha hecho, está claro. Pero bien visto, este decreto es aún peor que el emitido en febrero/marzo pasado. En aquella oportunidad se impuso un porcentaje de aumento más una suma fija para las jubilaciones mínimas. En esta oportunidad, esa suma fija desapareció. Se pasó así del discurso de “beneficiar a los que menos tienen” al ‘igualitarismo’ basado en un ajuste generalizado. Mientras la ley de movilidad suspendida preveía un aumento en junio del 10,9%, el decretazo del gobierno redujo ese porcentaje al 6,12%. Para los millones de jubilados que cobran la mínima, el aumento será de apenas 972 pesos mensuales o 32 diarios. El haber mínimo quedará establecido en 16.864 pesos, que no cubre siquiera el 50% de la canasta básica del jubilado que mide la Defensoría de la Tercera Edad; al contrario, está más cerca de ser la tercera parte. El argumento, usado a modo de consuelo, de que al menos el porcentaje del aumento supera la inflación del período, tampoco debe ser tomado como cierto. Sucede que la inflación de la canasta del jubilado difiere del índice inflacionario general. Por lo pronto, la inflación en los alimentos duplica en abril el promedio general. Esto afecta a todos los sectores de menores ingresos, entre ellos los jubilados, porque son quienes destinan la mayor cantidad de su ingreso a la compra de alimentos.

A este ataque se suma la reforma del sistema jubilatorio en Córdoba, que se está votando al momento de escribir este editorial, se trata de la completa armonización a la baja con el sistema nacional. Este es el camino que se pretende para el conjunto de las 13 provincias que mantienen regímenes propios -entre ellas, la de Buenos Aires.

El ajuste contra los jubilados se ha transformado en la piedra basal de toda la política del gobierno y de la clase capitalista. Mientras a los jubilados se les otorga un aumento bochornoso de 32 pesos diarios, los fondos de la Anses son utilizados sin descaro para asistir a los principales grupos empresariales del país. La difusión de esta información ha creado un verdadero escándalo político. Y, digámoslo con todas las letras: al frente de esta estafa a los jubilados está el kirchnerismo más rancio con Raverta y Volnovich a la cabeza. Ante esto, el ‘ala izquierda del kirchnerismo’ ha decidido salir a la cancha para jugar el papel que tiene asignado: confundir a la población trabajadora y progresista. Esta es la función que juega la versión puesta a circular de que la diputada K Fernanda Vallejos presentaría un proyecto para que la Anses se quede con parte del paquete accionario de las empresas que reciben asistencia del Estado. Por eso, aunque el proyecto aún no existe y nadie sabe si alguna vez existirá, es necesario señalar que una propuesta de este tipo está lejos de afectar realmente a los capitalistas. De hecho, luego de la estatización de las AFPJ’s, el Estado se convirtió en accionista de muchas empresas y hasta designó directores en éstas, entre ellas algunas grande como Clarín, Techint o Aluar. Sin embargo, esos directores no cambiaron la naturaleza de esas empresas ni modificaron las condiciones de sus trabajadores. Al revés, reforzaron la asociación entre el Estado y el capital en la explotación de esos trabajadores.

Aunque en Diputados no hay ni rastros ni perspectivas de proyecto alguno en ese sentido, no hay que descartar que se lo active en vistas a promover un rescate, si hiciera falta, de mayores dimensiones del capital en crisis, al cual se lo disfrazará como un avance “nacional y popular”. Una transformación de la Anses requiere un replanteo social general, que comience con la defensa del 82% móvil, la reposición de los aportes patronales a los niveles de 1993, la eliminación del trabajo en negro y la administración de la caja previsional por trabajadores y jubilados. Dicho de otro modo, hace décadas que los trabajadores financian a los capitalistas a través de la liquidación sistemática de su régimen de jubilaciones.

El permanente saqueo de la Anses por parte del capital es una expresión de una bancarrota económica de fondo, que muestra que la economía argentina carece de todo tipo de financiamiento, a no ser la emisión vil de moneda. La tentativa de superar esa falta de financiamiento, recurriendo a un impuesto al gran capital, no pasa, por el momento, de una amenaza o una maniobra de distracción. Según comentaron varios periodistas especializados, fue el propio ministro de Economía, Martín Guzmán, quien solicitó que no se presente ningún proyecto de este tipo hasta que no concluya la renegociación de la deuda. Sucede que muchos bonistas reclamarían que el gobierno reconozca una porción mayor de la deuda si son alcanzados por un nuevo tributo. Sea como sea, la negociación de la reestructuración de la deuda se alargará durante todo junio y solo queda saber hasta dónde reculará el gobierno. Como la propuesta original ya implicaba de por sí un recule, reconociendo el 95% de capital adeudado y una tasa de interés muy superior a la media internacional, un nuevo retroceso del gobierno equivaldrá a un triunfo en toda la línea de los fondos de inversión. En el ínterin, en vez de impuestos al capital para asistir a los que menos tienen, tenemos un subsidio al capital con los fondos de los jubilados. Entretanto, los “mercados” no se privarán de seguir apelando a la fuga de capitales y la corrida hacia el dólar, de modo de condicionar aún más la renegociación de la deuda.

Otra vez, que la crisis la paguen los capitalistas

Otra vez, luchemos por el control popular de la cuarentena

Esta distancia entre los dichos y los hechos se aplica también a la cuarentena. Alberto Fernández ha dicho una y otra vez que no le doblarán el brazo para abrir la economía, pero es exactamente lo que está haciendo. Ahora, esta duplicidad la copia Axel Kicillof. Mientras cuestiona la apertura comercial de Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires, acaba de resolver una apertura aún de dimensiones más importantes en la provincia de Buenos Aires, bajo la presión directa de la burguesía industrial y el capital agrario. En la letra chica, como siempre, está la trampa. Es probable que detrás de la extensión de la cuarentena hasta el 8 de junio, que se descuenta anunciará Alberto Fernández, se habiliten la apertura de nuevos sectores empresariales. Sin embargo, el aumento de los casos en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires debiera alcanzar para poner en alarma a toda la población. La crisis sanitaria que ya abarca a la mayoría de los países de la región podría desatarse en la Argentina. Los 1.000 muertos diarios en Brasil y el colapso del sistema de salud en Chile y Perú, que ya está llegando al punto crítico de “la última cama”, prueban a dónde termina la apertura de la actividad en países azotados por la pobreza, con sistemas de salud desfinanciados y muy precaria estructura del transporte público.

El decretazo que redujo el índice de actualización de las jubilaciones tiene su correlato en el pacto CGT-UIA-gobierno, que estableció un recorte nominal del salario del 25%. Esta reducción, realizada en nombre de la defensa de los puestos de trabajo, no ha paralizado los despidos que afectan cada vez a sectores más amplios de los trabajadores. Lo que sucede con Techint es un botón de muestra de esta situación. El monopolio que comanda Paolo Roca no solo recortó salarios a sus trabajadores, sino que se benefició con la asistencia de la Anses mientras continúa con su política de despidos y flexibilización laboral en distintas plantas y áreas de la empresa. Desde luego, violentando en muchos puntos los protocolos necesarios de distanciamiento social y protección frente al virus. La invocación a la cuarentena, para llevar adelante estas fechorías, oculta que la crisis es precedente al coronavirus, como lo prueba que las suspensiones y la caída de la producción y de las ventas se habían profundizado en enero y febrero. La reactivación de la que hablan los capitalistas no llegará a la Argentina ni a la economía capitalista mundial. El reclamo de la apertura de la cuarentena no persigue un fin reactivador sino llevar adelante una ofensiva en regla para modificar sustancialmente las relaciones de fuerza entre el capital y el trabajo, aprovechando la depresión económica en desarrollo, nacional y mundial.

Como en toda crisis, la cuestión de fondo es quién la paga y qué clase social ofrece una salida en función de la mayoría nacional. Con Alberto Fernández, Larreta y compañía, la están pagando los trabajadores, con despidos, suspensiones, rebajas salariales y mayor confiscación de los jubilados. El Partido Obrero y el Frente de Izquierda plantean la línea opuesta: que la crisis la paguen los capitalistas. Esto supone establecer el no pago de la deuda, la nacionalización del sistema financiero y del comercio exterior. Imponer un impuesto progresivo al capital y eliminar los impuestos al salario y al consumo. Prohibir los despidos y las suspensiones, estableciendo el reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario, que debe mantener su capacidad adquisitiva ajustándose por inflación. Defender la Anses, reponiendo los impuestos patronales y su control y gestión por parte de los trabajadores y jubilados. La crisis sanitaria requiere el control obrero y popular de la cuarentena, en los lugares de trabajo y en las barriadas populares. La vida de nuestro pueblo no puede estar a merced de las ganancias y la desidia del capital y sus gobiernos. 

Sobre esta base llamamos a los trabajadores a deliberar y organizarse. Destacamos la lucha dada por el Sutna, que logró el pago del 100% del salario en clara oposición al pacto UIA-CGT-gobierno, al igual que Morvillo. Ante la huelga de más de diez días del transporte en grandes ciudades del país, como Rosario y Córdoba, planteamos que los trabajadores se organicen para mandatar a delegados y seccionales mediante asambleas, de modo que la salida sea reconociendo la integralidad del salario y su actualización: ninguna confianza en la burocracia de la UTA. Son ejemplos que marcan la importancia estratégica de la recuperación de los sindicatos como órganos de lucha de los trabajadores contra la patronal y el Estado.