29/04/2021
hambre

El 89% de los hogares pobres con niños tuvo que reducir su alimentación

Según un informe de la UCA que evalúa el período 2019-2020.

Un estudio realizado por el Observatorio de la Deuda Social de la UCA da cuenta de que la inseguridad alimentaria en el país aumentó en el transcurso de un año. Es decir, que cada vez más argentinos se ven obligados a reducir su porción de comida por problemas económicos, o, incluso, experimentar hambre, lo que se conoce como una inseguridad alimentaria severa.

El informe arroja cifras estremecedoras. Para comenzar, señala que el 89% de los hogares pobres con menores padecen inseguridad alimentaria, y, en el 34,4% de los casos directamente pasan hambre. Se trata de una porción enorme de la población, dado que el 55% de los hogares con niños están por debajo de la línea de pobreza.

 

 

Por otra parte, los datos constatan que el 37,4% de los menores de 17 años padecen inseguridad alimentaria en la Argentina. El 16% de esa franja etaria experimentó hambre en los últimos 12 meses. La tasa de entrada a la inseguridad alimentaria entre 2019 y 2020 para los niños y adolescentes fue del 21,4% y del 10,7% la tasa de entrada a la inseguridad alimentaria severa.

El porcentaje de inseguridad alimentaria en los hogares con niños aumentó un 16,2% en un año. En ese sentido, la cantidad de niños con inseguridad alimentaria subió un 33,8% en el período 2019-2020. La situación se agrava en los niños de 0 a 3 años, quienes vieron reducida su alimentación, con respecto a 2019, en un 100,4%.

 

 

 

Particularmente en los hogares pobres con niños, ese porcentaje aumentó un 27%, mientras que en los hogares indigentes con niños la suba fue del 51,8%. Así las cosas, la inseguridad alimentaria en los niños pobres aumentó un 42,3% en relación al 2019 y un 51,8% en el caso de los niños indigentes.

 

 

Un dato llamativo es que los niños que reciben la Tarjeta Alimentar también se vieron forzados a disminuir su alimentación en comparación al 2019. La inseguridad alimentaria en este sector creció un 22% en total y un 43,3% en los hogares monoparentales. La tasa de entrada a la inseguridad alimentaria para quienes reciben esta asistencia fue del 24,4%. La tasa de niños que cuentan con Tarjeta Alimentar, no obstante experimentaron hambre en los últimos 12 meses contemplados en el informe, es del 9,6%.

 

 

 

Esto significa que la publicitada “ayuda alimentaria” por parte del gobierno es una gota en el océano de medidas antipopulares que hambrean a la población, generando un enorme impacto en las infancias. La Tarjeta Alimentar son solamente $6.000 o $9.000 mensuales destinados a familias perceptoras de AUH con hijo/s de hasta 6 años de edad (salvo en caso de hijos con discapacidad), cuando la canasta de alimentos aumentó un 45% en un año, alcanzando los $25.685. Además, el carácter restrictivo del programa deja afuera a casi el 60% de los menores alcanzado por la AUH.

 

 

Por otra parte, desde que comenzó el año, el Ministerio de Desarrollo Social viene recortando la entrega de alimentos a los comedores populares, poniendo en peligro la asistencia alimentaria de millones de habitantes. Esto es de extrema gravedad, puesto que cada vez son más los vecinos de las barriadas, golpeados por el hambre y la desocupación creciente, que se ven obligados a acudir a un comedor comunitario como único medio de subsistencia.

Alberto Fernández anunció, en campaña electoral, que iba a volver el asado a la mesa de los argentinos, sin embargo, en un año y cuatro meses de gobierno le saca el plato de comida a los sectores populares, fogoneando techos salariales, habilitando despidos e informalidad laboral, permitiendo que las empresas alimenticias suban los precios hasta por encima de la inflación y retaceando la asistencia social (no se repuso el IFE) para complacer al FMI. Sin ir más lejos, según un informe del Observatorio del Derecho Social, con el salario promedio actual se puede comprar un 60% menos de asado que hace 25 años. La carestía se ve reflejada en que el consumo en supermercados ha tenido una caída del 25,9% interanual.

Se acaba de sellar entre el oficialismo, las cámaras empresarias y la burocracia sindical un salario mínimo que llegará a los $29.160 en febrero 2020. Esto implica una condena para los sectores más empobrecidos que apenas reciben un plan social equivalente al 50% del salario mínimo. De esta forma, las 870 mil personas que cobran el programa Potenciar Trabajo recibirán en febrero del año próximo la miserable suma de $14.580 mensuales. Como se ve, todas las medidas del gobierno apuntan a pulverizar los ingresos de las mayorías, dando lugar a que aumente la inseguridad alimentaria en un país productor de alimentos.

Esta contradicción debe ser resuelta por medio de asegurar un salario mínimo de $61.000; la prohibición de despidos y suspensiones y reparto de las horas de trabajo para que no haya desempleo; seguro al desocupado de $40.000; prohibición de rebajas salariales; estatización sin indemnización de toda empresa que cierre, despida, o reduzca sueldos; aumento de emergencia para los jubilados de $15.000 y 82% móvil y paritarias libres indexadas a la inflación. Es necesario retrotraer los precios de los alimentos sobre la base de abrir los libros contables de toda la cadena comercial para evaluar los costos reales, a su vez, es preciso proceder a la nacionalización bajo control obrero del comercio exterior para que los precios internos no se acoplen a la suba de los precios internacionales. Se debe romper con el FMI, repudiar la deuda y aplicar un impuesto progresivo y permanente al gran capital de modo que el ahorro nacional sea destinado a resolver las necesidades sociales. Es un programa de la clase trabajadora, la única que puede garantizar «el pan de todos».

 

 

 

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