Políticas

5/1/2006|930

El 9, por castigo y cárcel para todos los asesinos


 


Acaba de ser puesta públicamente la fecha de culminación del juicio oral por los asesinatos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, con la lectura del veredicto para el lunes 9 de enero. El resultado pretenderá ser anunciado por el Gobierno Nacional y algunos medios de comunicación como un “acto de justicia” y el “fin de la impunidad” en torno a la larga lucha por el esclarecimiento de la Masacre del 26 de junio de 2002. Sin embargo, lejos de haberse culminado esta instancia como un ejemplo de justicia, todo el proceso judicial ha demostrado que la impunidad y en encubrimiento por parte del Estado y el Gobierno Nacional de Kirchner ha logrado su cometido.


 


Si bien resulta casi un hecho histórico que por primera vez (a diferencia de otras causas como la Amia y los asesinatos del 20 de diciembre por ejemplo) dos policías —Fanchiotti y Acosta— sean castigados con una dura condena producto de su más que comprobada participación criminal en los asesinatos de Maxi y Darío, lo paradójico resulta que estas condenas han sido las “monedas de cambio” para que en este juicio el conjunto del Estado responsable de las muertes de Kosteki y Santillán y de la represión en su conjunto no reciban el castigo acorde a sus responsabilidades. Por otra parte, el manifestante Hernán Gurián persiste con una condena de 18 meses de prisión por haber enfrentado la represión de la “bonaerense” en el Hospital Fiorito el 26 de junio de 2002.


 


Ha sido inclusive la misma fiscalía quien se encargó de limitar toda la responsabilidad a los dos policías mientras que el resto de la “bonaerense” juzgada solamente incurrió en el delito de “encubrimiento”. Además, Duhalde, Solá y la mayoría de los funcionarios responsables intelectuales de la Masacre del 26 de junio de 2002 fueron “premiados” promediando la mitad del juicio con la “no concurrencia” a comparecer frente al Tribunal (ni siquiera como testigos) por otras causas federales abiertas contra ellos.


 


Los pocos funcionarios que sí declararon como testigos, entre ellos el actual Ministro del Interior Aníbal Fernández (quien fuera secretario general de la Presidencia durante la Masacre) solamente ratificaron, cada uno a su manera, la denuncia popular de que se trató de un plan premeditado por el Estado y el entonces gobierno de Duhalde.


 


El encubrimiento del gobierno de Kirchner en este juicio resultó escandaloso: además del testimonio encubridor de su ministro Fernández (hasta llegó a reivindicar a Duhalde) y a su vez “esclarecedor”, el decreto de apertura de los archivos secretos de la Side relacionados con el operativo del 26 de junio de 2002 no pasó de ser una “operación mediática” que poco y nada aportaron a la causa, al igual que con el juicio de la Amia.


 


Desde ya, el telón de fondo que determinó este juicio fue —y es— el pacto de impunidad Kirchner-Duhalde.


 


Para el lunes 9 de enero, el Partido Obrero convoca a una masiva movilización desde las 14 horas, en la Estación de Banfield a los Tribunales de Lomas de Zamora. No conformándonos con la cárcel solamente para dos del conjunto de la “bonaerense” involucrada y con la “absolución por adelantado” para Duhalde, Solá y su banda. Denunciamos a Kirchner como el principal encubridor de los responsables de la Masacre y llamamos a continuar con una gran campaña nacional e internacional por el castigo a todos los asesinos. Para que este juicio que ha conmovido al país a lo largo de estos meses no termine por poner el “punto final” de Kirchner a la larga lucha contra la impunidad y por el esclarecimiento de la Masacre del 26 de junio de 2002. Solamente la movilización popular los pondrán tras las rejas.


 


Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, presentes!