Se logró un aumento de 50 puntos (30 en diciembre y 20 en enero) en la base de cálculo que afecta a los básicos, al monto por título y antigüedad. Todo eso hace que los salarios aumenten un 20%, unos 300 pesos para las categorías más altas y unos 160 para las más bajas (el reclamo del movimiento era un aumento del 100% en la base de cálculo, o sea de 250 puntos). Este porcentaje se eleva un poco más por el aumento del ítem de responsabilidad asistencial (punto 10), que es mayor para los sectores no-profesionales (en el caso de los profesionales es una sustitución del ítem responsabilidad profesional).

Se logra la incorporación de 1.500 trabajadores a planta permanente y la promesa de que el resto será incorporado de aquí hasta 2011, y la promesa adicional de que mientras tanto a todo el personal se le mantendrá la permanencia hasta que se efectivicen los pase.

El gobierno impuso un punto vital para su política privatizadora (punto 6): “Las partes acuerdan en conformar una comisión mixta que estudiará y decidirá un sistema de distribución equitativo del ingreso proveniente de las obras sociales y/o terceros pagadores entre todos los trabajadores de la salud”.

Hay un conjunto de puntos que han quedado librados a promesas, los relativos a la cuestión jubilatoria (82% móvil) y el del ítem insalubridad para la cuestión jubilatoria. Al igual que el referente a la categorización (carrera sanitaria).

En todos esos casos se comprometen a realizar gestiones y a formar comisiones.

Los puntos más importantes, sin embargo, están referidos al reconocimiento del movimiento, tanto en el hecho de las propias negociaciones como para el posterior funcionamiento y accionar reivindicativos frente a la promesa de negociaciones en marzo. Es también importante haber arrancado una suerte de amnistía y la devolución de los días caídos, con la salvedad de que el pedido se debe tramitar frente a los directores y jefe de personal de cada centro de salud, con lo que el gobierno impone el restablecimiento de la autoridad de toda la jerarquía cuestionada durante el conflicto. Si bien se acuerda suspender las medidas de fuerza el gobierno no pudo imponer una cláusula de paz social.

En conclusión, el gobierno tuvo que echar lastre, no tenía otra vía para que se levantara el conflicto, sobre todo cuando le había fracasado la carta represiva al ocupar policialmente los hospitales. A partir del levantamiento va a procurar hacer lo que hace todo gobierno capitalista: dilatar las resoluciones de las promesas, provocar y volver a la carga con su política represiva y antisindical. Para llevar esto adelante el gobierno va a intentar cooptar a la dirigencia conciliadora. El nuevo diálogo que el gobierno ha iniciado con Juri fue señalado como un intento de establecer una mediación frente a un sector de los dirigentes conciliadores (los de los hospitales del Sur y Santa Lucía) alineados precisamente con el jurismo. De la misma manera, la relación que ha entablado con la referente del hospital de Niño, ex PC, hoy vinculada con el MST y que tiene línea directa con la Casa de Gobierno, en la que anidan varios exPC.

La defensa del movimiento autoconvocados y de las puntos establecidos en el acta acuerdo pasa precisamente fortalecer la organización de base y el funcionamiento de los plenarios mandatados y las asambleas soberanas.