El corte de la ruta 34 fue levantado luego que el gobierno se comprometiera a otorgar 1.000 ‘fondos de desempleo’ de 220 pesos por un año; 2.200 puestos por un año del Plan Trabajar por el mismo importe; otros 1.000 puestos por 6 meses y 800 vacantes en petroleras privadas. El reclamo era de 5.000 subsidios o puestos laborales por 400 pesos, más carga social y salario familiar.

El gobierno se comprometió a no tomar ningún tipo de represalias con los participantes de la lucha; a pagar un mes, de los tres adeudados, a los trabajadores del municipio; no cerrar nuevos cursos educativos (existían planes de cierre de numerosos cursos), aunque se negó a suspender la aplicación de la Ley Federal de Educación y a reabrir varios cursos cerrados con anterioridad; a crear un fondo provincial de inversiones con las regalías, por 5 millones de pesos; a poner en marcha un conjunto de obras públicas (muchas de ellas ya figuraban en el presupuesto), como la construcción del dique Itiyuro II, el reemplazo de los puentes Bailey, un plan de viviendas por 4 millones de pesos y diversas obras (terminal de ómnibus, cárcel, quebrada de Galarza, acueducto Cornejo-Aguaray, refacciones en hospitales, etc.); a construir una planta de gas envasado en Aguaray; aceptó que se otorgara la propiedad sobre tierras fiscales a la comunidad aborigen y diversos beneficios en términos de condonación de deudas (o ampliación de plazos) con el BHN, el Banco Nación, el Banco Provincia residual, como asimismo diversos subsidios a sectores de la pequeña y mediana industria y algunos sectores empresariales como los madereros.

Hubo numerosos puntos que sólo figuraron con la intención de gestionarlos, y todo lo relativo a la esfera nacional quedó fuera de la competencia.

Como se ve, aunque lo que se conquistó es insuficiente y parcial en relación al conjunto del pliego levantado y a las necesidades de los explotados, representó un golpe a la política del gobierno. Como dijo un dirigente de los piqueteros, lo conquistado nunca se había logrado antes en la historia del departamento y es algo intolerable para el actual régimen político, que ya está actuando para desvirtuar lo pactado y desconocer las reivindicaciones arrancadas por medio de la lucha.