Políticas

24/2/2005|888

El agua, un instrumento de confiscación agraria


El problema de la escasez de agua de riego es una constante en la mayoría de las fincas y minifundios del territorio provincial. El agua de riego durante el siglo pasado era propiedad de los estancieros a quienes defendían abogados como don Vicente Saadi. Es conocida una rebelión encabezada por el escritor y pequeño agricultor Luis Franco, en defensa del derecho al agua para los campesinos pobres de Belén, los “bandoleros de a caballo”, como dijo la prensa de la época cuando fueron reprimidos por el ejército y su líder, encarcelado.


 


Terratenientes como Felipe Justo (hermano de Juan B. Justo), dueño de grandes extensiones en La Paz; Indalecio Pachado, dueño de pueblos enteros en el norte de Belén y, ergo, dueño del agua; o los Navarro en Aconquija (zona de poroto y papa semilla), vinculados a la rancia oligarquía argentina; todos ellos monopolizaron el agua de riego o impusieron la política sobre este recurso, que era desventajosa siempre en una relación de diez a uno respecto de los campesinos pobres.


 


A partir de 1990, se inicia un período de saqueo de la tercera parte de las tierras provinciales. Muchos campos con títulos de la época de la colonia pasan a manos de ricachones como Neustadt, Tinelli, Mastellone, Romay, el propio Cavallo, Castillo –gobernador de Catamarca– y el de Salta, Romero. Con costosas perforaciones se amplía el mapa de las tierras cultivables. También se pone en marcha la entrega, lo que se denomina la era de los diferimientos impositivos. Según Pilo Sotomayor, ex presidente de la Sociedad Rural de Catamarca, se declararon inversiones por 2.000 millones de dólares entre el ‘90 y el ’97 para sembrar pistacho, jojoba y esencialmente aceituna. Proyectos sobrevaluados, engordados, que les permitieron mayor evasión (diferimiento) de impuestos a los nuevos dueños de los campos. El gobierno de Castillo II creo una oficina a cuyo frente estaba el entonces ministro de Producción, el actual vicegobernador y delfín de Kirchner, Colombo, para armar los proyectos (con títulos saneados) y donde debían dejar el 10% de la inversión y un 5% más con la última firma, la de Oscar Castillo.


 


Nació el negocio del olivo. La cosecha actual alcanzará las 9.000 toneladas, será la mayor producción del país y la segunda de Latinoamérica. El agua de los establecimientos es generosa, abundante y en el Valle Central podría afectar las napas para el consumo de la próxima década. En pueblos como Tinogasta o Pomán, los pequeños agricultores olivícolas que cosechan desde antes del boom siguen sin agua a pesar de las promesas de embalses o represas para contener el agua de ríos que en el verano son caudalosos pero que en el caso de Tinogasta y en pueblos como La Puntilla, El Salado o Cordobita, se pierde en los pantanos riojanos. Esta historia se repite en el este, donde se han puesto varias piedras basales, pero las obras no aparecen.


 


Para que el agua esté al servicio de los trabajadores y campesinos es necesario terminar con el latifundio y poner todos los recursos acuíferos en manos del Estado bajo control obrero.