El juicio por la masacre de Once atraviesa sus instancias finales. Comenzaron los alegatos de las familias de las víctimas y pronto comenzarán los de la fiscalía y las defensas. En noviembre se conocería la sentencia por la muerte de 51 personas y las lesiones de otras 789.

 

Entre los 29 acusados se encuentran los ex secretarios de Transporte Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime, y los empresarios Roque, Sergio y Claudio Cirigliano.

 

La etapa de alegatos comenzó el 7 de septiembre con la querella representada por el mediático abogado Gregorio Dalbón. El suyo fue un alegato encubridor, con un denodado intento por deslindar a empresarios y funcionarios de toda responsabilidad. Sólo pidió condena -22 años de prisión- para el motorman Marcos Córdoba. La querella representada por Javier Moral sostuvo la misma posición. Los discursos de ambos fueron en defensa de los acusados, conducta que manifestaron durante todo el juicio.

 

El 8 de septiembre alegaron los representantes de los familiares encabezados por María Luján Rey y Paolo Menghini, padres de Lucas. Se trata del grupo que, durante estos años, denunció la responsabilidad estatal y empresarial y organizó las movilizaciones por justicia.

 

En la sala de audiencias fueron acompañados por personalidades de los derechos humanos y partidos políticos: las Madres de Plaza de Mayo (LF) Nora Cortiñas y Elia Espen, representantes de Apel, Liberpueblo y Apemia, Claudio Lozano y Néstor Pitrola, entre otros. Ninguno de los organismos de derechos humanos, alineados con el oficialismo arrimó su solidaridad.

 

El alegato

 

Los abogados Leonardo Menghini y Leila Leiva demolieron la base fáctica falsa que intentaron construir los defensores y Dalbón.

 

Exhibieron pruebas contundentes. Entre otras, revelaron un correo electrónico remitido por el propio Roque Cirigliano a los directivos de TBA, cinco días antes de la masacre, donde afirmaba que debido a los problemas de freno, compresores, fugas neumáticas y de aire, el coche Chapa 16 que se estrelló contra el andén estaba “condenado a la inactividad”. Durante la instrucción de la causa, el maquinista Leonardo Andrada, que fue quien entregó la formación al maquinista Córdoba, declaró que el tren “frenaba largo y a medida que subía más gente, más difícil era frenarlo”. Poco después, Andrada fue asesinado de cuatro balazos en la espalda.

 

Los familiares pusieron al desnudo el entramado económico que derivó en la masacre de Once. Las pericias contables corroboraron las maniobras contables de TBA, que hacía enjuagues financieros con los subsidios ante la vista gorda de los funcionarios que debían controlarlos.

 

El principal accionista y proveedor de TBA era la empresa Cometrans, presidida por Sergio Cirigliano, que también brindaba el servicio de asesoramiento a TBA con un plantel de diez personas cobrando honorarios por un monto millonario. Todo este movimiento era pagado por el Estado nacional con fondos públicos.

 

Los familiares demolieron las pericias técnicas ya que, señalaron, fueron realizadas en otras condiciones, con trenes acondicionados especialmente y vacíos, y destacaron que peritos oficiales fueron acusados de falso testimonio.

 

Las penas solicitadas fueron por estrago doloso y administración fraudulenta para empresarios y funcionarios, y van desde 10 a 18 años de prisión. A Sergio Cirigliano se le reclamó 18 años; a Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, 15 años, y ex al interventor de la CNRT Antonio Sícaro, 12 años. Se solicitó la investigación a Julio De Vido por la participación en los hechos en su carácter de ministro de Planificación Federal.

 

La sentencia contra los acusados debe consumar una fuerte condena para la “tríada criminal” de empresarios, funcionarios y burócratas sindicales que hicieron oídos sordos a los reclamos de trabajadores y usuarios.