El gobierno y el alto mando están montando una verdadera “operación de Estado” para tratar de cerrar cuanto antes la “investigación” de la Justicia federal en sus propios términos. Contrarreloj y apelando a todos los métodos, se quiere lograr una rápida “confesión” de dos soldados de la clase ’74, dos suboficiales y un subteniente, para reducir a éstos la responsabilidad en relación al crimen y exculpar a toda la cadena de mandos y funcionarios (incluidos Menem y Camilión) que actuaron como cómplices y encubridores del crimen.

Para lograr esto se ha recurrido al “ablande” y al “apriete” liso y llano. Los dos soldados a los que se imputa el crimen estuvieron “incomunicados cuatro días por orden de la justicia militar” (Crónica, 23/6); el defensor de uno de ellos se apartó de la causa al encontrarlo “muy mal de ánimo” (Clarín, 22/6). Lo que se presenta como la quiebra del “pacto de silencio” en torno al crimen tiene todas las características de un operativo guiado por la inteligencia militar. El “fallo” en gestación no involucraría, así, a un solo jefe, aunque éstos firmaron de su puño y letra la denuncia por la “deserción” de Carrasco del regimiento, cuando éste ya había sido asesinado.

El sargento y el subteniente “acusados” por la justicia militar fueron llevados a Buenos Aires “aprovechando la demora de la Fiscalía en presentar al juez la lista de indagados” y “no sería extraño que con el traslado se haya buscado convencer a ambos militares de que hablaran para destrabar el caso”. El sargento, que ahora involucra a los dos soldados en el crimen, “salió de Neuquén hace 15 días con un abogado defensor elegido… y regresó con otro de la Capital… se ignora quién pudo solventar tales honorarios” y es visitado asiduamente “nada menos que (por) el teniente coronel Duret y el mayor Díaz Bessone” (La Nación, 20/6), “lo que a cuenta de las declaraciones (hechas), facilitando la investigación del juez, hacen pensar que no se trata de una visita de cortesía” (Ambito, 23/6).

La responsabilidad exclusiva de los soldados es la “versión que con más insistencia difundió la inteligencia castrense, porque si los autores del homicidio son conscriptos y no militares, el costo político para el Ejército desaparece” (Río Negro, 21/6).

El “pacto de silencio” sigue en pie y deja abierto el camino para que los propios inculpados por la justicia militar queden sin pena alguna, porque en definitiva “el juzgado contaría con pocos elementos de relieve para procesar a los principales sospechosos” (La Nación, 15/6).

Servicio optativo: “debate” para encubrir

El insospechable La Nación (15/6) advierte que el anuncio del servicio militar optativo sería “una simple respuesta de ocasión frente a un horrendo crimen cometido en un cuartel patagónico (o) una argucia para restaurar la imagen política y electoral del gobierno” (15/6).

Todo el “debate nacional” sobre el servicio militar “obligatorio” u “optativo” es ante todo un operativo de indulto en el momento que están desfilando los imputados por el crimen y que el tema vuelve a la primera plana de los diarios. El promocionado “debate” no produjo nada, entre otras razones porque el reemplazo del Ejército actual por una fuerza mercenaria de “intervención rápida” y “altamente profesional”, preconizado por Cavallo y el Pentágono, amenaza dejar a la Argentina sin Ejército. La Armada, donde se ha dicho que el voluntariado resultó “exitoso”, “debió despedir al 91% de los soldados voluntarios que se incorporaron hace cuatro años, al iniciar el sistema mixto” (Clarín, 19/6), lo que no puede sorprender en cuarteles donde los “contratados” deben someterse a un régimen de atropellos y asesinatos por 300 pesos.

El “servicio optativo ya” proclamado por Menem para tapar el único “debate nacional” que interesa, el de los responsables del crimen de Carrasco y del resto de agravios y crímenes en los cuarteles, logró el respaldo entusiasta de la UCR en todas sus variantes (“la oposición debe apoyar lealmente cuando el gobierno acierta”, fue la síntesis hecha por el diputado Dumón), y el Frente Grande pidió que fuera incorporado al texto constitucional. Tenemos así un verdadero “frente encubridor” de Menem a Chacho Alvarez, que se propone: a) dejar que la investigación del crimen de Carrasco “muera” en la justicia militar y civil (las “buenas manos de Balza”, en las palabras de Fernández Meijide); b) desviar la movilización por el juicio y castigo; c) poner en pie un Ejército y fuerzas de seguridad mercenarias de “despliegue rápido” para reprimir la rebelión del pueblo.

Por esta razón, en la anunciada Marcha Federal habrá dos campos también en este terreno. Las consignas de: Juicio y castigo, fuera la dictadura de los cuarteles, fuera el “servicio militar”, derechos políticos y sindicales dentro del Ejército, estarán presentes en columnas de la juventud (desde ya que en las del PO y la UJS), pero no en las de su mesa convocante. La UCR, el Frente Grande, el CTA han firmado la operación de indulto del alto mando por el asesinato de Omar Carrasco.