23/12/2021

El alza en los precios mayoristas desmiente la desaceleración inflacionaria

En un año aumentaron un 54,5%.

Los precios mayoristas tuvieron una suba del 2,9% en noviembre y del 54,5% interanual -según el último informe del Indec- ubicándose por encima de la inflación general. Este incremento en el eslabón de la cadena comercial que comprende a los productores e importadores sin duda impactará en los precios minoristas, afectando al bolsillo popular. De este modo, queda desmentida la versión oficial de que se estaría desacelerando la inflación luego del 2,5% registrado en el IPC de noviembre.

Dentro de los precios mayoristas, se destaca el alza de los productos primarios del orden del 3,1%. Los productos agrícolas, por su parte, aumentaron un 4,7% en noviembre, mientras que los minerales no metalíferos lo hicieron en un 5,7%. Evidentemente, el auge de los precios internacionales de las materias primas que exporta el país se trasladó directamente al mercado interno. Ocurre que el gobierno da vía libre a que esto suceda en la medida que mantiene intacto el control privado sobre el comercio exterior de Argentina.

Esta escalada en el índice de precios mayoristas muestra a todas luces que una política de control de precios circunscripta a lo que sucede únicamente en las góndolas está destinada al fracaso. Finalmente, ni el congelamiento actual ni el programa Precios Cuidados abordan el problema de la remarcación de precios en la que incurren productores e importadores. Sin embargo, la orientación propatronal del gobierno opera como un impedimento para exigir la apertura de los libros de toda la cadena de valor, a fin de evaluar los costos reales. Por lo tanto, el oficialismo solo se limita a vociferar contra la concentración económica y lanzar medidas inocuas a través de la Secretaría de Comercio Interior.

Mención aparte merece el encarecimiento de los materiales para la construcción, los cuales treparon un 3,9% en noviembre, alcanzando un 60,8% en términos interanuales. Semejante disparada no hace más que vedar el acceso a la vivienda digna para millones de familias trabajadoras, coartando en muchos casos la posibilidad de construirse su casa a partir de «juntar el mango» o de realizar refacciones para mejorar las condiciones habitacionales. Este salto en los precios de los materiales de construcción deja en ridículo las modestas iniciativas gubernamentales en la materia, tales como los montos miserables contemplados en Mi Pieza o los microcréditos restrictivos del programa Casa Propia. En definitiva, los empresarios buscan con estos aumentos siderales cubrirse frente a una eventual devaluación de la moneda.

Es preciso señalar que la formación de precios por parte de las patronales está directamente asociada a los desequilibrios económicos que se desprenden de la política del gobierno, al servicio de la fuga de capitales y el pago de la deuda, lo cual está en la base de la brecha cambiaria actual y las presiones devaluatorias. Dentro de las políticas inflacionarias del oficialismo también podemos mencionar los sucesivos naftazos, el incremento previsto en los peajes para el mes de enero -del 26,4% en plena temporada de vacaciones- y la emisión monetaria destinada a solventar la «timba financiera» de las Leliqs y pases del Banco Central y los subsidios energéticos.

Como si fuera poco, el pacto en puertas con el FMI implicará tarifazos en los servicios públicos y una devaluación de la moneda, con lo que aumentará el costo de los bienes de importación, trasladándose al precio final. Esto, cuando el precio mayorista de productos importados ya registró en noviembre una suba del 3,4%. Así las cosas, la hoja de ruta del gobierno -compartida con la oposición patronal- abona a un escenario de hiperinflación en Argentina.

Por otra parte, Alberto Fernández defendió a capa y espada los topes a las paritarias, en acuerdo con los empresarios y las burocracias sindicales, así como también se encargó de fijar un aumento de indigencia para el salario mínimo y una paritaria de hambre en el caso de las trabajadoras de casas particulares. A su vez, estableció la nueva movilidad previsional que confisca mes a mes a los trabajadores jubilados, cuyo haber mínimo se halla en $29 mil. En definitiva, una gestión presidencial dedicada a hundir en la pobreza a la población trabajadora.

Frente a este cuadro, resulta necesario luchar por un salario mínimo igual a la canasta familiar, paritarias y jubilaciones indexadas a la inflación, jubilación mínima de $75 mil, trabajo bajo convenio para todos, prohibición de despidos y suspensiones y reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario. A su vez, para terminar con la formación de precios debemos abrir los libros de toda la cadena comercial en función de evaluar los costos reales y combatir la inflación por medio de una reorganización económica sobre nuevas bases sociales. Esto es: nacionalizar bajo control obrero la banca y el comercio exterior para terminar con la fuga de capitales y la huelga de inversiones, romper con el FMI y repudiar la deuda usuraria en pos de preservar el ahorro nacional y emplearlo en el desarrollo del país y en resolver las necesidades populares.

 

           

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