Políticas

20/1/1993|381

El “arraigo a garrotazos”

Del 3 al 6 de enero, unas 100 familias ocuparon los terrenos de una canchita de fútbol, con la intención de levantar viviendas. Se trata, en su gran mayoría, de familias que viven en la propia Villa 21 en condiciones de hacinamiento.


La respuesta del Estado fue violentísima. Patrulleros y carros de asalto rodearon el asentamiento y 30 jefes de familia fueron detenidos e incomunicados durante 48 horas. La junta Vecinal, cuyos dirigentes administran también la Mutual que cobra las cuotas del “Plan Arraigo”, se colocó desde el principio del lado de la represión. Desde la radio “comunitaria” difundieron una campaña contra los ocupantes, calificándolos de malvivientes y especuladores.


Numerosos testimonios de vecinos detenidos afirman que fueron esos mismos dirigentes los que hicieron la denuncia policial y exigieron el desalojo por la fuerza. El día 6, quinientos efectivos de la Guardia de Infantería y una dotación de bomberos, desalojaron violentamente a los ocupantes a gases y bastonazos, mientras la brigada de Investigaciones detenía a activistas del barrio.


El plan “desarraigo”


La ocupación revela que las necesidades imperiosas de los vecinos de las villas (hacinamiento, condiciones de higiene y salubridad, etc.) desbordan los tiempos del Plan Arraigo menemista. Este consiste en la promesa de la titularidad futura de terrenos a los que firmen un compromiso y paguen cuotas a organizaciones intermediarias (mutuales, cooperativas) que transitoriamente quedan a cargo de estas tierras.


El papel de “vigilante” jugado por la Vecinal-Mutual revela el grado de subordinación al oficialismo y al Estado por parte de los que aspiran a convertirse en patrones vitalicios del barrio mediante la intermediación entre los vecinos y los futuros contratistas e inmobiliarias que intervengan en la “urbanización”.


Un sector de los vecinos, particularmente los jóvenes, ha sacado la conclusión de que hay que organizarse y luchar. Por la solución inmediata a las familias hacinadas, cesión directa de las tierras a sus habitantes, que se inicie la urbanización y construcción de viviendas a cargo del Estado con un pago no mayor del 10% de los ingresos del jefe de familia. Las características de la urbanización deben ser debatidas y resueltas por la totalidad de los vecinos. También exigen que la Junta Vecinal rinda cuentas ante el barrio sobre su conducta durante los hechos y la investigación de las responsabilidades de la represión. Es necesario que se elija una Vecinal representantiva de los vecinos, independiente del Estado y los gobiernos de turno.