22/12/2020

El Arzobispo de Salta y funcionarios provinciales y municipales cobraron el ATP

Aunque formalmente no sería incompatible no deja de ser un robo.

Bettina Romero, Monseñor Mario Cargnello y Matías Cánepa

Luego del escándalo desatado por los concejales y funcionarios que cobraron el IFE, se conoció estos días que el mismísimo Monseñor Mario Cargnello, arzobispo de Salta, y varios funcionarios del gobierno de Sáenz y del de Bettina Romero en la ciudad de Salta, cobraron el subsidio del gobierno nacional, que pagaba una parte del salario de trabajadores de empresas afectadas por la pandemia.

El caso es de suma gravedad. Aunque formalmente no existirían incompatibilidades, no deja de ser una apropiación de recursos del estado. Refleja además la enorme discrecionalidad con que se distribuyó el ATP, que fue a parar a empresas muy grandes y que no interrumpieron su actividad ni un minuto, como empresas mineras por ejemplo.

Lo mismo ocurre con la Universidad Católica de Salta, beneficiaria de todo tipo de exenciones impositivas y subsidios estatales, que recibió esta nueva ayuda, y es donde la habría cobrado Cargnello como docente. El mismo caso es el del mismísimo ministro de educación de la provincia, Matías Cánepa. La UCASAL, a la vanguardia de la educación a distancia en el país, siguió cobrando las cuotas religiosamente, pero justifica el cobro de la ATP en una supuesta caída de su recaudación. Cargnello y Cánepa, se justifican en nombre de que la gestión la hizo la universidad. Pero ellos no son cualquier docente, y supieron siempre del cobro porque figuraba en sus recibos de sueldo, por lo tanto son cómplices de la universidad.

Otro caso que alcanzó enorme repercusión pública es la del joven y derechista diputado oficialista, Omar Exeni , quien la cobró a través de su propio negocio. Pesa además sobre el diputado, la denuncia de un empleado despedido, que señala que su despido se debió a su negativa a entregarle a Exeni la parte del salario pagada con el ATP. Corresponde que la cámara de diputados constituya una comisión investigadora del caso.

La empresa Aguas del Norte, de propiedad del estado salteño, también se anotó para el ATP, y se conoció que hasta su presidente Luis María García Salado lo habría cobrado, igual que el resto del directorio. García Salado justificó el asunto en nombre de las dificultades de cobro de la empresa en medio de la pandemia. Si fuera este el caso lo que hubiese correspondido es que el estado provincial establezca un fondo para completar el salario de los trabajadores.

Con estos casos de Salta se confirma que el estado nacional ha establecido este subsidio incluso para los puestos jerárquicos de las empresas, no solo para sus trabajadores. Hasta los gerentes de Techint, por dar un ejemplo, cobraron este subsidio.

Según lo que informan algunos medios, la mayoría de funcionarios, sean provinciales o municipales que lo cobraron, lo hicieron a partir de sus trabajos privados, de los cuales en su mayoría son los dueños, sean empresas, estudios jurídicos o consultoras. Aquí cabe la pregunta ¿cómo lo cobro el secretario de trabajo Alfredo Batule? ¿No es incompatible que un funcionario de este tipo tenga una actividad privada?

En el caso de la Universidad Católica, se sospecha que también lo habrían cobrado funcionarios del poder judicial que trabajan allí como docentes, la única actividad que tienen permitida por fuera de la justicia.

Hasta ahora el gobernador Sáenz, que hizo una enorme demagogia al inicio de la cuarentena congelando los salarios de los funcionarios en un intento además de hacerlo también con todos los empleados públicos, no ha dicho una sola palabra sobre el tema.

Lo que ha quedado en evidencia, no es solo la existencia de personajes inescrupulosos, que aprovecharon la volada para beneficiarse en medio de la pandemia. Quedó claro también, es que mientras el gobierno nacional retaceó y retacea la asistencia social para los millones de trabajadores desocupados o que han quedado sin poder trabajar en medio de la pandemia, utilizó los recursos del estado para un rescate a las patronales, incluidas las más grandes.

Sigamos la lucha por terminar con este régimen en completa descomposición.

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