El sábado 20, unos 1500 niños de Quimilí, Santiago del Estero, marcharon junto a sus familias por las calles de su pequeña ciudad exigiendo justicia por el aberrante crimen contra Marito Salto, de 11 años de edad.

El 31 de mayo, Marito salió en bicicleta y nunca se lo volvió a ver con vida. El 2 de junio, su cadáver apareció descuartizado. La autopsia indica que fue abusado sexualmente, torturado y descuartizado en vida. Tras dos intentos de asfixia, murió desangrado.

La familia denuncia que la policía no realizó prácticamente ningún tipo de búsqueda mientras Marito estuvo desaparecido; sólo fueron auxiliados por los Bomberos Voluntarios y la ciudadanía. Distintos testimonios ubican a móviles policiales a las horas y en los lugares donde habrían secuestrado a Marito, primero, y luego donde fue arrojada una parte de su cuerpo (una extremidad recién se habría encontrado varias horas después).

Las irregularidades son alarmantes: distintas cámaras de seguridad “pierden visibilidad” justo en momentos clave para las pericias. El día de aparición del cuerpo de Marito, Quimilí se quedó sin servicio de celular. La autopsia es deficitaria. La policía, que actuó con desidia a la hora de buscar al niño perdido, incapaz de realizar pericias criminológicas decentes, se dedicó sin embargo a perseguir e intimidar a la familia de la víctima.

La reacción del pueblo de Quimilí fue volcarse a las calles masivamente en una sucesión de marchas semanales. Más de 10 mil personas participaron en la primera marcha (Quimilí tiene 15 mil habitantes). Ante la evidente inacción policial, la movilización exigió y logró la destitución del jefe policial de la ciudad. Sin embargo, la orientación de la (no) investigación está dictada por las más altas esferas policiales, judiciales y del poder político.

Las hipótesis

Las hipótesis principales que manejan los allegados a la familia son dos: por un lado, la tía de Marito, Marta Salto, es docente y concejal del PJ (Quimilí es un municipio de 3^ra categoría). A contramano de la orientación del PJ, Marta fue dirigente de la lucha docente en su departamento, y llegó a encadenarse en la Catedral provincial, haciendo huelga de hambre durante 11 días. Unos 40 días antes del crimen de Marito, Marta fue amenazada por Facebook con “terminar en una zanja”. El crimen de Marito, entonces, podría constituir una represalia.

Otra hipótesis es la siguiente: en el crimen podrían haber participado conocidos personajes ligados al narcotráfico, quienes habrían cometido el homicidio en medio del consumo de distintas drogas. Quimilí, además de un núcleo sojero, se ha convertido en los últimos años en un nodo del narcotráfico internacional, junto con la cercana localidad de Añatuya, internacionalmente infame por el tráfico de niños en connivencia con el Obispado local. Toda la zona sirve como pista de aterrizaje para avionetas provenientes de Paraguay y Bolivia, debido a las características geográficas (amplia llanura con escasa densidad población), la conexión con rutas nacionales y, fundamentalmente, la complicidad política.

En cualquier caso, es clarísimo que el Estado provincial dirigido por el zamorismo está encubriendo y obstruyendo la investigación. Quieren llevar el caso a la impunidad total, como con Leyla y Patricia (el doble crimen que terminó con el gobierno de Juárez), Raúl Domínguez (trabajador de Rentas descuartizado por denunciar una mafia que robaba al Estado), Tino Farías (trabajador víctima de gatillo fácil), Ezequiel Melián (joven asesinado por la policía) y tantos otros.

Por una movilización provincial por los derechos y libertades

El poder judicial santiagueño, la policía y toda la estructura estatal están controlados de manera despótica por la camarilla zamorista. La persecución por motivos políticos, el espionaje, la violación de todo tipo de derechos y libertades democráticas están al orden del día.

Un sector de la ciudadanía depositaba esperanzas en que el macrismo “limpiaría” al Estado santiagueño, pero esas expectativas se han visto contrariadas: Zamora y Macri han tejido un acuerdo; a cambio de los votos del zamorismo en el Senado, Macri respalda al gobierno provincial. Así, Santiago es la quinta provincia que más fondos recibe para obras públicas y el Ministro del Interior, Rogelio Frigerio, salió a decir que Santiago es un ejemplo de administración (a pesar de las numerosas y escandalosas denuncias por corrupción); el ministro de Educación, Esteban Bullrich, salió a respaldar a la gobernadora contra los docentes durante la histórica huelga de dos meses y el radical macrista, Ricardo Gil Lavedra, es abogado defensor de Zamora en la causa por Sueños Compartidos.

Por su parte, los “resistentes con aguante” del kirchnerismo están ausentes de las luchas, porque se han integrado al zamorismo. Los funcionarios K de derechos humanos se borraron durante la represión a los docentes el semestre pasado y, ahora, actuaron ofreciendo prebendas materiales a la madre de Marito para que no concurriera a la última movilización (algo similar habían hecho con otros casos de impunidad).

La lucha por los derechos y libertades en Santiago está en manos de los trabajadores y el pueblo, con total independencia de las opciones políticas del régimen (sean del oficialismo local o nacional). Impulsemos una gran movilización provincial por los derechos y libertades democráticas en nuestra provincia. Familiares de Marito Salto ya han manifestado su apoyo a esta iniciativa.