Hay en curso una verdadera campaña de ataques al movimiento piquetero, es decir a quienes hoy en Argentina están organizando una lucha masiva de las familias trabajadoras contra el hambre y la desocupación cuando se dispara la inflación y crece la pobreza. En este contexto han emprendido en redes sociales y medios de comunicación una difamación del principal referente de esta pelea, Eduardo “Chiquito” Belliboni, dirigente del Polo Obrero, por haber estado nombrado como asesor en la Legislatura porteña de la banca del Partido Obrero en el Frente de Izquierda. Lo que se quiere presentar como un acto de corruptela no solo es perfectamente admisible, sino que confirma que el único bloque que se distingue de la “casta política” es la izquierda, y por eso puede volcarse sin tapujos a la defensa de los reclamos de los más necesitados.

Belliboni estuvo contratado por el bloque del PO-FIT como asesor parlamentario hasta marzo, cobrando nominalmente un sueldo inferior a los $70.000 (una cifra que maliciosamente varias versiones debieron duplicar, ya que a todas luces no desentona con los salarios promedio del país), que ni siquiera percibía en beneficio propio sino que donaba. Con ello pretendían insistir sobre la idea de que quienes están a la cabeza de organizar el plan de lucha de la Unidad Piquetera son equiparables a los punteros políticos, y que acciones como el imponente acampe de 48 horas en la 9 de Julio responden pura y exclusivamente a intereses políticos particulares.

Lo que sale a relucir es la miseria de los partidos que nos gobiernan, y de los supuestos “libertarios” que se postulan para hacerlo. Es perfectamente reivindicable que quienes se desempeñen como asesores legislativos sean militantes políticos, porque detrás de todo tecnicismo legal lo que se cocina en los parlamentos es estrictamente político. Las bancas del Partido Obrero se nutren de los compañeros más destacados que intervienen en la lucha cotidiana de cada ámbito de la vida social, y Belliboni aportaba al trabajo del legislador Gabriel Solano en la Comisión de Vivienda y Déficit Habitacional -uno de los ejes de reclamo del movimiento piquetero.

“Nuestros asesores están en la calle, no en la oficina tomando café o frente a una computadora”, declaró Solano consultado por Clarín, y agregó que lo hizo “hasta que sus tareas se lo permitieron. Yo quería que siga”. El dirigente piquetero destacó además desde su cuenta de Twitter que su sueldo de asesor era donado íntegramente mes a mes a la organización, que los destina precisamente al apoyo de los comedores barriales y las luchas obreras (las cuales se libran en aislamiento porque la burocracia que conduce los sindicatos les da la espalda, como sucede con los metalúrgicos de Gri Calviño, los tercerizados de Edesur, los empleados de Garbarino o de La Nirva). Los ingresos de que vive siguen siendo los de su trabajo como electricista.

Todo lo dicho para los colaboradores vale en primer lugar para los propios legisladores. Es el caso de Romina Del Plá y Amanda Martín, luchadoras docentes de referencia que combaten a diario el ajuste en sus lugares de trabajo y por eso ocupan posiciones destacadas dentro del sindicalismo combativo y antiburocrático de la docencia. Igualmente también donan enteramente su dieta con los mismos fines. Esto, sumado a la gestión colectiva de las bancas y la rotación acordada para dar representación a todos los partidos del FIT-U, es un contraste categórico con la mentada “casta política”.

Es un abismo de clase no solo con quienes se enriquecen a costa de los fondos que brindan legislaturas y el Congreso, sino también de los que posan de “libertarios” como el legislador porteño Rodrigo Marra pero destinan su sueldo a la especulación bursátil con acciones de las mayores empresas del país que subsisten a base de subsidios públicos multimillonarios. Se comprende por qué dedican su actividad a una ofensiva contra las luchas populares, inclusive buscando pasar todos los programas sociales a los municipios para ponerlos bajo regimentación de los barones del conurbano que expresan lo peor de la “casta política”.

Los ataques al movimiento piquetero, que incluyen la persecución judicial como ocurre en Jujuy, pretenden golpear a los que hoy están a la vanguardia de la lucha contra el camino de ajuste y entrega pautado con el FMI, que todos reconocen como desastroso para el país. El temor que aqueja desde los Zabaleta hasta los Milei es que la conflictividad social siga en ascenso, a la luz que descuentan que seguirá profundizándose la pauperización de millones de familias trabajadoras. Los aterra justamente la independencia política y el método asambleario del frente único que practica la Unidad Piquetera, y que “Chiquito” Belliboni encarna como dirigente. Les asusta, más que nada, que la cabeza visible de semejante movimiento de masas postule abiertamente la organización política de los trabajadores por su propio gobierno.